El Gobierno ahoga a las universidades privadas con una ley «intervencionista» y contraria al derecho europeo

Durante el ejercicio del curso pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley Orgánica sobre el Sistema Universitario en la que añadía más trabas a la universidad privada. Tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta norma solicita a las universidades tanto públicas como privadas un informe preceptivo y favorable sobre la necesidad y viabilidad académica, económica y social de la implantación del título universitario oficial por la Comunidad Autónoma competente, entre otros requerimientos.

Esto supone que una universidad, aunque no reciba fondos emanados de las arcas públicas, debe dar cuenta al Estado de la viabilidad económica de la misma, como condición para que sus títulos tengan un carácter oficial. Además, el Ejecutivo dictó que se deberá entregar también un «informe favorable a efectos de la verificación de la calidad de la memoria del plan de estudios por la agencia de calidad correspondiente», así como la necesaria «verificación por el Consejo de Universidades del plan de estudios y la autorización de la implantación de este por la indicada Comunidad Autónoma».

Esta ley, tachada por varios sectores de «intervencionista», establece también que el Gobierno podrá poner límites máximos de admisión de estudiantes en cualquier carrera universitaria impartida en entidades privadas «por motivos de interés general».

Este pasado martes 22 de octubre, se celebraron en la sede de Madrid de la Universidad de Navarra, las primeras Jornadas sobre asuntos jurídicos y laborales, destinadas a universidades privadas sin ánimo de lucro, a las que asistieron representantes de la gran mayoría de universidades españolas sin ánimo de lucro.

Durante estas jornadas Fernando Lostao Crespo, asesor jurídico de la Fundación Universitaria CEU San Pablo, abordó cuestiones relativas a esta ley «que pretende someter al mismo grado de control e intervención a las universidades públicas, qué es lógico que lo sufran, dado que son financiadas principalmente por dinero público, que a las universidades privadas, que no cuentan con esta ayuda», espetó Lostao.

En su intervención explicó que la LOSU extiende a todas las universidades, incluidas las del ámbito privado, estos requerimientos, mientras que en la anterior norma vigente, la LOU, se limitaba a las universidades de su competencia, es decir, las financiadas por el Estado.

Según Lostao, esta ley del Gobierno de Sánchez «es contraria al derecho europeo, a los principios administrativos de intervención mínima y a la incipiente jurisprudencia», por lo que aconseja a las universidades privadas «alegar, negociar y en su caso recurrir en base al derecho europeo de servicios».

Asimismo, recomienda la aplicación derecha del derecho europeo, como la declaración responsable en casos como el incremento de alumnos. Además, recuerda «la vía europea como posibilidad», con denuncias a la Comisión Europea o recursos a los tribunales.

Nuevas trabas a la privada

Por otro lado, el Gobierno exigirá ahora a las nuevas universidades privadas que se creen que adjunten un proyecto «habitacional» asociado, que está previsto en la norma en que trabaja el Ejecutivo para «endurecer» la creación de estas universidades.

Así lo explicó el pasado 16 de octubre la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el acto de firma de un protocolo entre su ministerio, el de Vivienda y el de Economía para la promoción de viviendas asequibles para colectivos asociados a la vida universitaria (estudiantes, docentes e investigadores).

Morant defendió que en determinadas ciudades en las que se han instalado universidades privadas —entre las que ha citado Villanueva de la Cañada (Madrid), Sardañola del Vallés (Barcelona) o San Vicente del Raspeig (Alicante)— los precios se han disparado y el mercado inmobiliario se ha tensionado.