El Gobierno balear no atiende la petición de una familia de estudiar en español

Estupor entre la comunidad educativa de las Islas Baleares tras la denuncia de la plataforma PLIS (Profesores Libres de Ingeniería Social) por la cual el Gobierno autonómico se habría opuesto a la solicitud de una de las familias de Calvià que solicitaron una enseñanza en castellano de al menos el 25 % del horario lectivo.

La cuestión lingüística en el archipiélago balear es compleja y parece lejos de solucionarse. El anterior Ejecutivo socialista de Francina Armengol, en alianza con el nacionalismo, llevó a cabo una política de inmersión en catalán que, sin solución de continuidad, trajo consigo la vehicularidad de dicha lengua y la marginación del español en las aulas.

Tras los comicios autonómicos, la victoria de PP y Vox prometía un nuevo equilibrio de fuerzas a dicha descompensación tras pactar un modelo de libre elección de lengua que ha soliviantado al nacionalismo, consciente de la posibilidad de que el catalán pierda su condición de vehicular.

Rechazo de la petición

PLIS critica que pese a que el nuevo Gobierno que comanda Marga Prohens prometió erradicar la inmersión en catalán, se han encontrado con este jarro de agua fría cuando el nuevo jefe de Inspección Educativa, Gabriel Timoner, ha rechazado la petición de una familia que reclamaba para su hijo la enseñanza en español que establecieron el Tribunal Constitucional y el Supremo en sus sentencias.

«Asistimos a cómo desde un centro educativo te pueden obligar de manera ilegal a quitarle el derecho a un alumno de estudiar en su lengua materna, que es la que domina. Ello nos genera zozobra. Y si pretendemos que se cumpla la ley, somos señalados. Somos conscientes de que vivimos en un marco ilegal», declaraba recientemente a El Debate Olga Ballester, presidenta de PLIS.

Cumplir con el 25 %

Los hechos se remontan al pasado 27 de noviembre, cuando cuatro familias del IES Calvià solicitaron al consejero de Educación, Antoni Vera, que se atendiera al derecho de sus hijos a recibir clases en español en la mitad del horario lectivo, con un mínimo del 25 % y en al menos una asignatura del ámbito científico o humanístico.

Para sostener su petición, acudieron a la jurisprudencia del TC, que el pasado 19 de abril de 2023 falló que el español debía estar presente como idioma vehicular siguiendo «un patrón de equilibrio o igualdad» con aquella lengua con la que compartiera cooficialidad. Sin embargo, y siempre según la denuncia, la Consejería la ha desoído.

PLIS ha dejado patente su «decepción» con el actual gobierno del PP al considerar que «la estrategia» del Gobierno de Marga Prohens pasa por blindar «la inmersión en catalán» a la vez que se ofrece «un falso señuelo» de «un plan piloto de elección de lengua» que será aplicado por cada centro «y destinado al seguro fracaso». «A las primeras de cambio», lamentan, «han rechazado una petición del 25 %».