La quejas de los rectores por falta de financiación se extienden, independientemente del color político

Las quejas de las universidades por falta de financiación no entienden de color político y a las críticas de los rectores de las universidades de Madrid y Andalucía se han sumado las demandas de Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Canarias.

Otras comunidades como Cantabria, Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia, Murcia, Asturias, Aragón, Galicia, La Rioja o Baleares se muestran satisfechas con los convenios de colaboración firmados para los próximos años ya que ven garantizado un nivel de inversión que va aumentando. Planes de financiación que van de tres a cinco años y que en la mayoría de los casos están recién firmados o se están volviendo a negociar.

No obstante, según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) existen desajustes en el esfuerzo financiero que hacen las comunidades autónomas con sus universidades. Mientras las de Madrid y Barcelona son las peor financiadas, las del País Vasco y Cantabria destacan por su elevada inversión por alumno, que llega hasta una media de 9.000 euros, frente a los 5.500 de las primeras.

Los recortes presupuestarios provocados por la crisis de 2010 generaron una brecha que no se ha logrado revertir y en 2022 los ingresos y gastos de las universidades públicas fueron un 14 % inferiores a los de 2009.

Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas han sido los primeros en unirse para avisar al gobierno del PP de Madrid de que su situación «es crítica», y aunque han conseguido un aumento del 4,2 % de la financiación reclaman un modelo plurianual que asegure su sostenibilidad.

A Madrid se sumaron en pocos días los rectores de las nueve universidades públicas andaluzas que han urgido al presidente del gobierno regional, Juanma Moreno el pago de la deuda de casi 50 millones de euros, correspondiente a 2024. Una situación de infrafinanciación que también lamentan universidades de otras cuatro comunidades autónomas de muy distinto color político.

Cataluña y País Vasco también reclaman

Desde la formación del gobierno de Salvador Illa (PSC) todos los rectores han mantenido reuniones con la conselleria de Innovación para reivindicar una financiación pública básica y recurrente de 1.400 millones de euros para 2025.

El Govern aún no ha presentado los presupuestos del próximo año, pero en su toma de posesión como rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, dejó claro que el presupuesto de la UAB en 2024 fue la mitad del que tenía en 2010.

En Canarias, las universidades públicas de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la de La Laguna (ULL), exigen suscribir «de manera imperiosa» un nuevo programa de financiación que asegure estabilidad para los próximo años y cumpla con la inversión del 1 % del PIB en 2030. Es una reclamación que llevan años haciendo.

En Castilla y León, el rector de la Universidad de Valladolid avisó en su discurso de apertura del curso ante el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que la falta de financiación es una de las principales preocupaciones de las cuatro universidades públicas.

Los rectores de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, plantean la necesidad de una financiación plurianual en vez del modelo trimestral que es el que rige actualmente, mediante cuatro transferencias anuales.

La Universidad de Salamanca (USAL) está en conversaciones con la Junta para aumentar su financiación de acuerdo a criterios vinculados al número de alumnos, pero también a su producción científica y transferencia de conocimiento, han indicado fuentes de la institución a Efe que confían en que llegar pronto a un acuerdo.

En País Vasco, el rector electo de su universidad, Joxerramon Bengoetxea, que tomará posesión en enero defiende una inversión «potente» en infraestructuras y materiales y ha avisado de la «la necesidad de contar con más profesores con buenas condiciones laborales» y con mejores instalaciones.

Sin quejas en otros territorios

El Gobierno de Cantabria (PP) y la Universidad firmarán muy pronto un contrato-programa plurianual que recogerá cantidades específicas para los tres años de vigencia, mientras que el Ejecutivo de Extremadura (PP) ha aumentado en 7,5 millones de euros la financiación a su universidad, lo que eleva la cifra a 151,3 millones de euros en 2025.

Tampoco hay queja en el Principado de Asturias (PSOE), que ha acordado con la Universidad de Oviedo un nuevo convenio de colaboración para recibir 1.000 millones de euros entre 2023 y 2028.

El Gobierno Foral de Navarra (PSOE) está en plena negociación de financiación, al tiempo que el Ejecutivo aragonés firmó en 2022 con el PSOE un modelo global de inversión que garantiza 1.082 millones de euros hasta 2026 y el ejecutivo de Jorge Azcón (PP) ha mantenido.

La Universidad de Castilla-La Mancha (Gobierno regional PSOE) no tiene problemas de financiación dado que ha firmado sucesivos contratos-programa por cinco años con la administración y de momento los consideran suficientes.

También en Baleares (PP) se trabaja durante años con planes plurianuales al igual que en Galicia (PP) donde el último plan firmado entre la Conselleria de Educación y las universidades estará vigente hasta 2026.

En la Región de Murcia (PP), las universidades públicas se ven en un escenario de seguridad financiera tras un convenio dotado con 1.300 millones de euros hasta 2029 y fuentes de ambas universidades inciden a EFE en que su situación «dista mucho de la de la Comunidad de Madrid y Andalucía y el clima es de entendimiento».

También hay diálogo «constante» entre la Universidad de La Rioja y la Consejería de Educación del Gobierno riojano (PP) y en ese marco están trabajando en un nuevo Plan de Financiación Plurianual, señalan a Efe mientras que en la Comunidad Valenciana (PP) el gobierno estaba en proceso de negociación del Plan de Financiación pero lo ha paralizado por la dana.