Centro Penitenciario de Córdoba
Más de 2.600 presos consiguieron el diploma de FP durante el año 2024
Los cursos se han centrado en operaciones auxiliares de confección industrial y de pintura, operaciones básicas de recogida y tratamiento de residuos municipales e industriales, actividades auxiliares de cocina y operaciones básicas de panadería y bollería
Un total de 2.661 personas privadas de libertad en España han superado durante 2024 los cursos de formación profesional para el empleo impartidos en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se imparte en los mismos términos que en el exterior, lo que supone un incremento de un 6 por ciento respecto al año anterior.
Durante el acto de entrega de diplomas a 72 internos del Centro Penitenciario de Córdoba, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado la formación como una «herramienta esencial» para lograr la reinserción social de los presos, que es «una de las prioridades de la administración penitenciaria».
El ministro ha destacado la importancia de los recursos que dotan de «destrezas profesionales» y permiten a los internos «alcanzar la plena capacitación en un oficio o una profesión que dé respuesta, también, a las múltiples necesidades que plantea la sociedad».
Además, ha agradecido el trabajo colectivo de todas las instituciones y el personal participante en los cursos de formación por su «capacidad transformadora» y por el mensaje que trasladan a la sociedad.
Por su parte, la ministra de Trabajo ha señalado a los medios antes del acto que la formación es «clave a lo largo de toda la vida» y más aún «en las personas con mayor vulnerabilidad», por lo que ha animado a «seguir en la misma dirección».
Con carácter anual, la Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal suscriben el convenio para el impulso de acciones de formación profesional en los espacios en los que residen las personas privadas de libertad, un documento renovado a finales de 2024 y que cuenta con un presupuesto de mas de 4,8 millones de euros.
En los últimos doce meses, la colaboración entre ambas instituciones ha permitido la programación de 206 cursos para 3.286 alumnos en los centros penitenciarios y centros de inserción social dependientes de la Administración General del Estado, de los que «más del 75 por ciento han logrado la certificación», ha resaltado la ministra.
El objetivo es la cualificación profesional de las personas privadas de libertad, de manera que puedan ver reforzadas sus posibilidades de inserción laboral una vez finalizado el cumplimiento de la condena, mientras que las especialidades más programadas están vinculadas a las áreas de albañilería, gestión ambiental, panadería, pastelería, restauración, jardinería y confección.
Por otro lado, casi un tercio de los 206 cursos se han impartido en los establecimientos penitenciarios de Andalucía, donde 719 personas han obtenido la acreditación correspondiente, mientras que en el caso del Centro Penitenciario de Córdoba, 63 alumnos han superado la formación en 2024.
Los cursos se han centrado en operaciones auxiliares de confección industrial y de pintura, operaciones básicas de recogida y tratamiento de residuos municipales e industriales, actividades auxiliares de cocina y operaciones básicas de panadería y bollería.