Imagen reciente de uno de los edificios de la Universidad de Cantabria
La Fiscalía archiva la denuncia de la Universidad de Cantabria contra alumnos del Consejo de Estudiantes
La Fiscalía ha archivado la denuncia que la Universidad de Cantabria presentó contra un grupo de alumnos que pertenecían al Consejo de Estudiantes. La facultad, tras realizar una investigación interna para detectar a los autores, abrió diligencias contra ellos por supuestamente haber incurrido en un delito de injurias por la redacción de unos mensajes que difundieron en la red social X el pasado mes de enero desde la cuenta del Consejo de Estudiantes.
«Sabían que la denuncia era falsa y no tenía ningún recorrido judicial, pero aún así la presentaron para generar controversia y poder publicar noticias contra nosotros en los medios que riegan de dinero», reivindica el alumno afectado e insiste en que la universidad encabezada por el propio rector, Ángel Pazos, les ha «acosado por ser de derechas».
Los estudiantes que formaban el Consejo de Estudiantes afectado inciden en que la denuncia era «falsa» porque «en ninguno de los tuits se injurió a persona alguna» y que, en caso de que alguien se hubiera sentido injuriado, «lo razonable hubiera sido que dicha persona física hubiera adoptado medidas legales pertinentes, no el ente universitario», explican.
Los jóvenes relacionan este hecho con que el bufete de abogados que asesora a la Universidad de Cantabria en temas jurídicos ha procedido en el caso porque ha sido contratado «a dedo» por un importe de 184.986 euros. «Se trata del bufete de la abogada Victoria Luisa Ortega, amiga de Manuela Carmena y presidenta saliente del Consejo General de la Abogacía Española denunciada por favorecer a su candidato afín».
Manuela Carmena y Victoria Luisa Ortega, en una imagen de archivo
Lo mismo, explican, con las diligencias incoadas por la universidad y llevadas a trámite. «Se la 'dieron' al teniente fiscal de Cantabria, Ángel González, de Unión Progresista de Fiscales y ratificado en el cargo por Dolores Delgado», comentan.
Para ellos, la apertura de diligencias más el 'enjambre' de relaciones de la Universidad con personajes destacados de ideología progresista es una prueba más de que «en el rectorado operan como una mafia».
«Es una vergüenza que utilicen el dinero público para perseguir a estudiantes, sabiendo que no había motivo legal ni ético para ello, y simplemente por cuestiones ideológicas», lamentan.