El personal docente investigador de las universidades privadas goza de más estabilidad que en las públicas

El Informe CYD 2024, elaborado por la Fundación CYD, analiza en profundidad la financiación de las universidades españolas, comparando su situación con la de otros países de la OCDE en términos de gasto en educación superior y revisando la evolución y composición de los ingresos y gastos no financieros de las universidades públicas presenciales. Además, aborda aspectos clave del personal docente e investigador (PDI), incluyendo género, edad, estabilidad laboral y su evolución en los últimos años.

En términos de inversión, España se encuentra por debajo del promedio internacional. Según el informe Education at a Glance 2024, el gasto por estudiante en educación superior en España en 2021 fue de 15.099 euros, un 23,6 % menos que la media de la OCDE (19.774 euros) y un 21,8 % por debajo del promedio de la UE (19318 euros). De los 38 países analizados, España ocupa el decimotercer lugar más bajo, siendo superada por países como Estados Unidos, Reino Unido y Suecia.

En cuanto al gasto público en educación superior, representa solo el 2,19 % del gasto público total, inferior al promedio de la OCDE (2,72 %) y de la UE (2,44 %). En 2021, el 67 % del gasto total en instituciones de educación superior en España procedía del sector público, mientras que el 31 % provenía del sector privado, un porcentaje superior al promedio de la OCDE (28 %) y de la UE (20 %).

Incremento de los ingresos y gastos

En 2022, los ingresos no financieros de las 47 universidades públicas presenciales alcanzaron los 11.358 millones de euros, mientras que los gastos no financieros sumaron 10.869 millones, reflejando incrementos del 8 % y del 7,2 %, respectivamente, respecto al año anterior. Aunque estos valores representan un aumento del 12 % en comparación con 2009, en términos reales, teniendo en cuenta un incremento de precios del 26,3 % entre 2009 y 2022, los niveles actuales siguen estando un 14 % por debajo.

En cuanto a la composición de los ingresos, el 65,7% proviene de transferencias corrientes, el 17,8 % de transferencias de capital y el 16 % de tasas y otros ingresos. En el capítulo de gastos, el 65,1 % corresponde a personal, reflejando el peso significativo de esta partida en el presupuesto universitario.

El informe destaca la insuficiencia crónica en la financiación universitaria, agravada por los recortes derivados de la crisis de la deuda soberana de 2010. Según Montse Álvarez, del gabinete técnico de la Fundación CYD, es necesario un esfuerzo adicional para recuperar niveles adecuados de financiación y alcanzar estándares internacionales, como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que propone un mínimo de financiación pública del 1 % del PIB.

En el curso 2022-2023, las universidades públicas de La Rioja, Navarra y el País Vasco lideraron en transferencias corrientes y de capital por alumno, con cifras de 9.689 euros, 9.210 euros y 9.065 euros, respectivamente. En contraste, Murcia, Cataluña y Madrid registraron los niveles más bajos. En términos de recaudación por tasas, las universidades de Madrid, Cataluña y Aragón ocuparon los primeros puestos, mientras que Andalucía, Canarias y Galicia presentaron las cifras más bajas.

Aumento del PDI en las privadas

El análisis del personal docente e investigador revela diferencias significativas entre las universidades públicas y privadas. En 2022-2023, el PDI totalizó 137.090 trabajadores, de los cuales el 18,5 % pertenecían a instituciones privadas. Estas últimas experimentaron un incremento del 26,4 % en su plantilla desde 2018-2019, frente al 6 % en las públicas. Además, las privadas destacan por una mayor proporción de mujeres (47 % frente al 43,5 %), mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial (60 % frente al 40 %) y mayor estabilidad laboral, con un 82,4 % de contratos indefinidos frente al 15,4 % en las públicas.

Desde 2013-2014, el PDI funcionario en las universidades públicas ha disminuido un 11,7 %, mientras que el contratado aumentó un 36,7 %, reduciendo el peso relativo de los funcionarios en más de 10 puntos porcentuales. Esto ha generado una mayor precarización y un notable envejecimiento del PDI en las universidades públicas, donde la edad promedio supera los 50 años. Se estima que en la próxima década se jubilarán 24.823 docentes, representando el 18,1 % del total del sistema universitario, lo que plantea un desafío para el relevo generacional.

Finalmente, el informe resalta las desigualdades de género en la carrera académica. Las mujeres constituyen solo el 27,4 % de los catedráticos universitarios, pese a representar el 44,2 % del PDI total, y están infrarrepresentadas en áreas como informática (19,9 %) e ingeniería (25,3 %). Para revertir esta situación y atraer talento internacional, el informe subraya la necesidad de ofrecer condiciones laborales competitivas y otorgar mayor autonomía a las universidades en la gestión de su personal.