¿Tiene el Partido Popular una política educativa?

El Partido Popular gobierna directamente sobre el 65 % de la población española, e, indirectamente junto con Coalición Canaria, en un 5 % más. Prácticamente el 70 % de los españoles tienen un gobierno autonómico presidido o participado por los populares. Tal poder permite al partido desplegar políticas coordinadas en las CC. AA. en donde gobierna y así visualizar, al menos, parte del programa que podría desarrollar tras unas elecciones generales. Las autonomías tienen bastantes competencias, sobre todo en aspectos que afectan más directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

La educación es una competencia compartida que permite, en algunos aspectos, desarrollar políticas propias autonómicas. Es un ámbito con gran impacto social y de gran relevancia cuando sabemos el mal estado de nuestro sistema educativo. De momento, el PP solo ha anunciado solemnemente y con gran aparato propagandístico que sus comunidades iban a realizar unas pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) con unos estándares similares. Es una medida de nulo impacto económico y de repercusión mediática. La medida no es mala, pero su incidencia en la calidad de la educación puede ser limitada. No sabemos nada más de esta medida y si estos estándares supondrán mayor exigencia (lo que sí tiene incidencia en el Bachillerato) o simplemente se limitarán a ser similares entre estas CC. AA.

Implementar esta última medida requiere (si se pretende hacer bien), homologar los currículums de los territorios gobernados por el PP. Es decir, los contenidos curriculares de cada materia han de ser similares para que el nivel de exigencia sea, al menos, equivalente. No hay noticias de que se esté trabajando en ello. La tarea no es fácil, pero si se anuncia una medida hay que cumplirla. Habrá que ver si los currículums (aunque están limitados por los contenidos básicos estatales), ponen el acento en conocimientos sustantivos o en cuestiones más competenciales, por ejemplo. Es decir, si van a premiar el esfuerzo o, simplemente, continuarán siendo un coladero (aproximadamente el 95 % de los alumnos aprueban la EBAU).

Pero hay un terreno donde las CC. AA. tienen un amplio margen de actuación y una gran incidencia en la calidad de la educación: el profesorado. Todos los expertos coinciden en que un factor básico del sistema son los docentes. ¿Tiene el PP una política clara respecto al profesorado? Es cierto que el tema del acceso a la función docente queda fuera de las competencias autonómicas. Pero hay margen: por ejemplo, regular los niveles de exigencia para entrar en las facultades de Educación de donde van a salir los futuros maestros. Como el nivel de la enseñanza secundaria es bajo y se accede al Grado de Educación Primaria con un 5 pelado de selectividad, no parece que el nivel esperado sea el óptimo. Basta preguntar a profesores de estas facultades sobre el nivel académico de bastantes de los nuevos alumnos.

También hay un amplio campo de actuación autonómica en lo referente a la función pública docente. Por ejemplo, mayor exigencia en las pruebas de acceso (las oposiciones) y, sobre todo, la carrera profesional. Existe una verdadera crisis en la profesión docente: está dejando de ser mínimamente atractiva y convirtiéndose, en no pocos casos, en refugio de quienes no encuentran un trabajo mejor. Para hacerla atractiva, un elemento fundamental es proponer a los futuros profesores una carrera profesional. Sobre el papel (la legislación estatal existe) los gobiernos autonómicos pueden desarrollarla, pero el PP no se ha atrevido a apostar decididamente por ella, salvo algún episodio muy esporádico en alguna comunidad del PP.

En la enseñanza primaria, la incentivación es la posibilidad de acceder a un cuerpo superior, y en la secundaria, el acceso a los cuerpos de catedráticos de instituto. Me gustaría ver a los consejeros o consejeras de Educación autonómicos del PP anunciar con el mismo bombo mediático con que anunciaron la homologación de la EBAU que en sus comunidades habrá anualmente un acceso a cátedras, bien preparado para que seleccione con rigor a los mejores e incentive a todos. El cuerpo de catedráticos de instituto es uno de los cuerpos funcionariales más antiguos de España. Los catedráticos de instituto aparecen en el Plan Pidal de enseñanza de 1845, y su cuerpo se regula detalladamente en la Ley Moyano de 1857. Nada menos que 179 años de vida. A él han pertenecido docentes de gran prestigio. ¿Lo va a dejar morir el PP? De momento parece que sí. El funeral del cuerpo de catedráticos lo va a oficiar el mismo partido que apostó por su recuperación en la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza.

Hace pocas semanas, la revista Documentación Administrativa publicó un interesante estudio sobre lo que queda del viejo cuerpo de catedráticos de instituto. Solo el 2,72 % del profesorado de enseñanza secundaria pertenece al cuerpo de catedráticos (cuando la ley permite hasta el 30 %). Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura y La Rioja, gobernadas por el PP, no han convocado nunca accesos a cátedras (ni tan siquiera lo han anunciado), siguiendo la política de los socialistas. Madrid y Galicia solo dos veces (en un lapsus de 19 años), Murcia y Castilla y León, una sola vez, a pesar de los muchos años de gobiernos del PP, y ninguna de estas cuatro comunidades se ha comprometido a realizar convocatorias periódicas, como manera de incentivar la carrera profesional. Tan solo Canarias, cuyo consejero no es del PP, ha hecho recientemente una convocatoria. En la Comunidad Valenciana, donde los socialistas hicieron la última convocatoria en 2018, tampoco parece que el PP esté por hacer más.

La pregunta que encabeza este artículo es pertinente y la respuesta, de momento, es que, fuera de algún fuego de artificio mediático, el PP no tiene clara una política educativa, al menos en lo que se refiere a la carrera docente, como lo tiene en otros ámbitos. Quizás porque no le interesa la educación pública. Tras los últimos resultados PISA y la multitud de experiencias vividas sobre la baja calidad del sistema que llevan años transmitiendo los propios docentes, la educación ha de ser una prioridad para el partido que aspira a gobernar España. El PSOE sí tiene una política educativa, la oposición no. Los gobiernos autonómicos del PP están haciendo seguidismo de las políticas educativas que han heredado de los socialistas, con algunos retoques. Pero nada de una alternativa bien pensada, articulada e implementada en los territorios en donde gobiernan, más allá de algunas ocurrencias más o menos electoralistas. ¿Han notado los docentes públicos de las autonomías gobernadas en el PP algún cambio importante en su estatus profesional? La carrera profesional docente es una urgencia, pero parece que al PP le urgen otros temas, lo que le hace responsable de mantener el deterioro de la enseñanza en España. ¿Y pretende que le voten aquellos a quienes les importa de verdad la educación o los docentes que quieren mejorar su estatus profesional?

• Felipe J. de Vicente, catedrático emérito de instituto, miembro de Consejo Escolar del Estado por el grupo de personalidades de reconocido prestigio (2012-2024)