Investigar en España es llorar

Durante la estancia en Cuba de un español con beca de Formación de Personal Investigador (FPI) para realizar su tesis doctoral, un cubano, profesor universitario, le contó que había renunciado a su puesto en la universidad de La Habana para trabajar de taxista, ya que ganaba más dinero con las propinas que con su sueldo de docente. Nuestra patria va camino de convertirse en algo parecido, pues casi cualquier trabajo es mejor que ser investigador o docente universitario.

Para llegar a ser profesor universitario y/o investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), o en algún centro con capacidad de innovación científica reconocida, se requiere, como paso previo, poseer un doctorado y luego seguir atesorando los correspondientes sexenios de investigación que demuestren las aportaciones a la ciencia (un sexenio es ante una agencia estatal que certifica el rendimiento de un investigador en seis o más años de trabajo).

La mayoría de los profesores e investigadores españoles han pasado un largo proceso de pruebas y concursos de méritos, empezando sus carreras investigadoras con becas de pre-doctorado (4 años), en algunos casos seguidas de becas postdoctorales en España y/o en el extranjero, becas de reincorporación de investigadores, de talento, a la comunidad científica española, becas Fulbrigth, etc.

Para conseguir becas, llamadas de excelencia, se pasaba una dura selección. Por citar un ejemplo, para las 10 o 12 becas que se convocaban anualmente de FPI se presentaban más de 10.000 candidatos.

En el caso de los becarios de investigación anteriores a 2011, este largo periplo como becario llevó aparejado sueldos muy bajos (en muchos casos, poco más que el sueldo base) y pudo prolongarse en el tiempo una década. El Estado se ha negado a reconocerlos como trabajadores y no han podido cotizar a la Seguridad Social por el trabajo realizado, algo que reivindican. La normativa vigente entonces en España no obligaba a sus empleadores a cotizar a la Seguridad Social, como sí obligaba para el resto de trabajadores.

A día de hoy, el Estado no ha querido, ni quiere, darles de alta en la Seguridad Social y que computen los años de becario como tiempo trabajado, a pesar de haber estado buena parte de estos mal llamados becarios trabajando en universidades y en centros de investigación públicos. Esto afecta a su edad de jubilación y a la paga que recibirán cuando se jubilen. Una injusticia y un agravio comparativo frente a los actuales investigadores pre y postdoctorales, a los que buena parte de ellos están formando, que trabajan con contrato y cotizan a la Seguridad Social.

Esta situación amoral supone que, cuando a estos investigadores les llega la hora de la jubilación, algunos de ellos se encuentran con que por haber dedicado su vida a la ciencia, a la investigación, al conocimiento, en definitiva, al bien común con su trabajo, no van a cumplir los requisitos para cobrar una jubilación completa, al no haber cotizado los años que la Seguridad Social exige.

Nuestros científicos y profesores universitarios llevan años peleando para que se les reconozcan los años de vida laboral como en los que fueron mano obra barata en universidades y/o centros de investigación, como años que computen para su jubilación.

Aunque puede parecer mentira, el Estado no se autoabonaba sus cotizaciones para la Seguridad Social, jubilación y desempleo. Un becario de predoctorado, cuando se terminaba su beca de 4 años, no había cotizado ni un solo día para su futura jubilación. No tenía derecho a paro, a pesar de haber estado trabajando, pues el Gobierno español lo consideraba estudiante a pesar de dar clases, estar integrado en proyectos de investigación punteros, etc. Eran mano de obra barata que los gobiernos de turno utilizaban abusando de su posición y de la vocación de sus futuros profesores universitarios e investigadores.

Desde hace unos años, estos colectivos, fundamentales para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento en España, llevan pidiendo desesperados amparo al Defensor de Pueblo (un catedrático y exrector) para que sus años trabajando como becarios les computen como años trabajados de cara a su futura jubilación.

Recientemente, el profesor Gabilondo, Defensor del Pueblo, les ha escrito informándoles de que «el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema de pensiones«, prevé la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de «alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación». Para luego afirmar que, para que esto sea una realidad, se tendrá que firmar un convenio especial, en estudio, que posibilite el cómputo de la cotización «hasta un máximo de dos años». Si a esto añadimos que los investigadores varones de mayor edad en su día cumplieron el servicio militar, alguno de ellos de casi dos años, y que solo les computan uno, las cuentas para la jubilación digna empiezan a no salir.

Los internos de un centro penitenciario pueden seguir manteniendo sus pensiones de jubilación, incapacidad permanente, invalidez, viudedad u orfandad, si han tenido un trabajo en la cárcel, pues el Estado ha cotizado por ellos. ¡Presos sí, investigadores no! De lo que se deduce que, para la jubilación, es mejor pasar una temporada en prisión trabajando entre rejas que ser profesor en un aula de la Complutense o investigador en un laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología, donde se investigan las vacunas contra la covid.

Lo dicho, investigar en España es llorar. Luego nos quejamos de la ciencia en España y de la calidad de nuestros docentes.