Qué ha hecho mal Pilar Alegría para tener que retrasar su modelo 'blando' de EBAU

Tras el aluvión de críticas que ha recibido el proyecto de la nueva EBAU, el Ministerio de Educación no ha tenido otra opción que recular y quitar peso a la polémica «ley de madurez» que aunaba asignaturas humanísticas –Lengua Extranjera, Lengua Castellana, Lengua Cooficial, Historia e Historia de la Filosofía–, con la finalidad de que los estudiantes realizasen una prueba en común de 25 preguntas, algunas de tipo test, otras de rellenar huecos y otras de escribir no excediéndose de 150 palabras.

El retroceso de Educación se ha producido después de la oleada de críticas que ha recibido el Ministerio por parte de profesores, lingüistas, filósofos, escritores, historiadores y catedráticos, entre otros, por reducir los contenidos de cinco materias en unas prueba que demuestran las habilidades de los estudiantes.

La RAE fue una de las primeras instituciones culturales que analizó con detenimiento la propuesta del departamento de Alegría, que se pretendía implantar ya desde el próximo curso 2023/2024 de manera progresiva hasta convertirla en definitiva en el 2026/2027. Tras la lectura de la novedosa Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, varios académicos alzaron la voz y denunciaron que «reduce considerablemente los contenidos de Lengua y Literatura que los estudiantes deben dominar». Además, advirtió de «insuficiencias», puesto que es una prueba que exige 27 veces menos que la ley actual.

Una única prueba es sinónimo de carencias, ya que, según han comentado algunos expertos lingüísticos, elimina o disminuye ciertas habilidades necesarias, como son la comprensión lectora, la reflexión y el análisis de textos literarios. Además, en un comunicado, la RAE advirtió de «insuficiencias», puesto que es una prueba que exige 27 veces menos que la ley actual y que contaría un 75 % de la nota de acceso a la universidad.

La RAE no es la única disconforme con la decisión de Alegría, ya retrasada hasta el curso 2027/2028. Los coordinadores de la Lengua castellana de diez comunidades autónomas reunieron más de 3.000 firmas para tratar de frenar la prueba, ya que también consideran que rebaja los conocimientos de los estudiantes y diluye el castellano. El Instituto de Estudios Catalanes (IEC) también mostró su disconformidad, puesto que el proyecto no «garantiza la lingüística» castellana, catalana ni la extranjera.

Lo cierto es que el Ministerio de Educación quiere crear una prueba que acarrea un menor rendimiento en las aulas españolas. Cada vez que la OCDE publica el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) los resultados de los alumnos españoles dejan mucho que desear en cuanto al rendimiento.

También alzó la voz la Asociación de Escritores, que creen que el modelo creará «españoles ignorantes de sus brillantes tradiciones literarias», además de ser, según aclararon, «un ataque a la escuela pública» y a la «futura libertad» de los estudiantes, especialmente de los que provienen de familias menos favorecidas, ya que son los que progresan por ganas de aprender y superarse.

La última institución que puso el grito en el cielo fue la Real Academia de Historia, que acusó al ministerio de una «sobrerrepresentación de contenidos políticos» que se orientan a una «agenda política coyuntural y cambiante».