Pilar Alegría, ministra de Educación, y Pedro Sánchez
Formación Profesional
Tirón de orejas de un órgano consultivo del Gobierno a Sánchez: la FP dual se atasca en España
Un informe del Consejo Económico y Social de España advierte que, pese a los aspavientos de Sánchez, los estudiantes de este modelo solo son un 3,7 % del total de los alumnos matriculados en la Formación Profesional
El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación están intentando pasar de puntillas tras la publicación de un informe, hace ahora algo más de un mes, que lleva el título ‘La Formación Dual en España: situación y perspectivas’ y que fue presentado por el Consejo Económico y Social de España (CES), un órgano consultivo para el propio Ejecutivo.
El trabajo vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el que enfrenta a la Formación Dual frente a la tradicional, pero es un mazazo tanto para la LOMLOE, la ley educativa aprobada por los socialistas, como para otra norma que emana de la anterior, la nueva ley de FP.
Para ello, desde Moncloa se han olvidado de los fracasos de ambas normativas y han aprovechado la precampaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas para regar con millones a la FP provenientes de los fondos europeos, aunque CES concluye que algo está fallando.
Demoledor informe
El Consejo Económico y Social de España (CES) ha advertido al Gobierno que los estudiantes de la FP dual alcanzaron en el curso 2020-21 los 37.841 alumnos, es decir, solo un 3,7 % del total de los alumnos matriculados en la Formación Profesional.
En el curso 2020-21, casi siete de cada diez personas matriculadas en FP dual lo estaban en Andalucía, Cataluña y Madrid
Aunque CES ha insistido que la FP dual «es la palanca» para que España «aborde los grandes retos» como la brecha de inclusión expresada a través del desempleo así como la brecha de productividad, innovación y competitividad, algo sigue fallando.
Por comunidades autónomas, la FP dual se concentra en pocos territorios, habiendo aumentado dicha concentración del alumnado desde el curso 2016-17. En el curso 2020-21, casi siete de cada diez personas matriculadas en FP dual lo estaban en Andalucía, Cataluña y Madrid.
Más mádera...y más millones
Tras tener conocimiento de este informe, Sánchez ha anunciado recientemente una inversión de 1.300 millones para «reforzar aún más» la Formación Profesional.
En un mitin desde Pamplona, el dirigente socialista prometió una dotación que va a permitir, ha explicado, «aumentar en 45.000 las aulas de FP bilingüe, para que haya 824 centros más de capacitación digital y para que haya 1.500 aulas de tecnología y emprendimiento para que nuestros chavales salgan con todas las cualificaciones para poder ser empleados y crear una empresa».
La nueva ley de FP
La nueva ley de la FP dice ser consciente de la necesidad de acercar la FP al mundo laboral, lo que permitiría a los estudiantes realizar gran parte de su formación en las empresas.
Ello ayudaría al estudiantado a conectar desde el primer momento con las tecnologías más novedosas utilizadas en la empresa, lo que revertirá en su cualificación profesional.
La norma contempla dos regímenes de oferta de FP dual: una formación profesional general en la que el 20% del aprendizaje se realice en una empresa sin vinculación contractual; así como una formación profesional intensiva, donde el 30 % del aprendizaje del alumno se realice en el entorno empresarial y con un contrato.
El problema es que ni se dictamina cómo los centros formativos y las empresas pueden colaborar y facilitar para lograr la asociación, ni nadie desde el Ministerio de Pilar Alegría ha aclarado si se está reforzando y redefiniendo adecuadamente la relación de los centros formativos con las empresas de su entorno.
Órgano consultivo
El Consejo Económico y Social es un ente de derecho público recogido en el artículo 131, apartado 2, de la Constitución, de carácter consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral.
El CES tiene reconocida expresamente la independencia funcional de la Administración General del Estado, como ente público especializado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, así como autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, que le faculta para regular su régimen de organización y funcionamiento internos. El Consejo está adscrito administrativamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
