Y si miramos hacia el profesorado...

La necesaria transformación del sistema educativo español resulta a día de hoy ampliamente debatida en los círculos de análisis más aventajados, aquellos que observan con profunda preocupación como España pierde la senda de la modernidad, incapaz de abordar la revolución educativa que cualquier país medianamente ambicioso situaría como prioritaria, consciente de sus positivos efectos –si las medidas son las adecuadas– en el conjunto de la sociedad.

Que al actual gobierno socialista no le interesa la educación es un hecho más que evidente. En realidad, todas sus reformas han perseguido exclusivamente la traslación al sistema educativo de los principios rectores de la izquierda más fundamentalista, entre ellos ese falso igualitarismo que potencia la mediocridad y mira con recelo al esfuerzo, la calidad y la búsqueda de la excelencia. Jamás ninguna evidencia empírica, por relevante que fuera, ha tenido cabida en las reformas socialistas, desde la LOGSE a la actual LOMLOE. En realidad, la izquierda siempre ha huido de ellas, consciente de que análisis perfectamente contrastados desmontan una a una todas sus propuestas.

Si de transformación del sistema educativo español hablamos, seguramente no sea una sino varias las medidas que debieran ejecutarse, medidas que han de tener la consistencia y a la vez la flexibilidad suficiente para encajar unas con otras y construir un cuerpo único capaz de avanzar armónicamente.

En el año 2007, hace diecisiete años, la compañía Mckinsey, con amplia experiencia en consultoría publicó un interesante informe que bajo el título «Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor rendimiento del mundo para estar arriba» analizaba las medidas aplicadas por veinticinco sistemas educativos, incluidos aquellos que se situaban entre los más avanzados. Dos de sus tres conclusiones hacían referencia al profesorado, a la necesidad de conseguir las personas más adecuadas para ejercer la docencia y a ofrecerles un desarrollo profesional hasta convertirles en docentes eficaces.

En el año 2010, la misma compañía publicaba un nuevo informe donde evidenciaba que aquellos países con sistemas educativos de mayor éxito tenían en común el haber sabido reclutar para la profesión docente a los mejores alumnos. Más recientemente, este mismo año 2024, un nuevo informe Mckinsey situaba las medidas de captación, formación y desarrollo profesional de los futuros maestros, como una de las estrategias más importantes a seguir para lograr la calidad y excelencia que otros países han logrado, Singapur como claro ejemplo.

También en nuestro país, el debate en relación a la consideración del profesorado como piedra angular sobre la que asentar cualquier mejora del sistema educativo ha permitido desarrollar importantes propuestas.

En enero de 2011, Francisco López Rupérez, cuyos magistrales artículos ocupan con frecuencia esta columna y Eugenio Nasarre entonces diputado del Partido Popular y «padre» de esta sección, escribieron un magnífico artículo que definía a la perfección el sistema de selección, formación y promoción del profesorado. Un modelo que ambicionaba el diseño de una perfecta carrera profesional sobre la base de una formación permanente a la que se sumaban un reconocimiento académico, social y económico que invitaba a los mejores alumnos a dar un paso hacia el ejercicio de la docencia. Trece años después, los profesores siguen esperando.

La ley vigente, LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020 contempla en su Disposición Adicional Séptima, «A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los nuevos retos demandados por la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión docente, el gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente». No hay que ser muy avezado para darse cuenta de que el incumplimiento del gobierno resulta más que evidente.

Cualquier reforma que afecte al profesorado y sobre todo al sistema de acceso a la profesión docente representa para el Gobierno socialista un «problema» del que va a intentar huir por todos los medios, salvo que sus socios separatistas reclamen con total claridad la ruptura de los cuerpos nacionales del profesorado haciendo saltar por los aires la competencia que el Estado tiene en el acceso a las profesiones reguladas como es el caso del ejercicio de la docencia.

Mientras tanto, la importancia de la calidad del profesorado en la mejora de los sistemas educativos, ampliamente analizada y ratificada por diferentes informes nacionales e internacionales y adoptada por los organismos internacionales más significativos seguirá durmiendo en lo que a nuestro país se refiere el sueño de los justos. De poco parece servir el hecho de que el profesorado constituye el factor crítico sobre el que asentar cualquier reforma educativa encaminada a la mejora sustancial de la calidad del sistema.

Este es el reto más importante al que el sistema educativo español deberá enfrentarse en los próximos años y a la vez, el que mayor impacto puede significar, tanto por su transcendencia en el ámbito educativo como en el político.

Como muy bien señala mi admirado Francisco López Rupérez en su libro, Fortalecer la Profesión Docente. Un desafío crucial: «Una de las características que ha acompañado durante el último cuarto de siglo al sistema educativo español es que, básicamente ha vivido de espaldas a las evidencias».

Hagamos que sean las evidencias quienes sitúen de una vez por todas al profesorado en la transformación que precisa nuestro sistema educativo.

• Sandra Moneo es Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados