La Generalitat articula un plan educativo para intentar revertir los desastrosos resultados de PISA

El gran reto social del Gobierno catalán para 2024 es mejorar los niveles educativos de sus estudiantes, después de los bajos resultados obtenidos en pruebas como los exámenes PISA, que los han situado por debajo de la media de los países de la OCDE y a la cola de España.

Fruto del «acuerdo de país» que pidió a las fuerzas parlamentarias la consejera de Educación, Anna Simó, para mejorar la educación se acordó la creación de la 'Comisión educativa para el impulso de las mejoras en el sistema educativo', formada por 15 perfiles expertos, la mayoría en activo, cuyos puestos deberán aprobar los grupos en enero.

A finales de febrero está previsto que la comisión tenga redactado un informe con las medidas que se deben empezar a aplicar para mejorar la educación a partir de septiembre de 2024, con el inicio del nuevo curso escolar, y que deberá recibir el visto bueno de los partidos políticos, que también podrán hacer sus aportaciones.

Posteriormente, y para acabar de enriquecer el debate, las medidas se entregarán al Consejo de Educación de Cataluña, donde están representados otros perfiles como sindicatos y universidades, que también podrán hacer sus aportaciones.

En cualquier caso, para poder empezar a activar las medidas de mejora a partir del próximo mes de septiembre, tendrán que estar aprobadas antes de Semana Santa, a finales del mes de marzo.

Con el resto de grupos políticos, el Gobierno de ERC también buscará acordar un pacto por unas políticas educativas resilientes, con dotación económica y que abarque al menos dos legislaturas más.

También en enero habrá cambios en la evaluación del sistema educativo, con una revisión a fondo del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña para reconvertirlo en la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, que se espera aprobar en junio del próximo año, para que se convierta en la proa de la evaluación educativa catalana.

Más recursos para la acogida

En septiembre, con el inicio del nuevo curso escolar, la Consejería pretende aumentar los recursos de acogida de los alumnos recién llegados en 2024 con un plan de formación de choque para los nuevos tutores de aula de acogida que incluirá nuevos materiales.

También con el nuevo curso, para los alumnos que acaben de llegar, las aulas de aceleración que han empezado a funcionar en este curso en Barcelona como experiencia piloto para los alumnos de 3º y 4º de ESO y que han contado con un trimestre de escolarización para aprender catalán, se ampliarán al resto de Cataluña.

Otras medidas que persiguen mejorar la educación y que se pretenden activar a partir de 2024 son conseguir un compromiso de fuerzas políticas y agentes sociales para dotar de más recursos económicos a la «educación inclusiva», con un incremento progresivo que no se ha cifrado, y conseguir un pacto con el mundo local para trabajar por la gratuidad y universalidad del 0-3 años, con acuerdos concretos y compromisos económicos.

Activar un plan para extender la educación a tiempo completo más allá del horario lectivo, con actividades extraescolares de calidad, siguiendo el modelo portugués, es otro de los ejes que se activarán junto a la mejora de la formación de los futuros docentes.

Otra de las medidas consistirá en hacer un seguimiento del debate del programa ya iniciado de recuperación de aprendizajes de las competencias lectoras y matemáticas, con recursos, materiales y acompañamiento a los centros que lo requieran.

Asimismo, se activará un plan de reducción del abandono escolar, con el objetivo de llegar al 10 %, y se potenciará la educación «afectivosexual» y la «coeducación», así como la prevención del acoso escolar.

Limitar los móviles

En enero también está previsto que llegue a los centros educativos el marco normativo común con el que la comunidad educativa de cada escuela e instituto deberá regular el uso de los teléfonos móviles, y que indicará su prohibición en primaria y una utilización más restrictiva en la ESO que en la postobligatoria.

La regulación definirá claramente el uso del móvil en los distintos espacios del centro y también en las actividades educativas no lectivas y afectará a todos los miembros de la comunidad educativa (alumnos, docentes, personal de atención educativa, monitorización y familias) para garantizar su coherencia y corresponsabilidad.