Nacionalistas vascos y catalanes tienen una hoja de ruta educativa muy marcada
Asfixia educativa en Cataluña y País Vasco
Quince colegios católicos son absorbidos por la Generalitat por la falta de financiación a la concertada
Primero se les estrangula financieramente para posteriormente ofrecerles la posibilidad de acabar formando parte de la red de titularidad pública
El PNV e Iñigo Urkullu han encontrado un espejo perfecto donde mirarse tras la aprobación de su nueva ley educativa, que entre otras cosas, busca arrinconar a la concertada con ciertos requisitos e incumplimiento de otras obligaciones para propiciar su absorción por el régimen público.
En Cataluña, la Generalitat nacionalista lleva tiempo aplicando esta hoja de ruta. El modus operandi es parecido en ambos casos.
Las instituciones públicas incumplen con la financiación a estas escuelas que viene marcada por el concierto en vigor y una vez estos centros entran en crisis, se les ofrece la incorporación a la red pública como salida a su delicada situación. Una vez eso sucede, los respectivos Gobiernos autonómicos encuentran vía libre para aplicar el rodillo a favor de la lengua autóctona y en contra del español.
El lendakari imita el modelo catalán
Jaque a la concertada: el plan secreto de Urkullu para 'euskaldunizar' estos colegios
Obligarles a pedir auxilio
Los planes de los nacionalistas vascos, destapados por este medio hace unos días, llevan siendo objeto de debate en Cataluña desde hace tiempo. Ahora, tras la publicación de la Memoria de Actividades de la Iglesia en España correspondiente a 2021, la situación de la concertada en esta comunidad autónoma regresa al foco mediático.
Las diferentes administraciones, denuncian los afectados, llevan tres décadas incumpliendo su compromiso de financiación a este modelo educativo, a pesar de los diferentes conciertos aún vigentes.
Algunos centros concertados, cuando se enfrentan a esta tesitura, observan cómo les resulta imposible seguir subsistiendo al no gozar de subvenciones que sí recibe la pública como ayudas al transporte escolar o becas de comedor.
En Cataluña, se calcula, en torno a una quincena han pasado a mano de la Generalitat tras abrir esta una vía para que aquellos centros que no pueden cumplir con su ruta de gastos pasen a ser de titularidad pública. De esta manera, los poderes públicos se apuntan un tanto ante la ciudadanía al aumentar el número de plazas en la red de la escuela pública.
Mediante aviesas leyes educativas, no siempre concretas y resguardadas en la ambigüedad, los concertados no podrán imponer la obligación de realizar cuotas, aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios asociados a enseñanzas que afecten a ámbitos donde esté presente la financiación pública. En definitiva, se les amputa sus vías de financiación.
Ejemplos concretos
Los afectados tienen en algunos casos, nombres y apellidos. Así ha sucedido este año con la escuela concertada Madre de Dios de la Soledad, perteneciente a los salesianos de Sant Andreu, que pasara a la titularidad pública a partir del próximo curso escolar 2023/2024 pero con otro nombre: Escola Segre, ya que se ubica en la calle de igual nombre.
De esta manera, el Gobierno nacionalista cumple con la demanda de ofertar más plazas públicas que reclamaban los vecinos de este barrio de Barcelona.
El Gobierno recordó que gracias a lo sucedido «se incrementaba la oferta educativa» del barrio en 200 plazas públicas a la vez que tranquilizaba las posibles protestas argumentando «que el centro continuará con su actividad sin ninguna afectación para el alumnado y sus familias, que además se beneficiarán de la gratuidad de la escuela pública».
Ni que decir tiene que la concertada y privada, y más en algunas comunidades donde el rodillo nacionalista pisa los derechos de los castellanohablantes, era la última frontera para que siguiera garantizando el uso y el aprendizaje en español.
País Vasco ha tomado nota
El problema para la concertada sale de Cataluña y se extiende a otras comunidades autónomas, que además se han quedado sin el amparo estatal de una ley educativa tras la entrada en vigor de la LOMLOE. El Tribunal Constitucional tampoco ha sido sensible a sus demandas pese a los recursos presentados en su contra.
Como desveló El Debate, bajo el pretexto de perseguir un acceso a la educación más igualitaria, el anteproyecto de ley en el País Vasco endurece las exigencias a estos centros. Por ejemplo, se impedirá la separación de alumnos por su sexo –como ocurre en algunos centros concertados–, a los que se dejará de financiar.
Profesores que ejercen en la actualidad allí y consultados por este medio ya lo avisaban, aunque recordando que como toda buena ley, el texto no lo dejaba tan cristalino como sería debido.
«El proyecto de ley apunta a que esto ocurrirá, pero bajo una connotación de ambigüedad. Parece eso sí que a los concertados les darán la oportunidad de publificarse si cumplen una serie de condiciones como acoger un porcentaje de alumnos inmigrantes», opinaba un profesor.
Otro docente que, al igual que el anterior, pone la condición de no revelar su nombre para hablar con este medio, añadía: «Se oye que, con el tiempo, los colegios concertados podrían pasar a la red pública, como ocurrió en los 90 con algunas ikastolas –centros de enseñanza privada en euskera–, que pasaron a ser públicas, adquiriendo sus profesores la condición de funcionarios sin haber pasado una oposición».
«Hace tiempo que sufrimos una infrafinanciación que ya era totalmente asfixiante, y reconocida por todas las instituciones. Los colegios no pueden seguir funcionando sin la colaboración de los padres. Ahora se ha intentado convertir la tradicional complementariedad de la concertada –que era el derecho a recibir el mismo tratamiento que la pública– en una subsidiariedad respecto hacia ella, es decir, que la entienden como que la concertada tiene derecho a existir siempre y cuando la pública no pueda atender todas las necesidades. Esto es contrario a la historia y la razón de ser de los conciertos educativos, que nacieron como un instrumento jurídico –el concierto como un tipo de contrato– para ejercitar por parte de las familias su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos sin depender de su capacidad económica», sentenciaba.