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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián BarbónEUROPA PRESS/JORGE PETEIRO

Inmersión lingüística en Asturias

El plan del PSOE para convertir el bable en lengua oficial: «Ocultaron un informe a todos los asturianos»

La imposición del asturiano como lengua cooficial supondría la antesala de políticas educativas de inmersión lingüística como las que sufren Cataluña, el País Vasco o Galicia, donde el español queda relegado a una lengua secundaria

El pasado 1 de octubre, el PSOE, junto a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, presentó una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias con la finalidad de declarar la oficialidad del asturiano y del eonaviego.

Esta proposición de los socialistas asturianos no salió adelante ya que, para haber sido aprobada, se necesitaba el apoyo de tres quintos del Parlamento, es decir, 27 de los 45 diputados. Una mayoría que ahora no suman y para la que necesitarían, además del apoyo del diputado de Foro, el voto a favor de 3 diputados del PP o Vox, escenario bastante improbable.

La imposición del asturiano o bable como lengua cooficial en Asturias supondría la antesala de políticas educativas de inmersión lingüística como las que sufren Cataluña, el País Vasco o Galicia, donde el español queda relegado a una lengua secundaria y se potencia encarecidamente la lengua cooficial.

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha expresado en numerosas ocasiones su intención de convertir el bable y el eonaviego en lenguas cooficiales del territorio. El pasado 8 de mayo, el líder asturiano aseguró que hará todo lo que esté en su mano para alcanzar un acuerdo para oficializar el bable, que, defiende Barbón, «cuenta con un apoyo mayoritario de la sociedad expresado democráticamente a través de las urnas».

El presidente del Principado de Asturias, Adrián BarbónEFE

Su objetivo es reformar exclusivamente el artículo 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que dicta que «el bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje». Sin embargo, no lo categoriza como lengua cooficial del territorio astur, como sí ocurre en las citadas comunidades autónomas.

Por otro lado, el presidente asturiano emplazó el pasado 24 de septiembre al Partido Popular, liderado en la región por Álvaro Queipo, a virar su postura sobre la cooficialidad del bable, después de que el propio Queipo utilizase la lengua para comunicarse en el Parlamento la semana anterior.

El PSOE pidió al PP «que suelte sus amarras con la extrema derecha en materia lingüística» y expresó su deseo de «superar las diferencias» y «llegar a un consenso» en torno al asturiano.

Los populares, por su parte, acusaron este miércoles a la izquierda de «engañar» a los asturianos con la propuesta de oficializar el bable, ya que no existe una mayoría para ello en la Junta General, ya que el PP «no ha cambiado de opinión en ningún momento y va a votar que no».

Fomento del nacionalismo

Beatriz Zapico, portavoz de la Plataforma contra la cooficialidad, expresó en conversación con El Debate que, al igual que ha ocurrido en Cataluña o el País Vasco, la promoción de las lenguas cooficiales en perjuicio del español fomenta el nacionalismo y el aislamiento del castellano como lengua materna: «La plataforma siempre ha defendido la cultura asturiana, pero la cooficialidad obligaría a todos los asturianos a saber escribir y hablar bable. Y las leyes están para cumplirlas. El Tribunal Constitucional ha sido contundente a la hora de señalar que una lengua cooficial sería vehicular en la educación y todos tendríamos obligación de conocerla»

Además, denunció que el coste de la cooficialidad del bable se elevaría a más de 200 millones de las arcas públicas, hecho que la plataforma critica rotundamente: «Detrás de la imposición lingüística hay un interés ideológico y económico. El gobierno socialista en el año 2020 solicitó un informe que fue realizado por un catedrático de Derecho Constitucional. Se presionó para que valorara cuál sería el coste de la cooficialidad. Bueno, pues dicho informe lo ocultaron a todos los asturianos por lo que se deducía del mismo: que el coste de imponer la cooficialidad superaría los 200 millones de euros».