La lucha contra la ley Celaá sigue: la concertada intentará minimizar sus efectos negativos

El Gobierno acaba de asegurarse una mayoría progresista en la composición del Tribunal Constitucional que anticipa la resolución inmediata de los recursos presentados contra sus principales leyes cuya constitucionalidad quedará avalada por el alto tribunal.

Una de estas leyes va a ser la conocida como ley Celaá (LOMLOE) que fue aprobada sin la participación de la comunidad educativa y el rechazo de una parte muy importante de la misma.

De esta manera, el sindicato independiente FSIE, mayoritario de la enseñanza concertada en España, va a esperar a conocer el contenido de la sentencia, sus fundamentos de derecho y los posibles votos particulares que pueden emitir algunos magistrados que puedan discrepar del contenido del texto definitivo que apruebe el Tribunal.

Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, aclara: «En cualquier caso, FSIE acatará la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional sin perjuicio de que seguirá manteniendo su discrepancia con algunas cuestiones de la Ley sobre las que ya nos pronunciamos en su momento porque perjudican al sistema educativo y limitan las libertades de los ciudadanos».

El sindicato explica que algunas de estas cuestiones son:

• Asignar un papel subsidiario a la enseñanza concertada, anteponer los intereses de las administraciones públicas en la planificación de la oferta educativa por encima del derecho a elegir de los padres el centro y tipo de educación que consideren más adecuado para sus hijos.
• Considerar a la educación especial como no inclusiva y programar su desaparición progresiva sin tener en cuenta la opinión de las familias.
• No introducir mejoras para los profesionales (docentes, personal complementario y personal de administración y servicios) de los centros concertados.
• Mantener el déficit económico de la enseñanza concertada con una financiación exigua muy alejada del coste real del puesto escolar.
• Excluir el modelo de educación diferenciada de la financiación en contra de la normativa internacional existente y limitando la pluralidad del sistema.
• No incrementar las plantillas de los centros pretendiendo implantar un nuevo sistema educativo que exige mayores dosis de individualización y una enorme carga burocrática para los trabajadores.

Pueyo añade que «lo previsto es» que el TC interprete favorablemente la Ley respaldando la política del Gobierno es lo previsto en las circunstancias actuales. No obstante, FSIE va a seguir trabajando para minimizar el impacto de esta Ley en las autonomías, así como para que se modifique o se apruebe una nueva norma que revierta estos efectos negativos de la LOMLOE».