Alumnos de la Universidad de Cantabria denuncian al organismo por «acoso continuado» y «malversación de fondos»

Casi tres años de «brutal acoso continuado» contra un grupo de estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) han derivado en un cruce de denuncias y aperturas de expediente por parte de unos y otros. La denuncia más grave, la elevada por acoso contra el rector del centro de estudios universitarios, Ángel Pazos, y contra miembros de dirección de la UC ante el Defensor del Pueblo además de contra la actual presidenta del Consejo de Estudiantes (CEUC), Mirian Martínez, y Alejandro Hernández, secretario general de las Juventudes del PSOE de Santander. Todos los denunciados coinciden en algo: todos son de ideología de izquierdas (PSOE, Podemos, Sumar y PCTE –Partido Comunista de los Trabajadores de España–).

En la historia, relatan los alumnos, no faltan insultos «constantes» que los jóvenes estudiantes han tenido que sortear de la talla de «fachas, nazis, asesinos, homófobos» o amenazas de muerte con la manida frase «Vais a arder como en el 36» o «os deberían dar una paliza. Y todo, según relatan los universitarios, por «estar a la derecha del PSOE» e intentar cambiar «la deriva del centro de estudios» ya que, en su opinión, «la Universidad de Cantabria es una pyme socialista».

Alegan que «se han regalado y creado plazas ad hoc» e incluso que parte del presupuesto se destinaba a chiringuitos socialistas. Cerrar uno de ellos, con un presupuesto destinado de 6.000 euros, fue el primer enfrentamiento con la dirección. «Lo cerramos porque era un dineral y solo servía para hacer apología de las ideologías woke», argumentan. Tras hablar con la vicerrectora, los estudiantes mantuvieron una reunión con el rector que no mejoró las cosas. «El rector nos empezó a echar en cara que con lo que estábamos haciendo creábamos odio, que la universidad era él y que íbamos a pagar lo que estábamos haciendo», recuerdan.

«Desde entonces ha sido como una guerra», lamentan. Con cada iniciativa que proponían recibían un insulto. «Nos llamaban nazis por querer organizar un webinar de Defensa porque hay muchas carreras en esta universidad con salida en el Ejército». Les acusaron de estar realizando obras ilegales en las oficinas del Consejo de Estudiantes, «que después se demostró que eran acusaciones falsas» y se les abrieron protocolos por acoso que «no tenían justificación legal» y que «de hecho, retiraron sin más a la semana de echarnos del Consejo». Al nuevo candidato al Consejo de este grupo de estudiantes «le obligaron a retirar su candidatura con amenazas de muerte» que llegaban vía mail institucional y sobre todo, redes sociales. Y antes de la marcha del antiguo presidente del CEUC «dejaron de convocarle a las reuniones del Consejo Social», lamentan. La cacería contra ellos, relatan, ha sido a todos los niveles, llegando incluso a pasar a los medios nacionales de comunicación.

Los jóvenes manifiestan que en la universidad la falta de libertad ideológica es un secreto a voces. «Hay profesores que saben lo que hay e incluso lo sufren, pero no dicen nada porque tienen que seguir yendo a trabajar todos los días», relatan.

«Malversan miles de euros»

Pero las quejas de los estudiantes van más allá. Las denuncias presentadas por los afectados también se han dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos por «falsificación de firmas para favorecer a una empresa concesionaria vinculada estrechamente al PSOE que pedía que se le rebajara el canon y le saliera gratis». El presunto involucrado en este delito sería Alejandro Hernández y «su cafetería a cinco minutos de la playa». Cuentan que la rebaja en el canon se dio porque supuestamente se recogieron 3.000 firmas solicitándolo pero las firmas no aparecen por ningún lado. «En este campus universitario es todo como siciliano, de mafia. Ahora cuenta con un negocio privado sostenido por lo público», denuncian.

En la misma línea acusan a la dirección de la universidad de «malversar miles y miles de euros de los que no dan cuenta». Aseguran que la universidad está dando dinero público para financiar las acampadas propalestina que lidera Mirian Martínez. «Hemos pedido información pero no nos la han facilitado. No obstante, ellos mismos hicieron público en Instagram que estas acampadas estaban pagadas por el vicerrectorado de la universidad», argumentan.

Esta queja ha sido elevada al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por parte de los alumnos. «Hemos presentado todos estos procedimientos administrativos y ya están admitidos a trámite. Lo siguiente será, aseguran, querellarse acudiendo a la Fiscalía. «Las resoluciones que vayan saliendo las iremos incorporando a la futura querella», explican. Mientras, piden que se abra un expediente de expulsión contra la actual presidente del CEUC.

La UC responde

Desde la Universidad de Cantabria explican a El Debate que no han recibido ninguna notificación de denuncia por parte del Defensor del Pueblo ni de ningún otro organismo pese a que «supuestamente fue interpuesta hace un mes» y que, por tanto, «no tenemos nada que decir sobre algo que no nos ha llegado oficialmente».