La trampa de los proyectos lingüísticos: así esquiva la Generalitat su deber para con el español en las aulas

Un colegio que prohíbe a la profesora de castellano entrar en el aula a no ser que vaya a impartir su clase; otro que contempla la posibilidad de que el monitor de extraescolares sea despedido si no usa el catalán; un centro que fiscalizará la lengua en la que hablan sus empleados; y otro más que insta a los profesores a comunicarse en esta lengua con las familias…

Estos son algunos ejemplos, recogidos y denunciados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña en los últimos días, que contemplan los proyectos lingüísticos de varias escuelas catalanas.

El Departamento de Educación de la Generalitat, en la actualidad dirigido por la consejera Anna Simó (ERC), es el responsable de validar esta especie de ‘planes educativos’. Los centros los elaboran y el Gobierno autonómico lo revisa, pero lo hace enviando a las escuelas e institutos instrucciones y cuestionarios sobre el uso de las lenguas.

Burlando a la Justicia

La AEB, en el año 2019, realizó un informe sobre los proyectos lingüísticos existentes hasta la fecha, donde los centros planteaban el uso que se iba a hacer en el interior de las aulas de las lenguas existentes, tanto las cooficiales, que en Cataluña son el español y el catalán, como de las extranjeras.

En dicho documento se denunciaba lo que ocurría en la Cataluña nacionalista con el castellano. En muchos proyectos lingüísticos de aquel momento ya se decía claramente que el profesor o profesora de español no podía ser tutor de ningún curso, para evitar así la propagación del castellano en otras dependencias, perdiendo así el alumnado a ese referente. Lo que ha hecho ahora la escuela Joan Juncadella de San Vicente dels Horts ha sido incluso ir más allá.

Y esto ocurre porque la Generalitat maniobró para burlar a la Justicia. Para esquivar la vigilancia de los magistrados –en 2021, el Tribunal Supremo (TS) avalaría que el 25 % de la enseñanza debía realzarse en castellano–, el Gobierno catalán aprobó en 2022 el decreto 6/22 y la ley 8/22 que vulneraban la Constitución y el propio estatuto autonómico (que ya amplió las competencias de Cataluña en materia educativa) al impedir que el español fuera considerado lengua cooficial en Cataluña.

La sentencia del TS llevó a la Generalitat a eludir su aplicación con un decreto ley que fijaba los criterios para la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

El Supremo entendió que ambas normas «dinamitaban» el sistema vigente hasta el momento y cerraban el paso a una interpretación que permitiera remontar al castellano su posición como lengua vehicular en la enseñanza, ya que en la práctica es marginal en la escuela pública.

Suma y sigue

A pesar de que el alto tribunal ha tumbado con sus resoluciones aquellos proyectos donde no se cumplía la norma del 25 % del castellano, los planes que en la actualidad se diseñan centran sus esfuerzos en otros aspectos.

Así, aunque esas escuelas respeten la sentencia de ofrecer ese mínimo de la enseñanza en la lengua oficial de todo el Estado –en algunos casos ni eso, buscando unas medidas cautelares hasta que el Supremo entra en escena–, aparecen casos como los mencionados al comienzo de este artículo donde se arrincona todo lo posible todo lo que se salga de esa especie de régimen monolingüístico catalán.