Agustín, Javier, Dafne, o Jordi: los padres acosados por pedir más castellano que explicaron a la misión europea su calvario

Javir Pulido, Agustín Fernández, Jordi López o Dafne Ungerer. Son los nombres de los padres que contaron a los diputados que vinieron a Cataluña para analizar los efectos de la inmersión lingüística, el calvario que pasaron por pedir más educación en castellano. Calvario político y también social. Precisamente esta es una de las cuestiones que destacó la jefa de la misión, la estonia Yana Toom, cuando compareció para hacer una primera valoración de la visita: la coacción y el bullying que sufrían los niños y sus familias si decidían dar este paso.

Agustín Fernández

Agustín explicó que durante años solicitó al colegio al que iban sus hijos, las Escuelas Pías de Mataró (Barcelona), educación bilingüe. Sus peticiones fueron desatendidas reiteradamente y decidió emprender la vía judicial. El 11 de mayo de 2015, el director de la escuela le explica que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había dado la razón y le concedía un 25 % de escolarización en español. Sus hijos tenían 9 y 10 años. Niños que, al día siguiente, explica, «vienen llorando del colegio porque han sido señalados. Un día después de la reunión con el director, ya habían delatado su identidad». Y esa misma tarde, en el colegio, aparecen carteles en contra de la resolución del TSJC con el lema «Cataluña no es España».

Agustín también tiene que ver cómo se convoca una manifestación a las puertas del colegio, en la que participan la Fundación Jaume Bofill y el sindicato USTEC, que también hablaron con los miembros de la misión. También recuerda que «varios profesores del centro hicieron declaraciones a la prensa posicionándose en contra de la aplicación de la resolución judicial», y uno de ellos, incluso, explicó la solución que habían encontrado para los niños: dejar en la clase solo a los niños con los que «se atrevieran a decir que también querían en castellano matemáticas». La presidenta del AMPA también dijo públicamente los cursos en los que estudiaban los niños.

La tensión fue creciendo hasta el punto de que el director les recomendó que se fueran a otro centro, porque no podía hacerse responsable de la integridad física de los menores fuera de la escuela. Y algunos compañeros de los niños empezaron a hacer comentarios como «me dejas pasar o te lo tengo que decir en español para que me entiendas». Y a eso hay que añadir, que en el curso siguiente el colegio no puso a disposición de estos alumnos el libro de matemáticas en castellano porque, según la dirección, «no existían libros en español que se adaptara a su sistema educativo».

Finalmente, y tras ver que la situación anímica de los niños no era la mejor, el posicionamiento público de los profesores, la presión política y el intento del centro de no aplicar la sentencia, decidieron abandonar la escuela y matricularlos en un centro privado trilingüe. No se plantearon llevarlos a otro público porque «volvería a pasar la mismo».

Y durante todo ese tiempo, dice Agustín, de acoso a la familia, «nadie nos defendió, ni el Gobierno de España, ni la Generalitat, ni el Departamento de Educación catalán, ni el Defensor del Pueblo, ni el Síndic de Greuges. Solo asociaciones y ciudadanos anónimos nos dieron su apoyo». Y concluye: «luchar para que nuestros hijos puedan estudiar también en español en Cataluña tiene un alto coste».

Javier Pulido

Javier Pulido es el padre de la niña de Canet de Mar que también consiguió más educación en español para su hija, que estudia en la escuela Turó del Drac. En 2021 decidieron pedir, en solitario, la escolarización bilingüe para la niña. Recuerda que poco antes de que se aplicaran medidas cautelares para su hija, se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba la sentencia del TSJC sobre la obligación de impartir el 25 % de castellano en todo el sistema educativo catalán, en todas las escuelas. Pero aquello, en lugar de ser un momento de alegría, dice, fue un «calvario».

Empezando por el señalamiento de la propia administración. El entonces consejero de Educación, Josep González Cambray (ERC), fue al centro para apoyar a la dirección de la escuela y además, asegura, «presentó a mi familia como quienes atacábamos al catalán, e individualizó nuestro caso poniéndose en defensa de las familias a las que afectaba las medidas cautelares de la clase de mi hija, a las cuales él venía a proteger contra el 'ataque'... (…) que mi familia les había hecho».

Eso solo fue el principio, porque en redes sociales se sucedieron las amenazas y los insultos «y realmente tuvimos miedo de salir de casa, de ir al colegio, al trabajo, de llegar al coche por si nos hubieran pinchado las ruedas», recuerda. De hecho, Javier Pulido mostró a los eurodiputados algunos de los mensajes que se lanzaron en redes: «Me apunto para apedrear la casa de este niño»; «lo que tiene que hacer la escuela es expulsar a este niño»; «hacedle el vacío, que el niño esté solo todo el rato de castellano»; otros pedían conocer «nombre y apellidos y origen de esta gente, que todos sepan quienes son los que van de la mano de los partidos políticos españoles»; y otro usuario aseguró: «lo siento por el niño, pero le tendrían que hacer bullying hasta que se largue».

Y a Javier también le convocaron una manifestación cerca de la escuela en la que participaron políticos de formaciones separatistas. Aquel día, el jefe de la unidad de delitos de odio de los Mossos les ofreció denunciar las amenazas; y el cabo de la zona, escolta personal. Para este padre, «resultaba contradictorio que el gobierno primero nos pusiera en la picota y luego nos ofreciera protección para proteger nuestra integridad física».

Para Javier Pulido, toda esta «operación» tenía un claro objetivo para el Govern: «Tenemos que hacer que esta familia viva un infierno mediático para que los que vengan detrás sepan a qué atenerse». Pero la familia también vive consecuencias sociales: prácticamente no invitan a la niña a cumpleaños, algunos padres les muestran claramente desprecio e intentaron boicotearles el negocio.

Dafne Ungerer

Dafne nació en argentina y tiene ascendencia española, croata y alemana. Ella se estableció con sus hijos en Barcelona. Le sorprendió, al escolarizar a la niña en P3, en el colegio Guinovart de Castelldefels, que toda la educación fuera en catalán. De ahí que decidiera movilizarse, junto con otras familias, para pedir que la dirección del centro cambiara su proyecto lingüístico y se impartiera asignaturas en catalán, castellano e inglés. Finalmente, una treintena presentaron su propuesta de proyecto lingüístico. El centro les dijo que no, y además, empezó el acoso por parte de profesores, otras familias y la dirección del centro.

Llegó un punto en que prácticamente la mitad se rindió para evitar más represalias. Recuerda que «una vez comenzaron a llegar las resoluciones judiciales a nuestro favor y solicitando la aplicación inmediata de las medidas cautelares, el ambiente en la escuela cambió y el ataque de familias, profesores y directivos fue en aumento». De hecho, otros padres filtraron a la televisión pública catalana el nombre de algunos alumnos cuyas familias habían solicitado la escolarización bilingüe, mientras que otros padres presentaron un escrito formal al AMPA pidiendo que se conocieran las identidades de las familias solicitantes.

Pero Dafne recuerda que el acoso no se limitó al colegio, «entraron en juego los partidos políticos y lo más grave, el Ayuntamiento de Castelldefels que emitió un comunicado en contra nuestra y nos acusó de romper la convivencia». Efectivamente, en la nota del consistorio se decía: «El ayuntamiento lamenta que se recurra a la vía judicial para vulnerar el amplio consenso social y político, así como la ruptura del contrato establecido con todas las familias que han matriculado a sus hijos en el centro y se comprometieron a respetar el proyecto educativo, El Gobierno Municipal de Castelldefels quiere ponerse del lado de la comunidad educativa en defensa de un modelo de escuela inclusivo, público y de calidad».

La alcaldesa de Castelldefels era María Miranda, del PSC, que convocó, pocas semanas después, un pleno para votar una moción en la que se instaba al ejecutivo catalán a desoír las sentencias judiciales. Y desde luego esa presión tuvo consecuencias. A los pocos días, una alumna de quinto, de la que se había filtrado su identidad, renunció a las medidas cautelares; dos familias se fueron a Madrid, otras dos a Huesca, y otras a Portugal, Asturias y Andalucía. En otros casos, las familias optaron por llevar a sus hijos a centros privados.

Especialmente grave fue la situación de su hijo pequeño, que, además, tiene necesidades especiales. Dafine denuncia que «he visto cómo sufría un trato despectivo de monitoras del comedor, profesores y otras familias».. Y pone como ejemplo «comportamientos ofensivos de sus compañeros en el patio, boicot en el día de su cumpleaños para que nadie asistiera, la felicitación de navidad de la escuela en 12 idiomas diferentes menos en español, y así un largo etcétera». Finalmente, tuvieron que cambiarse a otro centro de Castelldefels donde sí se aplicaba la sentencia del 25 % «y mi hijo con su sentencia no molestaba al cambiarse de centro».

Jordi López

Jordi es de El Prat de Llobregat (Barcelona). Los eurodiputados visitaron precisamente dos centros de ese municipio. En uno de ellos, estudia su hijo. Aunque Jordi tiene dos niños, que cursan 5º de primaria y 3º de ESO. Como en los casos anteriores, tuvo que acudir a los tribunales para que sus hijos pudieran estudiar al menos una asignatura más en español. Él dio un paso más y recurrió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo porque la Generalitat ordenó «a los colegios que dejaran de cumplir las resoluciones judiciales que reconocían el derecho a estudiar al menos el 25 % de horas en español». Jordi deja claro, eso sí, que no todos los directores respetaron la orden del consejero de Educación, «pero la escuela de mi hijo mayor, sí».

Y es que, en el caso de su hijo, la educación en lengua materna es fundamental, porque tiene necesidades educativas especiales. A los cuatro años fue diagnosticado con un trastorno específico del lenguaje. La escuela ya se negó entonces a que el niño pudiera estudiar algo en español. Y tres años más tarde le diagnosticaron un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). El equipo pedagógico del centro recomendó que el pequeño se sentara en primera fila, se le hablara despacio y con frases sencillas. Y mientras tanto, la escuela seguía negándose a impartir más clases en español.

A los once años también se le diagnostica Síndrome de Asperger. Jordi vuelve a insistir en su petición y la respuesta del centro fue: «Rechazar la solicitud de D. Jordi López Gil, dado que el régimen lingüístico aplicable al sistema educativo de Cataluña es el establecido en la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación». Fue entonces cuando decidió ir a los tribunales, que decidieron a su favor. En septiembre de 2022, el director le confirmó que dejará de enseñarle matemáticas a su hijo en español, atendiendo la petición que había hecho el exconsejero de Educación. La AEB denunció este incumplimiento ante el TSJC, que ordenó volver a aplicarlo ese mismo mes de septiembre.

Jordi deja claro que «Ninguna institución defendió nuestra impotencia ante el desprecio de la Generalitat a las sentencias judiciales». Considera injusto que «nuestros hijos no puedan estudiar en su lengua materna» e «inhumano que un alumno con necesidades especiales se vea obligado a estudiar en una lengua que no es su lengua materna en su propio país». «Mi hijo no tiene los mismos derechos que un hablante catalán», sentencia.