El estreno de la ley Celaá levanta un runrún de huelga entre el profesorado

Los docentes llevaban meses advirtiendo de los problemas que conllevaría la implantación de la ley Celaá este curso, pero el enroque de Educación impidió cualquier aplazamiento. El balance del primer trimestre no puede ser peor, con centros sobrepasados y profesores preocupados por un nuevo sistema de evaluación que ni siquiera se ha aprobado en muchas comunidades. El Ministerio no parece darse por aludido y se empieza a despertar un runrún entre los docentes, que no descartan la huelga.

La tramitación de la LOMLOE fue totalmente esquizofrénica. En plena pandemia, con confinamientos de por medio, el Gobierno se valió de la tramitación de urgencia para evitar la participación de la comunidad educativa. A pesar de entrar en vigor el 19 de enero de 2021, el real decreto que establece los criterios de evaluación se publicó a final del año y los currículos que desarrollan las enseñanzas mínimas no aparecieron hasta bien entrado el año 2022. Esto provocó un importante atasco en la redacción de las normas autonómicas –las comunidades deben pasar sus reglamentos por los órganos consultivos– que coincidieron con el comienzo del curso.

En esta tesitura, los profesores se encontraron a la vuelta de las vacaciones con un modelo competencial desconocido, con una programación de contenidos totalmente distinta y un método de evaluación que permite la promoción con suspensos. Todo ello sin tiempo para prepararse ni capacidad para organizar una formación adecuada. El resultado, como era de esperar, ha sido nefasto.

Ahora los docentes se sienten superados y han trasladado a los representantes de los trabajadores su hartazgo. CSIF, uno de los sindicatos más representativos de la administración pública y que está ganando bastante terreno en el sector educativo, ha registrado centenares de quejas de los profesores.

Rechazo sin precedentes

La mayor parte de estas quejas están relacionadas con la tardanza en la publicación del reglamento, la sobrecarga curricular y la imposición de contenidos. También denuncian que el modelo atenta contra la libertad de cátedra y que la imposición de plazos está generando tensiones en los centros por la carga de trabajo burocrático. Varios centros han realizado incluso recogida de firmas para pedir la paralización de la ley.

«Estamos percibiendo un rechazo a la ley orgánica sin precedentes. No se ha consultado para nada al profesorado, que es el verdadero experto de la Educación», señala Mario Gutiérrez, responsable educativo de CSIF. «Las administraciones no han estado a la altura, han llegado tarde y exigen al profesorado unos plazos que ellos mismos no han cumplido», añade.

Este sindicato ha exigido al Ministerio una reunión extraordinaria para analizar la situación y, en caso de no ser escuchados, no descartan movilizaciones e incluso ir a la huelga. Visto el diálogo mostrado por Educación durante la tramitación de la ley, será complicado que lleguen a un acuerdo.