La nueva consejera de Educación, Anna Simó, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
Educación
El Gobierno catalán amenaza con sanciones a profesores y directores que no 'traguen' con la inmersión
La Generalitat exigirá a los maestros que acrediten el máximo nivel de catalán para poder ejercer la docencia
La Generalitat catalana sigue estableciendo las bases para apuntalar su particular régimen lingüístico en las escuelas.
El Gobierno de Cataluña ha publicado un «decreto lingüístico» para lograr su objetivo dentro de las aulas. Todo aquel que discrepe se expone a una sanción. La inmersión ya no será criticada por docentes y directores ya que se les amenaza con sanciones en el caso de que estos no garanticen que el catalán sea utilizado en los centros educativos como única lengua vehicular. La plataforma Escuela de Todos ha asegurado que el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo es un «inadmisible ataque a la convivencia».
Por otra parte, la Consejería de Educación, en manos de Anna Simó, exigirá el máximo nivel de catalán –el C2– a los nuevos profesores que deseen concurrir a las oposiciones o lograr su incorporación a la bolsa de interinos a partir del curso 2025-2026.
Amenazas a las escuelas
A través del Decreto de Régimen Lingüístico del Sistema Educativo, el Gobierno nacionalista de Pere Aragonés advierte a los profesores y directores de escuelas que el catalán debe ser la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje: «El personal docente y no docente utilizará el catalán como lengua vehicular».
Dicho decreto advierte que «el incumplimiento de estas obligaciones» comportará «el impulso por parte del departamento competente en materia educativa de las actuaciones que sean procedentes en materia sancionadora o para reclamar responsabilidades disciplinarias o contractuales».
El C2, requisito
La consejera de educación, Anna Simó, dice que su departamento actúa así porque necesitan «dar garantía jurídica a los centros» tras contemplar que «la ola reaccionaria de la ultraderecha va avanzando indefectiblemente», en relación a los cambios de gobierno acaecidos en Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
Este decreto establece que el C2 de catalán –y el B2 de una lengua extranjera– sea un requisito para acceder a la función pública docente a partir del curso 2025-2026.
Así, el nivel máximo de catalán será obligatorio para los nuevos profesores interinos o sustitutos, para los que sean nombrados directores o inspectores y para todos aquellos nombramientos que supongan una promoción o un cambio de puesto de trabajo. Por su parte, los profesores que imparten una lengua extranjera deberán acreditar, como mínimo, el B2 en primaria y el C1 en secundaria.
Resistencia interna
«La obsesión por la exclusión del castellano lleva a que se haga explícito a nivel normativo que todas las actividades del centro, incluidas las reuniones que realice el personal del mismo, tendrán que realizarse en catalán, así como en las relaciones con las familias y con personas externas del centro. La rotulación ha de ser exclusivamente en catalán, en aranés (en Arán) y en la lengua de signos catalana. No podrá ser en la lengua materna de la mitad de los catalanes».
«Además –continúa el comunicado–se pone fin de iure a la autonomía de los centros, pues los proyectos lingüísticos pasan de ser responsabilidad legal del Departamento de Educación. Además, se establece que el incumplimiento del proyecto lingüístico será sancionado en el caso de las personas dependientes del centro y tendrá consecuencias contractuales para el personal externo».
Por ello, «consideramos inadmisible que se presente siquiera un proyecto de decreto con este contenido excluyente, hispanófobo, contrario a principios básicos de convivencia e incompatible con derechos reconocidos constitucionalmente».
«Es necesario un pronunciamiento claro de las diferentes fuerzas políticas sobre este Decreto», asegura Escuela para Todos, que añade: «Recurriremos también a los mecanismos legales de los que dispongamos para oponernos a este Decreto, y conminamos a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones generales a pronunciarse sobre las medidas que adoptarán para evitar la implementación de esta norma».
