Victoria histórica para un profesor expulsado por no ceder ante las exigencias de un alumno trans

Peter Vlaming ejercía como profesor de francés en un colegio concertado del Estado de Virginia (EE.UU.) hasta que fue expulsado por defender que «el sexo de cada persona es biológicamente fijo y no se puede cambiar», en relación con un alumno transgénero que pedía que el docente se refiriese a él con unos pronombres que no correspondían con su sexo biológico.

Según ha recogido la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario (ANDOC), tanto la Junta escolar como la familia del estudiante solicitaron a Vlaming que utilizase en clase los pronombres con los que se identificaba el alumno, pero el docente se negó.

En su respuesta, Vlaming explicó que no podía cumplir con la solicitud del estudiante debido a sus profundas convicciones religiosas y filosóficas. Argumentó que el sexo de una persona es una característica biológica inmutable que no puede modificarse. Por lo tanto, consideraba que usar el nuevo nombre y pronombres del estudiante sería, en su opinión, equivalente a mentir no solo al propio estudiante, sino también a sus compañeros de clase. Esta posición, basada en sus principios, le impedía aceptar la petición sin comprometer su integridad personal.

Como resultado de su postura, Vlaming fue despedido y decidió demandar a la junta escolar y a la dirección de la escuela, argumentando que sus derechos de libre ejercicio religioso habían sido vulnerados. Sin embargo, el juez desestimó su demanda incluso antes de revisar las pruebas presentadas. El caso permaneció cerrado hasta que, en diciembre de ese mismo año, la Corte Suprema del estado decidió reabrirlo.

Con el respaldo de Alliance Defending Freedom, Vlaming emprendió una batalla legal en la que, paradójicamente, también enfrentó una demanda por parte de la escuela. Lo acusaron de violar las políticas antidiscriminación al negarse a usar los pronombres elegidos por el estudiante.

Ambas demandas continuaron avanzando en el sistema judicial, y finalmente, la Corte Suprema determinó que el despido de Vlaming constituía una violación a su derecho a la práctica religiosa, tal como lo protege la Constitución de Virginia.

Finalmente, la junta escolar de Virginia llegó a un acuerdo con Vlaming, en el cual se comprometió a indemnizarlo con 575.000 dólares. Además, aceptó eliminar de su expediente el registro de su despido y realizar ajustes en sus políticas para alinearse con las recientes disposiciones estatales impulsadas por el gobernador republicano Glenn Youngkin, que enfatizan el respeto a la libertad de expresión.