La ley Celaá es contraria a los centros de educación especial y concertada
Ley educativa
La corta esperanza de vida de la LOMLOE: por qué la 'ley Celaá' está condenada a acabar en un cajón
El contundente resultado electoral en las autonomías y una posible derrota socialista en las generales certifican el más que posible corto recorrido de la conocida como 'ley Celaá'
La vigente ley educativa, aprobada en diciembre de 2020, y conocida como ley Celaá, ha quedado herida de muerte sin apenas haber empezado a caminar.
A la espera de lo que suceda en las elecciones generales que ha convocado Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio, que en caso de derrota de los socialistas, significará su puntilla definitiva, el vuelco electoral en los comicios autonómicos ha puesto su desarrollo muy cuesta arriba.
A día de hoy, y con los resultados del pasado 28 de mayo sobre la mesa, hay 12 comunidades autónomas que la rechazan. Pero si después de las generales, el PP llega al Gobierno, el centro-derecha podría paralizar la LOMLOE.
La oposición quiere tumbarla
Al PP no le gusta esta ley educativa. Su secretario de Educación, Óscar Clavell, la criticaba así en una entrevista para El Mundo: «Una imposición nunca es algo positivo. Partimos de una ley en la que por primera vez en la historia no se ha tenido en cuenta la opinión de los expertos».
«El objetivo debería ser formar a generaciones más preparadas, pero esta ley despoja a los alumnos de los valores del esfuerzo y de muchos conocimientos. Además, deja de asumir las enseñanzas comunes y permite promocionar y titular con asignaturas suspensas».
Y aventuró, a modo de anticipar el futuro más a corto plazo: «España necesita una ley educativa que cuente con el diálogo y consenso que demanda la sociedad. La comunidad educativa reclama a los legisladores una ley duradera, estable y que no varíe según los cambios en el ejecutivo».
A Vox tampoco le gusta. De hecho, ambos partidos presentaron por su cuenta recursos de inconstitucionalidad ante el TC por su cuenta.
El recurso del partido que preside Santiago Abascal denunció ante el Constitucional más de una veintena de artículos de la LOMLOE que afectaban a aspectos considerados clave como la situación del español como lengua vehicular, la elección de centro educativo, la libertad de enseñanza, el futuro de la escuela concertada y la escuela de educación especial, así como el de la asignatura de Religión.
La esperanza de vida
No es España país de leyes educativas longevas. Según detallaba recientemente El País, y exceptuando dos de ellas que se centraron en los aspectos organizativos: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985; y la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), de 1995, todas las demás han tenido una duración media de poco más de siete años.
Pero si nos atenemos a la LOMLOE, que sacaron adelante los socialistas y sus socios, y al contexto político tras las elecciones municipales y autonómicas, los augurios no son buenos.
El posible cambio en el Gobierno ha cogido a los centros educativos y sus profesionales en plena implantación de la reforma. De sucederse otro cambio, se amplía el escepticismo entre la comunidad educativa.
El líder ‘popular’ ha afirmado que va a «derogar la mentira y el sectarismo», y ha mencionado directamente otras polémicas normas que han visto la luz durante esta legislatura: la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Eutanasia, y la Ley Trans.
Además, afirmó que «sin duda» se realizarán ajustes en la mencionada ley educativa, aunque sin desvelar si los populares paralizarán completamente la implantación de la LOMLOE ya que, por una cuestión de plazos, frenarla requeriría de una ley ordinaria exprés con el curso empezando en septiembre.
Además, como la norma se ha puesto en marcha en los niveles impares, si se paraliza el despliegue previsto para los pares, habrá confusión.