Esade analiza el cobro de cuotas por la concertada y propone medidas para que el alumnado pueda acceder a ella

El cobro de cuotas a las familias representa uno de los principales obstáculos para un acceso a la educación concertada en condiciones de equidad. Por ello, este miércoles, Esade publica a través de su Centro para la Política Económica (EsadeEcPol) un informe de 79 páginas que analiza de manera pormenorizada estos pagos por medio de distintas ópticas (etapa educativa, comunidad autónoma, financiación pública del centro…), así como las razones por las que se cobran y qué se puede hacer al respecto.

Entre otras cosas, el informe, que se presenta como el «primero» que hace un «análisis completo, profundo y fiable del fenómeno de las cuotas en la escuela concertada», revela que la cuota media que pagan las familias a los centros concertados en España se sitúa entre los 680 y los 860 euros al año por alumno, así como que el 70 % del total se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco, tres comunidades donde el 90 % de las familias que acceden a la concertada las pagan. También hay diferencias respecto a la cantidad abonada en función del nivel de renta de cada una.

Con todo, el informe, titulado El coste del acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas, «muestra una consistencia muy notable entre lo que pagan las familias y lo que cobran los centros, lo que refuerza la fiabilidad del análisis».

Ante estos resultados, y con el fin de lograr una mayor equidad en el acceso a la educación concertada en comparación con la pública, el documento propone una serie de medidas «para garantizar que la doble red no se convierta en un factor importante de segregación escolar y asegurar la gratuidad del acceso a la educación sostenida con fondos públicos»:

1. Desarrollar un análisis detallado del coste teórico de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las comunidades autónomas.
2. Ampliar la periodicidad de la recogida de datos del gasto privado de las familias y el coste de la enseñanza privada que lleva a cabo el INE.
3. Auditar los gastos no concertados, así como las cuotas de aquellos centros que, aun no estando en una situación de sobrefinanciación, están prestando servicios no concertados que se financian a través de cuotas.
4. Desarrollar mecanismos e incentivos para acabar con el sistema de conciertos plenos de los centros claramente sobrefinanciados y cuyas cuotas son elevadas y que se sitúan notablemente por encima de los gastos no concertados de su contabilidad. De acuerdo con las simulaciones realizadas, esto permitiría, además, redistribuir el excedente disponible para acabar con la infrafinanciación que afecta a una parte del sector concertado.
5. Supervisar el coste del comedor escolar en los centros concertados y equipararlo con los costes de los centros públicos, para evitar que se convierta en una fuente indirecta de financiación escolar.
6. Regular las aportaciones que las familias puedan realizar en concepto de actividades complementarias y otros servicios, y establecer umbrales idénticos para centros públicos y concertados.
7. Articular el instrumento de los «contratos-programa» que permitan a las comunidades autónomas incorporar unas cuantías económicas vinculadas específicamente al objetivo de luchar contra la segregación escolar por la vía económica. Para ello, la administración puede incentivar a los centros públicos y concertados a cumplir determinados estándares tanto en el acceso de alumnado vulnerable como en el acceso de alumnado vulnerable como en el servicio que se le presta.