Un convenio-trampa

Al tiempo que el Gobierno anuncia medidas contra la independencia judicial y de prensa, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se descuelga, tras un año de inacción, con un convenio y un acuerdo de Conferencia General de Política Universitaria para la contratación de docentes universitarios. Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid hemos votado en contra, y es importante que todas las Comunidades Autónomas y las universidades sepan por qué para que valoren oponerse y obtener la financiación sin chantajes.

Estamos ante una intervención de facto de la autonomía regional; una extorsión que obliga a firmar un manifiesto ideológico de adhesión a las políticas de Sánchez para poder recibir dinero que el Ministerio está obligado a dar; una trampa para la autonomía universitaria; una hipoteca inasumible para las arcas autonómicas (600 millones durante los próximos seis años); una maniobra de ingeniería social contra la libertad de los docentes universitarios: y todo por querer complacer a los nacionalistas, para que controlen mejor a sus profesores. No es casualidad que, al mismo tiempo, estén negociando la condonación de 15.000 millones de deuda para Cataluña, y dotarlos de una financiación «singular».

Se obliga a las Comunidades Autónomas a respaldar un documento (el Convenio; y su puerta de entrada, disfrazada de documento «técnico», el Acuerdo), que es en realidad un manifiesto ideológico, que ensalza las políticas de ingeniería social del Gobierno Central, a los que se obliga a adherirse a las Comunidades Autónomas, por aceptar un dinero que les corresponde y al que el Gobierno está obligado (art. 2 de la LOFCA). Los términos del acuerdo sonrojan: «constituye el hito clave», «la Ley supone una oportunidad histórica», «refuerza el dinamismo y la potencia de las universidades» ..., y culminan en la cursilería demagógica de llamar a la contratación de profesores: «Incorporación de talento docente». Detrás de estos terminachos siempre hay ingeniería social y manipulación.

La LOSU es un error en su concepción: se hace para complacer a los nacionalistas, para hacer ideología con las figuras del profesor universitario y llevarlos hacia la «proletarización», disfrazada de «profesionalización» (con la excusa de luchar contra la «precarización», en lugar de combatir los abusos, se elimina la libertad, se los equipara a funcionarios controlables –por ejemplo, por la Generalitat– y se inunda la Universidad de «cientifismo» (se excluye que los profesores sean principalmente docentes, y se los lleva por el camino exclusivo de la investigación, cuando en realidad hay grandes profesores que no tienen vocación investigadora y viceversa); es una hipoteca de la libertad, de la autonomía universitaria y de las propias Comunidades Autónomas.

Además, se consolida a una generación de profesores, con unas condiciones y características determinadas. ¿Qué pasará con los que vengan después? Se bloquea el acceso de los que vengan; se blindan los que están y se imposibilita adaptar las figuras del profesor a las necesidades futuras, o a otras concepciones de la docencia y la universidad.

La adhesión que se propone al convenio (y al aceptar la financiación), acaba siendo una intervención de facto de la Autonomía de la región; las CCAA quedan intervenidas de hecho en sus políticas y competencias de universidades: comprometidas a gastar ingentes cantidades en esos profesores en concreto, a tener que aprobar las plazas adicionales que el Ministerio diga y pagarlas, y asumir todos esos costes de ahí en adelante, cuando se consoliden y se acabe la financiación del Ministerio.

No nos oponemos al control del dinero público, que siempre es deseable; nos oponemos al hecho de que den una parte insuficiente del dinero y, a cambio, comprometan a las Comunidades Autónomas, y a las propias Universidades a qué profesores, en qué régimen, cuándo y cómo, y a cantidades inasumibles. Es decir: la financiación debida viene con una hipoteca de la capacidad y la autonomía. Mientras, las necesidades reales de cada universidad quedan desatendidas e hipotecadas.

Como nos tiene acostumbrados con el Gobierno de Sánchez, el Ministerio ha sido desleal, hablando y negociando con las Universidades, previamente y por detrás, jugando con sus necesidades de financiación, bajo la amenaza de que «si no hay programa, no hay dinero».

De ningún modo pretendemos que las Universidades renuncien a la financiación que necesitan y les corresponde. Pero nunca en estos términos: la LOSU es una mala ley y este Convenio es su peor versión. Desde la Comunidad de Madrid votaremos no a esta trampa; presentaremos un recurso ante la jurisdicción correspondiente, y trabajaremos para convencer a la comunidad educativa, y al resto de Comunidades Autónomas, de que lo que debemos hacer es exigir los fondos que nos corresponden sin chantajes, con lealtad institucional, y con respeto por la legalidad y la seguridad jurídica, por la libertad y la autonomía regional, docente y universitaria.

• Emilio Viciana Consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid