El drama que la Ley de Universidades no resolverá: España y su tasa de parados entre graduados superiores

La tercera reforma universitaria de la democracia, que ha quedado aprobada en el Pleno del Congreso de este 9 de marzo, fue consecuencia de las exigencias de Bruselas para recibir los fondos de recuperación europeos, con el objetivo de revitalizar el sistema universitario.

Fruto de ello nació la LOSU, que esbozó el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, y que ha finalizado su sustituto, Joan Subirats. Y es que en Europa a nadie se le escapa la escandalosa tasa de paro entre los graduados españoles. España cosecha unos números llamativos: un 8,6 % de desempleo entre los que acabaron la carrera de 25 a 64 años, con una inversión pública de 14.237 dólares por alumno. Dentro de la UE, solo nos supera en cuanto a desempleo de aquellos que pasaron por la universidad (tasa de 10,6 %) pero dedicando tan solo 4.192 dólares por alumno.

La nueva norma nace, tras las enmiendas y vetos de los partidos, muy ideologizada –el ministro Subirats insistió que entre sus bondades, era bueno que estos centros «sigan siendo fundamentales para preservar el pluralismo»– pero ha cedido en lo que debía ser la madre de todas las batallas: la infra-financiación de las universidades.

Que paguen las comunidades

La LOSU inicial pretendía ver la luz con el objetivo de dedicar al sistema universitario un gasto mínimo del 1 % del PIB, una línea de trabajo ya acordada en la LOMLOE, que proyecta un mínimo del 5 % del Producto Interior Bruto para toda la Educación o un 1,25 % que plantea Ley de Ciencia.

Pero tras las enmiendas y los vetos, la ley ha quedado en un quiero y no puedo. Los rectores del Grupo 9 de Universidades –Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Navarra y Zaragoza– la han tachado «de proyecto descafeinado», y es que solo hay buenas palabras para incrementar la financiación, pero ningún tipo de compromiso escrito. Como decía el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, es una manera de avisarnos de que no habrá más financiación.

Fueron los propios presidentes autonómicos quienes alzaron la voz ante las intenciones iniciales del Ministerio de Universidades. «Tendríamos que afrontar cada año más de 12 millones de euros para cumplir con la ley a pesar de que ya hemos doblado la financiación y congelado los precios, algo muy injusto», llegó a decir el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que dijo que si esto sucedía tal y como se había planeado lo único que se conseguiría es «cargar de deudas a las comunidades autónomas».

Lo que sí ha conseguido la ley es el tope de las tasas universitarias, sea cual sea el contexto político y socioeconómico. Es decir, que el Gobierno pensó en que las regiones invirtieran más en universidades pero sin poder subir las matrículas, lo que provocó la rebelión autonómica.

Como la financiación final no será obligada, sino solo sugerida, la LOSU ha podido salir adelante estableciendo medidas como que las comunidades autónomas puedan fijar el precio de las tasas «siguiendo el principio general de contener o bajar los precios progresivamente. Es decir, los precios públicos solo podrán reducirse o mantenerse, nunca subir». Así, el Ejecutivo puede decir que la norma sigue su política social de acudir en auxilio de los ciudadanos en época de crisis.

Presiones ideológicas

Por desgracia, la LOSU no protege a la Educación de las presiones ideológicas de los partidos. Las formaciones nacionalistas, casi todas ellas aliadas a nivel parlamentario del Gobierno socialista, han apostado porque la norma ha aceptado enmiendas de ERC, PNV y Bildu para dar más dinero a los campus que den clase en las lenguas cooficiales.

La comunidad educativa lamenta que su reforma «sirva de moneda de cambio» para que los nacionalistas apoyen con sus votos al Ejecutivo.

Además, deslizan, el texto final no pone el marco adecuado para la modernización universitaria –tan solo se ha hablado, ambiguamente, de su internacionalización, pero sin concretar cómo y con qué fondos–, no dedica una sola línea a cómo serán los centros más competitivos y no específica como el alumnado podrá salir victorioso en un mercado laboral tan turbulento como universal.