Protocolos trans permiten a los menores modificar su nombre sin permiso paterno ni trámite registral
Educación
Varias regiones obligan a los colegios a denunciar a los padres que se nieguen al cambio de sexo de sus hijos
Casi todos los protocolos autonómicos que están en vigor permiten a los directores de colegios e institutos acudir a los servicios sociales cuando se encuentren con la oposición de los progenitores
En el sistema educativo español existen actualmente 13 protocolos educativos derivados de leyes LGTBI o trans que han sido aprobados por las comunidades autónomas que «amparan y priorizan la identidad de género».
Los protocolos educativos son las guías o instrucciones dirigidas a los centros de enseñanza sobre los procesos de actuación que deben llevarse a cabo con el alumnado.
Según un informe de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que los analiza, los directores de colegio e institutos son invitados a denunciar ante los servicios sociales a aquellos padres que nieguen a sus hijos un cambio de sexo.
Hablamos, en mayor o menor medida, y con sus respectivos matices, de los casos de Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia, Andalucía, Baleares, Aragón, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. Estos 13 protocolos –a los que hay que añadir una circular con instrucciones emitida ya por Extremadura–recogen de alguna forma la posibilidad de no cambiar de identidad en el Registro Civil para que las notas, listas de clase o el carné de la biblioteca se ajusten al nombre elegido y al sexo con el que se siente identificado el alumno.
En Madrid se contempla que si los padres se niegan a esta situación, y siempre y cuando dicha negativa «pueda causar un grave perjuicio al menor», deberá «notificarse a los servicios competentes en materia de protección a la infancia». El Gobierno madrileño ha puntualizado al diario El Mundo que este protocolo será revisado.
Usar en clase el nombre elegido por el alumno
Según esta fuente, el 92 % de los protocolos educativos citados permiten «que cualquier miembro de la comunidad educativa solicite al centro la puesta en marcha de las medidas oportunas incluso cuando el alumno aún no se ha identificado como 'trans'». En otras palabras, casi todas estas comunidades permiten que se inicie, a cualquier edad, el cambio de nombre en la documentación del centro y usar el nombre elegido por el alumno o alumna a iniciativa del centro sin contar con la familia del menor.
Todos los protocolos analizados permiten al alumnado autodiagnosticado como trans usar los baños, vestuarios y otros espacios separados por sexo «según su género sentido». Solo haría falta manifestarlo.
El 31 % promueve el establecimiento de baños y vestuarios mixtos para toda la comunidad educativa, según se recogen en los protocolos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Melilla.
Emanan de las leyes LGTBI y trans
La plataforma feminista alerta que en la mayoría de las regiones «estos protocolos emanan de las leyes LGTBI-trans, pero en algunas se han emitido sin el apoyo de esa legislación específica». Es el caso, denuncian, de Castilla y León o Melilla. Además, hay otras dos, que son Murcia y Cantabria, que «si bien no tienen un protocolo educativo específico sobre actuaciones con el alumnado autodiagnosticado como 'trans', sí tienen protocolos de prevención de la transfobia».
El trabajo asegura que un 46 % de estos protocolos validan conceptos acientíficos, recordando que términos como «no binarios», «género fluido» y otros están en los protocolos de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Melilla.
Además, el 100 % usa una terminología sin base científica. Por ejemplo, Baleares habla de que «hay que hacer patente que no todo el alumnado que necesita acompañamiento y apoyo lo necesita por el hecho de autoidentificarse como trans». Galicia, por su parte, se atreve a afirmar que estas identidades quedan definidas en los cerebros de los menores a la edad de tres años. En la Comunidad Valenciana, por su parte, se relaciona la falta de apoyo al desarrollo de esa supuesta identidad de género con el abandono escolar e incluso el suicidio.
El documento pone el foco en que, desde el año 2016, «se han ido implementando en escuelas, institutos, centros de FP públicos y concertados de todo el Estado sin que haya trascendido a la opinión pública su contenido y sin que madres, padres, tutores legales conozcan sus implicaciones para los derechos o la salud mental y física de sus hijos e hijas».