¿Qué pasa en nuestras aulas?

Desgraciadamente, empiezan a no ser una excepción aquellas noticias que describen comportamientos poco ejemplares entre algunos de nuestros alumnos. Casos que ocupan páginas en diferentes medios de comunicación y sobrecogen profundamente a las familias, conscientes de que sus hijos –nuestros hijos– pueden no estar a salvo de escenarios tan terroríficos cuya virulencia ha llegado a provocar situaciones límite, arrastrando hacia el suicidio a aquel alumno que de uno u otro modo se ha sentido acosado.

Ante estos hechos, la gran pregunta que el conjunto de la sociedad se hace es qué está pasando entre nuestros jóvenes, o mejor dicho, qué está pasando en nuestras aulas donde la inmensa mayoría de ellos pasan gran parte de su tiempo. En qué momento se fracturó el clima de pacífica convivencia que debe presidir el día a día de un centro educativo. Por qué los profesores se sienten incapaces de atajar situaciones conflictivas entre los alumnos –la verdad es que estamos pidiendo a los docentes actuaciones verdaderamente heroicas– mientras les despojamos de instrumentos que permitan ejercer su autoridad en el aula. Cómo es posible que las sociedades más avanzadas no hayan sido previsoras a la hora de analizar los posibles riesgos que la entrada de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de nuestros alumnos hayan podido producir.

El 'Estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España en la infancia y en la adolescencia' presentado en noviembre del pasado año arroja cifras verdaderamente preocupantes. Según el mismo, «casi un 20 % de alumnos reconoce haber sufrido situaciones de maltrato entre estudiantes que podrían derivar en acoso escolar»; en el caso del ciberbullying, las víctimas de estas situaciones ascienden al 10,3 %.

La Fundación ANAR, entidad que lleva años trabajando por y para la protección de los menores, ha publicado un reciente Informe de Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos. Según sus datos, uno de cada diez alumnos cree que hay alguien en su clase que sufre acoso escolar. El 27,6 % piensa que la víctima ha sufrido acoso escolar más de un año. Los insultos, motes y burlas siguen siendo en un 88,1 % la forma más habitual de acoso escolar. En un 18,6 % de los casos el acoso se traduce en golpes y patadas, en un 16,4 % se producen amenazas y en un 10,4 % de los casos el acoso se materializa haciendo fotos y vídeos de la víctima sin su consentimiento. El acoso suele llevarse a cabo por varios acosadores en un 68,1 % de los casos. Las cifras hablan por sí mismas.

Las transformaciones en el ámbito educativo, tanto en sentido positivo como negativo, no son producto de un día ni surgen espontáneamente, tampoco lo son sus efectos. Muy al contrario, son el resultado de medidas que en ocasiones de forma un tanto bisoña pretenden instalar en el sistema un buenismo mal entendido que se traduce no solo en la rebaja de la calidad del sistema sino en una permanente confusión respecto a quien ostenta el principio de autoridad y la necesidad del cumplimento de las normas como premisa básica para lograr un adecuado clima de convivencia que permita a cada alumno desarrollar al máximo todas sus capacidades. La ruptura del principio de autoridad, acompañado del acceso cada vez más temprano a contenidos inapropiados por parte de los alumnos son, entre otros, factores que han incidido en el impulso de conductas absolutamente condenables a cualquier edad, pero en especial entre menores.

La pasada legislatura, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y ante el alarmante incremento de casos, el Congreso aprobó una iniciativa relativa a las políticas que habían de ser desarrolladas en el ámbito educativo con el fin de prevenir, detectar y atender los problemas de salud mental y conducta suicida que se están produciendo entre los jóvenes. Dicha resolución, entre otras medidas, apelaba a la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Educación, máximo órgano de coordinación y colaboración entre gobierno y comunidades autónomas. Hasta el momento y a pesar de las amables palabras de la ministra Pilar Alegría que en sede parlamentaria reconoció la seriedad del problema y la necesidad de continuar intensificando los esfuerzos para combatirlo en un marco de colaboración con las comunidades autónomas, el gobierno ha hecho caso omiso a esta resolución. Seguimos donde estábamos sin que a este gobierno parezca importarle un ápice la terrible realidad que experimentan nuestros alumnos, realidad que se abre en diferentes frentes y que no solo exige una respuesta coordinada, sino específica y especializada.

Hace escasos días, nuevamente y ante la realidad cada vez más preocupantes del acoso entre los jóvenes, el Partido Popular ha solicitado la elaboración urgente de un «Plan para la prevención, detección y actuación frente al acoso escolar» que implique a todas las administraciones y permita entre otras medidas, una mayor dotación de personal especializado y perfectamente cualificado capaz de dar respuesta a las necesidades de los centros educativos, así como una actualización de sus planes de convivencia y reglamentos. Desgraciadamente, de momento, la iniciativa sigue sin respuesta positiva por parte del gobierno.

Nos encontramos ante un escenario complejo en el que múltiples factores inciden de forma diferente, provocando en nuestros niños y jóvenes daños en ocasiones irreparables. Negar las evidencias constituye una irresponsabilidad manifiesta.

• Sandra Moneo es presidenta de la Comisión de educación en el Congreso