Aula de un colegio concertado de Madrid
Educación
La educación concertada, religiosa y especial hacen frente al TC: «Esperamos conocer por qué desestima el recurso»
La Plataforma Más Plurales dice que no comparte la sentencia del alto tribunal y recuerda que hay aspectos en la LOMLOE que son «claramente injustos»
El Constitucional da luz verde con cuatro votos en contra a la ley Celaá que ataca la educación especial y concertada
La Plataforma Más Plurales, que agrupa a varias asociaciones que representan a la educación concertada, religiosa, y especial, ha asegurado que aunque «respeta» la sentencia del Tribunal Constitucional, «no la comparte», y queda a la espera de poder «conocer y analizar con detalle los fundamentos que utiliza el alto tribunal para desestimar el recurso presentado».
Por ello, Más Plurales sigue defendiendo que hay aspectos de la LOMLOE claramente injustos «sobre los que ya nos pronunciamos en su momento», que perjudican al sistema educativo «y limitan gravemente las libertades y derechos de los ciudadanos».
Hay aspectos en la LOMLOE que perjudican al sistema educativo y limitan libertades y derechos
«El hecho de que se hayan tenido que realizar dos ponencias distintas sobre la Sentencia pone de manifiesto que es una ley polémica y discutible. Por este motivo, la Plataforma seguirá trabajando para que sea modificada o sustituida cuanto antes y que su impacto en las Comunidades Autónomas sea el menos perjudicial posible.»
Firman, entre otros, Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos).
Ayudas públicas
El Tribunal Constitucional (TC) –de mayoría progresista– rechazaba, este martes, el recurso propuesto por Vox contra la conocida como 'ley Celaá'.
Fue en marzo de 2021, cuatro meses después de su aprobación parlamentaria, cuando la formación de Santiago Abascal impugnó lo que consideraba «la parte más sectaria de la ley», que, a su juicio, suponía un ataque directo a las enseñanzas concertadas, la educación religiosa, la formación diferenciada por sexos y los centros de educación especial.
De la Constitución deriva «un modelo educativo pluralista», lo que no significa que «todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas», ni que exista, como tal, «un derecho subjetivo a la prestación pública», asegura la sentencia del alto tribunal.