El malestar docente

Una de las evidencias empíricas prácticamente unánimes en la literatura pedagógica es que el profesorado es un factor esencial en el éxito escolar. El famoso Informe McKynsey («Como hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos»), lo dejó muy claro en esta lapidaria conclusión: «La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes».

Otro informe significativo, el TALIS (Teaching and Learning International Survey), incide en la misma conclusión, añadiendo datos precisos sobre el grado de motivación de los profesores. España ha participado en el último estudio (2018, últimos datos publicados en 2020). Es interesante resaltar el alto porcentaje de profesorado español de enseñanza secundaria que muestra haber sufrido estrés en su trabajo, sobre todo por las dificultades de controlar el aula (mientras el 85 % de media en los países de la OCDE reconoce no tener problemas de control, en España este porcentaje es sólo de 31,79 %). Este informe recoge también un dato interesante: el impacto de los cambios constantes en las políticas educativas. TALIS concluye que «las tareas adicionales generadas para estas responsabilidades pueden provocar una presión laboral adicional sobre el profesorado y pueden afectar negativamente el sentido de bienestar profesional de los docentes» (Informe TALIS 2018, vol. II, pág. 159).

Eso es exactamente lo que está ocurriendo en las aulas españolas y generando un profundo malestar entre el profesorado, probablemente el mayor desde la aprobación de la LOGSE (1990). Este curso se está aplicando a marchas forzadas la enésima ley educativa: la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE. Una ley que, lejos de limitarse a unas concretas modificaciones de la ley anterior (LOMCE), vuelve a poner de patas arriba el sistema educativo, por varias razones.

Este curso se ha introducido a prisa y corriendo un nuevo currículum, extraordinariamente prolijo, intervencionista y hasta adoctrinador. Todo él empapado de una filosofía pedagógica llena de palabrería vana y hasta contradictoria, aplicando una concepción reduccionista de las llamadas «competencias», porque relega los conocimientos en favor de destrezas y actitudes, difíciles de evaluar y fáciles de aprobar, aunque el alumno no sepa nada. El profesorado se ha visto abocado a introducir en sus programaciones la jerga pedagógica impuesta en la ley, aunque sea bien consciente de que, en realidad, se trata de una verdadera estafa. Para que todo salga bien, se exige al profesorado la correspondiente «formación», o sea, ser adoctrinado en la verborrea de la «nueva pedagogía», a través de cursos, eso sí, impartidos por aparentes «expertos» que, por supuesto, se dedican solo a eso, abandonando el aula.

Se obliga por ley al profesorado a introducir determinadas metodologías pedagógicas, algo realmente inusitado. Es como si la ley de Sanidad obligara a los cirujanos a utilizar la braquiterapia, el láser, u otra terapia. Eso queda al criterio del médico. La Ley obliga a enseñar por «proyectos», metodología sin ninguna base científica y que ha mostrado, incluso, su ineficiencia en los resultados de las escuelas catalanas que lo adoptaron hace ya unos años dentro del programa «Escuela Nueva 21», financiado generosamente por «La Caixa».

Un factor de calidad de la enseñanza secundaria española es el profesorado especialista en la materia que imparte. La LOMLOE ha destruido este puntal del sistema. La ley permite en los tres primeros cursos de la ESO agrupar las materias en «ámbitos». Así, un profesor especialista en Lengua Española es obligado a enseñar Historia, otro de Biología a impartir Matemáticas, etc. El profesorado se encuentra obligado a impartir materias para las que no está preparado. ¿Admitiría la ley agrupar por «ámbitos» las especialidades médicas? Por ejemplo, ¿que un otorrino ejerciera también de dentista? Al fin y al cabo, la garganta, la nariz, el oído y los dientes están muy cerca.

De todos modos, para aprobar a todos, quizás no hace falta mucho profesorado especialista ni clases en donde se transmitan conocimientos. Toda la LOMLOE está orientada a un fin: anular el llamado «fracaso escolar», mediante un monumental engaño: reducir las exigencias académicas, pasar de curso sin tener los conocimientos consolidados, obtener el título con materias suspendidas… Ninguna ley anterior había llegado tan lejos. Para ello despoja al profesorado de su autoridad académica: suspender se convierte en una excepción y el docente que no apruebe a la gran mayoría de sus alumnos se va a ver sometido a fuertes presiones.

La LOMLOE desconfía del profesorado que no sea adicto al régimen pedagógico impuesto. Para ello, la ley introduce mecanismos de control y presión antes nunca vistos. Quizás hay que remontarse mucho (antes incluso de la ley de 1970) para encontrar un intrusismo de la administración tan descarado. Así, por ejemplo (art. 151), se atribuye a la inspección la función de «Evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen». Los inspectores podrán asistir a cualquier reunión de profesores del centro (art- 153). Seguramente a muchos les repelen estas funciones, aunque pueden ser obligados a hacer de verdaderos comisarios pedagógicos, muy a su pesar.

Y lo más peligroso es la disposición adicional 48 de la LOMLOE: cualquier profesor de la enseñanza pública puede ser removido de su puesto de trabajo por una notoria «falta de rendimiento». Por supuesto cualquier funcionario docente puede ser objeto de un expediente disciplinario por haber incurrido en alguna falta. Pero el alcance de esta disposición oculta algo más: aquel docente no adicto al régimen pedagógico impuesto por la ley, crítico con los «ámbitos» o los «proyectos», ya sabe a que atenerse.

En el ámbito de la enseñanza pública ha desaparecido un factor fundamental de la calidad: la promoción profesional Uno de los cuerpos docentes más prestigiosos de España es el de catedráticos de Instituto. La LOGSE lo devaluó a un simple mérito, pero el Partido Popular lo recuperó con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), prometiendo que iba impulsar esta carrera docente. Pero, lamentablemente, esta vía de promoción no se está utilizando. Hay comunidades autónomas que hace más de 20 años que no permiten a sus docentes acceder a esta promoción, entre ellas Andalucía o Murcia (desde hace 12) a pesar de gobernar el PP y haber sido este partido el que, en su momento, defendió esta promoción.

Una vez más, el informe McKynsey da la pauta: los mejores sistemas reclutan para la docencia a licenciados universitarios con un currículum excelente. ¿Cómo lo vamos a hacer si no ofrecemos una carrera profesional atractiva? Esa carrera docente ha existido en España desde hace más de 100 años y ha sido un factor de atracción de buenos graduados. Pero un sistema que desde que inicias tu carrera hasta que te jubilas no ofrece una promoción verdaderamente profesional que reconozca el trabajo y los méritos acumulados jamás será atractivo.

El malestar del profesorado se entiende perfectamente: está sometido a los vaivenes de las modas docentes, se diluye su especialidad, se cercena su libertad de cátedra, se ve presionado para aprobar a quien no se lo merece y, además, se le priva de cualquier posibilidad de mejorar su estatus. Y lo más grave: la gran mayoría del profesorado es consciente que su función ya no es trasmitir conocimientos, sino entretener al alumnado.

• Felipe José de Vicente Algueró es vicepresidente de la Fundación Episteme