La reforma de la EBAU, a punto de naufragar sin haber salido del puerto

La reforma de la EBAU ha abierto un nuevo frente en el mundo educativo por una propuesta que ha provocado multitud de críticas del sector por la falta de consenso. Varias comunidades se han levantado de la mesa de negociaciones y este martes la Sectorial de Educación aprobará el aplazamiento en su aplicación, al menos, un año. Pintan bastos para un proyecto que tiene pocos visos de prosperar.

Fuentes del Ministerio de Educación han asegurado que este aplazamiento responde a la necesidad de alcanzar «el mayor consenso posible», pero lo cierto es que el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo en escuchar las propuestas de buena parte del sector y de la oposición, que lleva años pidiendo una prueba única para toda España.

Fue significativo que los consejeros de Educación populares se enteraran por la prensa, como revelaron fuentes de la Comunidad de Madrid a El Debate. Educación envió la propuesta de modificación de la EBAU apenas media hora antes de la reunión del Ministerio con las CC.AA., cuando el diario El País ya había publicado un resumen del documento.

Con lo que no contaba la cartera de Pilar Alegría es que el texto levantaría tantos recelos en la propia comunidad educativa, marginada desde que al comienzo de la legislatura se tramitara la ley Celaá en un contexto de confinamientos consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El proyecto abogaba por un modelo transitorio que se comenzaría a implantar el próximo año para hacerse definitivo en el curso 26/27 con un examen sobre la materia de modalidad escogida y una ambigua prueba de madurez académica que representaría el 75 % de la nota global.

La RAE advirtió de las «insuficiencias» del nuevo modelo de Educación. «Reduce considerablemente los contenidos de Lengua y Literatura que los estudiantes deben dominar». Esta institución, además, alertaba que el documento fue elaborado «sin contar con la opinión de los profesores de Bachillerato y sin consultar tampoco con los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad».

La Asociación de Escritores con la Historia también criticó a un texto que fomentará la creación de «españoles ignorantes de sus brillantes tradiciones literarias», mientras que la Red Española de Filosofía –que integra a los decanatos de estas facultades– señaló «el grado de opacidad con que se está elaborando la nueva prueba».

Un modelo que genera desigualdades

Lo cierto es que, detrás de este conflicto, se encuentra la incapacidad del Ejecutivo para corregir las desigualdades que está provocando el distrito único universitario en un sistema de competencias transferidas y agravado por la pandemia. Existen 17 pruebas de selectividad distintas que se rigen bajo los criterios de cada autonomía, pero los alumnos tienen libertad para elegir el centro que quieran de acuerdo a sus notas de acceso, lo que provoca importantes desigualdades por las diferencias de nivel. Con una nueva reforma educativa que no premia el esfuerzo individual, estas divergencias regionales serán flagrantes.

Por eso, las comunidades gobernadas por el PP pidieron una prueba única para todo el territorio, algo que buena parte del sector comparte desde hace tiempo pero que colocaría al Gobierno en un brete frente a sus socios nacionalistas por lo que ha asegurado que seguirá buscando «una prueba equivalente en todos los territorios» y, a su vez, «respetuosa» a nivel competencial.

Entre los populares, incluso, no hay un acuerdo total. Madrid y Castilla y León son partidarias de romper cualquier negociación con el Gobierno mientras no se hable de prueba única, mientras que Murcia, Galicia y Andalucía están de acuerdo con el retraso que se aprueba este martes. En cualquier caso, ninguna de estas comunidades participará en las reuniones sectoriales hasta que se presente un modelo que «garantice la igualdad de oportunidades». El resto de comunidades, por su parte, ve con buenos ojos postergar su aplicación tras las críticas vertidas este año por la precipitación en la implantación de los currículos de la ley Celaá. A punto de entrar en un año de elecciones generales, este retraso puede ser letal.