¿Qué pasa con la Ley Celaá si cambia el Gobierno?

El actual curso académico arrancó en medio del caos por los cambios de la Ley Celaá en los cursos impares. En septiembre, haya o no nuevo Gobierno, se aplicará la misma norma por primera vez en los cursos pares. Los centros educativos, las editoriales y las familias van a hacer un esfuerzo por adaptarse a una norma que puede no tener continuación en el tiempo.

La precipitada convocatoria de elecciones generales deja entrever un posible nuevo cambio en la ley educativa que se había puesto en marcha en este curso para los años pares. Hace solo unos meses, cuando comenzaba el 2022-2023, la desesperación de los centros educativos, los estudiantes, las familias y loas editoriales era patente. Con las clases ya arrancadas, faltaba buena parte del material docente porque la premura de la implantación de la LOMLOE, la llamada Ley Celaá, por el apellido de la ministra promotora, y el desarrollo de la normativa que depende de ella, se había retrasado tanto que los libros de textos se prepararon durante el verano. Además, los profesores tuvieron muy pocos meses para planificar su docencia, cumplir con la abundante burocracia, adaptarse a sistemas nuevos de evaluación y contenidos diferentes, algunos muy marcados por la ideología de género. Los padres también han tenido que aprender a interpretar las calificaciones.

La situación no va a variar en septiembre, gane quien gane las elecciones del 23 de julio, puesto que, en cualquier caso, será la LOMLOE, con todo su desarrollo normativo, la que siga en vigor. A la vuelta de las vacaciones, los cursos pares se sumarán a la norma que desarrolló el equipo de Pedro Sánchez, con amplias críticas por cuestiones de calado como la facilidad para promocionar con asignaturas suspensas. Al menos, no van a sufrir el estrés que se vivió hace ahora un año, cuando los docentes y las editoriales estaban a la espera del desarrollo normativo sobre los contenidos del programa.

La cuestión es si el trabajo llevado a cabo en septiembre del curso pasado y en este va a perdurar en el tiempo o esta será una de las leyes que se derogue rápidamente si cambia el Gobierno. El Director General de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Martín Blasco, cree poco probable un giro brusco e inmediato. En primer lugar, porque, si gobernara la derecha y plantease una nueva ley, consultaría para buscar el consenso que la Educación se merece y seguiría los trámites adecuados, de modo que no se estrenaría normativa hasta dentro de dos o tres cursos académicos. En segundo lugar, porque si hay algún cambio urgente y necesario, posiblemente se jugaría de manera más eficaz con derogaciones de artículos concretos de la actual normativa.

Coincide con esta idea de cambios paulatinos Alfonso Aguiló, presidente de la patronal de colegios CECE, que considera que «en vez de derogar de inmediato la LOMLOE, es mejor corregir sus aspectos más lesivos y pensar bien una reforma de más calado, según sean los resultados de las elecciones». Como la educación está transferida a las comunidades autónomas, «los escenarios son muy diferentes en unas y otras».

Ideología de género en las asignaturas

Una de las cuestiones que más preocupación despertó tras la aprobación de la Ley Celaá es la presencia de la ideología de género en los currículos que se describen para la mayoría de las asignaturas, hasta el punto de que se establecen obligaciones como impartir clases de matemáticas «desde una perspectiva de género».

En algunas Comunidades Autónomas, como en Madrid, el desarrollo normativo de la ley con la parte del currículo que les corresponde, ha minimizado la presencia de este tipo de contenidos, centrados en el lenguaje feminista y en el borrado de estereotipos. Pero no ocurre lo mismo en toda España. En cualquier caso, como apunta Aguiló, «rehacer los programas curriculares llevará tiempo».

Educación especial

Otra de las cuestiones que más debate ha generado alrededor de la LOMLOE es la educación especial. En los artículos 73 y 74 se establece que, en caso de discrepancia sobre el tipo de educación que requiere un niño con necesidades especiales (educación especial o educación inclusiva en colegios preparados para tal efecto) se primará el régimen inclusivo. Es, de algún modo, una vía para ir dejando los centros de educación especial como residuales.

Además, hay una disposición transitoria en la ley que obliga a convertir esos espacios en «centros de recursos» para la educación especial.

De nuevo, la situación difiere entre unas comunidades autónomas y otras. En Madrid, se han utilizado los mecanismos existentes para fomentar la libre elección por parte de los padres de hijos con necesidades especiales y que puedan decantarse por la educación especial o la inclusiva según sus necesidades.

La selectividad, en el aire

La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad es otro de los retos pendientes de solucionar. La idea establecida en la LOMLOE no termina de cuajar y las posibles modificaciones están en tierra de nadie. Se ha barajado la idea de que parte de la nota sea fruto de un test psicotécnico. Se debate mucho sobre la opción de un único examen para el conjunto de España, de modo que se minimicen las diferencias entre territorios. Y también queda por ver si en algún momento se le otorgará más peso al examen para evitar que los centros educativos puedan caer en la tentación de hinchar la nota de los estudiantes.