Un informe revela cómo está fraguando el PSOE la imposición del bable

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha intensificado su batalla por convertir el bable en lengua cooficial del territorio. El pasado 1 de octubre, el PSOE, junto a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, presentó una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias con la finalidad de declarar la oficialidad del asturiano y del eonaviego.

Aunque la proposición no salió adelante, ya que se necesitaba el apoyo de tres quintos del Parlamento asturiano, la Academia de la Llingua Asturiana ha remitido un informe a Barbón, al que ha tenido acceso El Debate, que retrata el plan del Ejecutivo regional para imponer el bable en todos los ámbitos sociales, desde el educativo hasta el municipal.

Según reza el informe, «en una situación de oficialidad, la educación reglada ha de jugar un papel de primer orden que intente paliar los problemas de transmisión en contextos familiares con miembros que cada vez usan más las grandes lenguas de comunicación internacional (castellano e inglés)».

Es por esto que pretenden implementar una materia como asignatura normal y cursada por la generalidad del alumnado y con la imposición de un horario mínimo «que asegure su dominio por parte del alumnado». Asimismo, el informe señala que la aplicación de la oficialidad supondría el reconocimiento de la especialidad docente para el profesorado de lengua asturiana de Primaria y Secundaria.

Hasta ahora, el Marco Europeo de Calificaciones (MEC) ha rechazado el reconocimiento de la especialidad docente ya que ni el asturiano ni el eonaviego son lenguas oficiales reconocidas estatutariamente. «Con la oficialidad, la discriminación histórica del profesorado de nuestras lenguas propias (imposibilidad de estabilización a través de concursos de oposición y de traslado) terminaría así de una vez en favor de la calidad de la enseñanza en Asturias», expresa el documento.

En relación con la imposición del asturiano en las aulas, el Gobierno asturiano pretende llevar a cabo una planificación aplicable a varios años de promoción de la literatura asturiana fuera de la región, sobre todo entre los alumnos de Primaria y Secundaria. Además, se aspira a «fijar contenidos relacionados con la realidad lingüística y cultural asturiana que supusieran un acercamiento de los estudiantes a esta realidad» a través de «cuentos, leyendas, canciones, adivinanzas y fórmulas sencillas».

Otras medidas de promoción del bable

En otro orden de asuntos, se quiere implantar una edición bilingüe del BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) y del Boletín Oficial de la Junta General, cuya edición correría a cargo de la Unidad de Traducción, lo que supondría una «inversión económica inicial para mejorar los actuales sistemas de traducción automática».

Por otro lado, tanto las páginas web de organismos oficiales como las rotulaciones externas e internas de las Consejerías y dependencias de la Junta deberán estar en asturiano. El documento también señala la creación de Oficinas de Promoción Lingüística, que tendría que hacerse con una estructura burocrática y para la que se contratarían a personas para encargarse de la promoción del asturiano a nivel local.

En cuanto a la toponimia, Barbón quiere «revisar», «corregir» y «regular» los actuales topónimos tradicionales en asturiano, lo que supone que la mayoría de los pueblos asturianos deberían cambiar su nombre a la versión en bable, como ya ocurrió en comunidades como Cataluña y que ya se está empezando a ver en Asturias.

Además, el Ejecutivo socialista pretende crear canales de radio y televisión específicos que solamente utilicen el asturiano como lengua de comunicación. En cuanto a los medios privados, el documento especifica que el Principado «debe limitarse a ofertar medidas de carácter fiscal o incentivador que promuevan el uso del asturiano en estos medios».

El coste de la oficialidad

Aunque el Gobierno de Adrián Barbón sostiene que la inversión para convertir el bable en oficial sería de 25 millones de euros, Plataforma Contra la Oficialidad ha relatado a este medio que «oculta que esa inversión supondría un incremento del 4 % del PIB, unos mil millones de euros».