¡Es la educación, estúpido!

Pedro Sánchez va pregonando que la economía española «va como una moto», pero no aclara en qué dirección. Y cualquier conductor sabe que, si vas en la dirección equivocada, por mucho que aceleres, al final caes al precipicio. Lo primero que ha de hacer un gobernante es tener respeto a los hechos. Y los hechos nos muestran que España vive una larga fase de estancamiento, que incluso podría calificarse de declive, si analizamos los datos en el contexto de la Unión Europea, que es donde nos jugamos nuestro futuro.

El PIB per capita de España en 2007 era 24.380 euros; el de 2022 asciende a 24.580 euros. Prácticamente es idéntico. Entonces representaba el 95 por 100 de la media de la Unión Europea. El de 2022 representa el 85 por 100 de la media de la UE. Hemos retrocedido nada menos que 10 puntos. En 2017, cuando Sánchez accede al poder, el PIB per capita español representaba el 90 por 100 del de la media europea. En el período de gobierno de Sánchez, por tanto, hemos perdido 5 puntos. Esta es la dirección a la que nos ha conducido Sánchez. Algunas comparaciones significativas nos aclaran más la magnitud del declive de España. Nuestra diferencia en PIB per capita con Alemania, la economía más poderosa de la UE, era en 2007 de 15 puntos; en 2022 es de 32 puntos. Y respecto a Polonia, el país que sigue a España en tamaño de población, la diferencia en 2007 era de 28 puntos a nuestro favor. En 2022 se ha disminuido a 5 puntos. Polonia está pisando nuestros talones. Y República Checa, Chipre, Eslovenia, Estonia y Lituania ya nos han adelantado en estos años. Del puesto 13 de la UE hemos descendido al 18. (Fuente Eurostat).

Con estos datos la euforia de Sánchez es tan irresponsable como patológica. El gran debate nacional debería centrarse en cuáles son las causas de este prolongado declive y cuáles son los remedios. Es un debate que ya está presente en la sociedad española, pero del que Sánchez huye como gato escaldado. Y todos los analistas prestigiosos coinciden en que la educación es una, si no la principal, causa de nuestro declive. Sí, el diagnóstico señala que la educación es nuestra debilidad nacional. Los datos también lo corroboran. En el último informe PISA España se sitúa en el puesto 19 de los 27 de la UE. Y en el último informe internacional sobre comprensión lectora (PIRLS) ocupamos el puesto 23 de los 32 analizados. En abandono educativo temprano y en paro juvenil estamos literalmente en la cola de la Unión Europea. Y ninguna de nuestras Universidades ocupa puestos de excelencia en los rankings internacionales.

Nuestro sistema educativo no está a la altura de lo que España necesita. Otros países, conscientes de los males que aquejaban a sus modelos educativos, han abordado reformas en la buena dirección. Y han mejorado significativamente sus resultados. Portugal es un claro ejemplo de ello. Nuestro problema es que las medidas adoptadas por el gobierno de Sánchez (las leyes Celáa y Subirats) están orientadas para acentuar nuestras debilidades, para desvertebrar todavía más a nuestro sistema educativo y para propiciar un «¡sálvese el que pueda!», es decir, profundizar las desigualdades crecientes, que perjudican a los que están en peor condición socioeconómica. La educación en España va «como una moto» pero camino del precipicio, sobre todo para los más desfavorecidos. La loa de nuestros gobernantes me recuerda a Chesterton, el maestro de la ironía, cuando decía que «era feliz siendo el último de la clase».

España no debe conformarse con ser «el último de la clase». Nuestra educación exige reformas y políticas bien diseñadas, que deben afectar a dos ámbitos complementarios. Primero, hay que reafirmar la primacía de los valores sobre los que se asienta una buena tarea formativa: el esfuerzo, el trabajo, el reconocimiento a la obra bien hecha, la ayuda a quien va rezagado. Cuando se aprobó la ley Celaá, uno de mis nietos me dijo: «¿Sabes lo que cantamos en el recreo del colegio?: ¡Viva Celaá/ aprobado general!». Los nuevos currículos devalúan los conocimientos y apestan de adoctrinamiento. Sólo provocarán un mayor empobrecimiento.

En segundo lugar, hay que emprender cambios quirúrgicos y bien diseñados: modificando el modelo de acceso a la función docente, porque necesitamos profesores bien preparados y motivados; reformando la estructura del sistema educativo para hacerla más flexible y adaptada a las nuevas necesidades del mundo del trabajo; estableciendo unas evaluaciones externas rigurosas que permitan una necesaria «rendición de cuentas», todo ello con la finalidad de una mejora progresiva.

El dilema es claro: seguir tal como estamos y resignarnos a continuar en la cola de Europa (eso sí, salvándose unos pocos) o emprender reformas ambiciosas y exigentes para que nuestro sistema educativo sea de mayor calidad, más justo, más cohesionado y más vertebrado territorialmente, y, desde luego, con las libertades educativas garantizadas. Los españoles tendrán la palabra el 23 J.

• Eugenio Nasarre es expresidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.