El Gobierno ha doblado el gasto millonario en becas sin que España remonte posiciones en educación

Hay una regla matemática sencilla cuyo resultado no acaba de cuadrar en Moncloa. El Gobierno ha multiplicado el gasto público en becas, con un montante de más de 7.000 millones de euros durante los últimos tres años.

Una inversión extraordinaria –presentada por Sánchez en un mitin como la «mayor partida en becas de la historia de nuestra democracia»– que, si bien opta a conseguir el objetivo político, el de captar el voto de los agraciados, no funciona para el fin educativo. No hay remontada.

Siete mil millones en solo tres años

El Gobierno socialista ha dedicado más de 7.000 millones de euros en partidas de becas a estudiantes en los tres últimos ejercicios. Los de Pedro Sánchez destinaron el año pasado un total de 2.534 millones de euros a este tipo de ayudas, tras incrementarse la partida de 2.134 millones de euros de 2022 en 400 millones para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, lo que supuso 14 millones más que los 2.520 millones de euros para estas ayudas aprobados este martes por el Consejo de Ministros.

Así, aunque el Ejecutivo ha calificado de «cifra récord» la partida destinada a becas en 2023, el año pasado la cuantía total destinada finalmente a estas ayudas fue todavía superior.

Y es que Moncloa aprobó el verano pasado el real decreto de medidas de sostenibilidad económica que incluía una ayuda complementaria mensual de 100 euros que recibirían los beneficiarios de becas durante cuatro meses: septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para financiar esta ayuda, la coalición destinó un extra de 400 millones de euros.

De 315 a 634 euros por alumno

Indisimuladamente, ese refuerzo de lo que los socialistas han llamado estado del bienestar, que alcanza a la educación, será la bandera que enarbolen de cara a las elecciones autonómicas y municipales que están a la vuelta de la esquina.

En el mitin de Zaragoza, Sánchez se congratuló de que esta nueva partida suponía casi millones más que la dedicada por los gobiernos del PP, recalcando que el último Presupuesto del Gobierno de Mariano Rajoy fue de 1.574 millones (2018).

Para contextualizar la magnitud de la inversión, hay que buscar unas declaraciones de Pilar Alegría a finales de noviembre durante el debate presupuestario en el Congreso: «En 2018 el Ministerio de Educación invirtió 315 euros por alumno. En 2023, este mismo ministerio invertirá 634 euros por alumno. Más del doble», resaltó la ministra de Educación y Formación Profesional.

Sin resultados

Los indicadores internacionales arrojan una imagen de la educación española que refleja, de un modo consistente en la última década, un estancamiento en la mediocridad preocupante. Los países del entorno mejoran y logran la convergencia europea. Sin embargo, el llamado Monitor de la Estrategia ET2020, un instrumento de seguimiento de la Comisión Europea sobre los avances producidos en los países de la Unión, España no remonta.

Las leyes educativas aprobadas, la LOMLOE en el departamento de Pilar Alegría –y antes de Isabel Celaá– y la LOSU en el del tándem Subirats-Castells, han dado prioridad a los compromisos con los socios de la legislatura en el plano ideológico y no han preparado mejor a las nuevas generaciones ante un futuro incierto. Son ya cuatro leyes el que ha soportado el sistema educativo en los dos últimos decenios de clara vocación destructiva, a la espera que el nuevo Gobierno de turno tumbe la del anterior.

Mientras, el gasto en educación universitaria de España está a la cola de la UE, la universidad es más noticia por los diferentes escraches que en los campus se ejecutan a representantes públicos como Isabel Díaz Ayuso que por acometer sus problemas de financiación.

Por ejemplo, el gasto español por alumno universitario fue de 13.800 dólares, un 18,8 % inferior a la media de los países de este organismo. O dicho en otros términos, una inversión del 1,26 % del Producto Interior Bruto (PIB) total español frente al promedio del 1,43 % de toda la OCDE.

Aunque el PIB se incrementó, entre el periodo 2012-2018 un 12,8 %, el gasto público en educación apenas aumentó un 1 %. Para ahondar en esta infrafinanciación, los fondos destinados a las instituciones educativas superiores cayeron un 20 % entre 2008 y 2020. Ese descenso en nuestro país fue el tercero más elevado de la zona, fenómeno que no se observó en estados como Francia o Alemania.