La gran incógnita de la Formación Profesional

La llamada Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional fue aprobada definitivamente por el Senado el 23 de Marzo de 2022. Su tramitación y debate levantó importantes expectativas por cuanto se suponía que este instrumento legislativo iba a representar no sólo un importante impulso a la Formación Profesional sino que de una forma más rigurosa y armónica con el marco europeo permitiría un reconocimiento de las competencias profesionales, paso necesario para integrar dentro de nuestro sistema de formación el aprendizaje a lo largo de la vida.

Han transcurrido dos años desde entonces y son varios los estudios e informes que facilitan una radiografía de la situación. Según el Observatorio de la Formación Profesional, casi uno de cada cuatro españoles tiene estudios de FP en nuestro país, en concreto el 22,65 % de la población entre veinticinco y sesenta y cuatro años. Uno de cada tres estudiantes cursa estudios de FP tras finalizar la educación obligatoria, es decir, a partir de los dieciséis años, edad donde la legislación actual establece el límite para el acceso al mercado laboral.

En España uno de cada veinte estudiantes de Formación Profesional realiza estudios en modalidad dual un 4,94 % , hecho ciertamente relevante por cuanto uno de los grandes debates que se planteó en el momento de la tramitación de la ley radicó en si toda la FP debería ajustarse a la modalidad dual, postura defendida apasionadamente desde el ministerio de educación mientras que la corriente de aquellos que en la práctica conocen mejor la aplicación de determinadas cualificaciones por su experiencia y cercanía en el día a día defendían una mayor flexibilidad.

Una vez revelado el dato que demuestra la baja aplicación de la modalidad dual, este nos lleva a reflexionar en una doble dirección o el gobierno estaba equivocado y efectivamente la extensión de la modalidad dual a toda la formación profesional es un error o simplemente no ha hecho bien su trabajo y en esta como en otras normativas que se refieren al mundo de la educación una vez aprobadas pasan a dormir el sueño de los justos esperando que sean las comunidades autónomas y los agentes implicados quienes realicen una labor titánica para su aplicación con poca a escasa ayuda de la administración central.

En un país como el nuestro donde uno de cada diez jóvenes españoles entre quince y veinticuatro años ni estudia ni trabaja, es decir, donde el 9,82 % de la población está formada por los llamados «ninis», elaborar políticas encaminadas a lograr un importante descenso del abandono educativo temprano ha de convertirse en asunto de estado. Difícilmente logrará España reducir las tasas de paro juvenil- seguimos teniendo el dudoso honor de encabezar las cifras de la Unión Europea con una distancia de hasta veinte puntos respecto a países como Alemania y Países Bajos-si se sigue ignorando la perfecta relación existente entre formación y empleo. A mayor formación menor paro, en realidad los datos demuestran que son aquellos que no han finalizado la educación obligatoria o la han finalizado y no han proseguido sus estudios quienes constituyen el núcleo principal del llamado paro juvenil.

Es en este escenario donde la FP debería jugar un papel esencial, máxime considerando que todavía España representa uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea, el 38,7 % entre el alumnado total que está matriculado en FP de los que cursan Enseñanza Secundaria de segunda etapa, muy alejado de la media que se sitúa en el 48,7 % según datos de Eurostat. Hay un inmenso margen de mejora y de atracción de alumnos hacia la Formación Profesional que no se está aprovechando.

Con seis meses de retraso ha aprobado el gobierno hace algo más de un año el calendario de aplicación del Sistema de Formación Profesional. Una demora que un país como el nuestro no se puede permitir. Además, al posible impulso de la Formación Profesional le ha salido un nuevo enemigo: la implantación de un sistema de prácticas formativas o académicas por el que debe incluirse en el Sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen esas prácticas sin valorar los costes derivados de dicha implantación no solo para los centros de trabajo sino para el conjunto del sistema.

También la universidad o mejor dicho los alumnos universitarios se verán seriamente perjudicados por esta medida por cuanto será extremadamente complicado lograr esas prácticas. En ambos casos la irresponsabilidad del gobierno ha situado al tejido empresarial en el punto de mira y bajo sospecha sin calibrar que el éxito, refiriéndonos más específicamente a un sistema de FP, pasa por una perfecta comunión entre el sistema de cualificaciones y la empresa, entre los alumnos y sus prácticas, entre oferta y demanda.

Mientras otros países de nuestro entorno exploran nuevas fórmulas para garantizar una mejor formación de sus alumnos vinculada a una mayor permanencia en el sistema educativo –especialmente relevante es el caso de Portugal cuyo descenso del abandono educativo temprano está directamente relacionado con la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años– España sigue sin desarrollar los instrumentos de los que dispone entre los que el impulso eficaz al potencial que representa la Formación Profesional representa un papel esencial. Desgraciadamente este gobierno nos ha vuelto a situar en el vagón de los rezagados.