La comunidad educativa exige a Alegría aprobar la nueva Selectividad y un pacto por la Educación

La comunidad educativa exigirá a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que se mantendrá en el nuevo Gobierno –incorporando además la competencia de Deportes, además de ser portavoz del Ejecutivo- que apruebe una nueva Selectividad e impulse de una vez el añorado pacto educativo.

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero, ha apostado, en declaraciones Europa Press, por seguir avanzando en el pacto por la Educación, seguir trabajando para conseguir «un verdadero pacto político y social por la educación».

Para avanzar en la igualdad de equidad entre la red pública y la red concertada, Caballero incide en que se tiene que trabajar en la mesa sectorial de la concertada, actualizando el módulo de conciertos que «llevan alrededor de 40 años sin actualizarse».

Asimismo, reclama que se garantice que los profesores de Religión «puedan seguir ejerciendo esa grandiosa labor que están haciendo dentro de la escuela para que las familias que lo deseen puedan elegir ese tipo de formación religiosa».

En este sentido, el presidente de CONCAPA defiende que la asignatura de Religión «tiene que estar presente en la escuela» al garantizar una «serenidad, paz y sosiego» en el centro educativo. «Tenemos trabajo por delante y ellos también. Ya veremos a ver qué nos depara esto y el tiempo que dura», ha dicho.

Pacto educativo

Por su parte, fuentes de CSIF explican a Europa Press que el sindicato reclama abrir cuanto antes la mesa de negociación para concretar las propuestas del nuevo Gobierno con la participación real de los sindicatos, y espera que el Ejecutivo «demuestre de inicio alguna voluntad de mejora tras la decepcionante pasada legislatura».

Entre las propuestas de CSIF a Pilar Alegría destacan un pacto educativo que aleje a la Educación de «vaivenes» políticos y ofrezca «estabilidad» al sistema; la mejora de la inversión educativa, que alcance el 7 por ciento del PIB, en línea con la media europea; la mejora de las condiciones laborales del profesorado y reversión de los recortes; o el refuerzo de las plantillas y reducción de las ratios (la escuela pública reabre las aulas con un déficit de 50.000 docentes y una interinidad del 27,46%).

También reclama una apuesta por una educación pública de calidad con un plan de inversión en los colegios públicos y reparto equitativo del alumnado con necesidades; el reconocimiento social y profesional del profesorado y regulación de un Estatuto docente; un Plan efectivo de convivencia en las aulas que permita afrontar nuevos problemas como las redes sociales, el repunte de la violencia de género o la influencia de la pornografía; la modernización de los sistemas de acceso a la oposición docente; la reforma del concurso general de traslados para facilitar la movilidad del profesorado en el territorio español; una normativa educativa a partir de criterios profesionales y pedagógicos que mejore la calidad de la educación; y el acceso a la universidad con prueba única.