Trump declara la guerra a la «cultura woke» en la Universidad
En muchas universidades, estas políticas han sido adoptadas como parte del discurso dominante, generando tensiones con sectores conservadores que las ven como una amenaza a la libertad de expresión y el pensamiento crítico
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez representa un punto de inflexión para la educación superior en Estados Unidos. Con una agenda marcada por la desregulación y el rechazo a las iniciativas progresistas que han proliferado en los campus en los últimos años, su administración se perfila como un desafío al statu quo académico. En el centro de su estrategia se encuentran reformas clave en la acreditación, la financiación, la gobernanza y el clima ideológico de las universidades.
El triunfo electoral de Trump en 2024 ha puesto de manifiesto la fractura política en torno al papel de las universidades en la sociedad. Su base de apoyo, en gran medida compuesta por votantes sin titulación universitaria, ve con recelo la deriva ideológica de muchas instituciones académicas, que han sido acusadas de favorecer el pensamiento progresista. En este contexto, la educación superior se ha convertido en un campo de batalla político donde se dirimen cuestiones como la libertad de expresión, las políticas de diversidad y el activismo estudiantil.
Durante su campaña, Trump presentó una serie de reformas que transformaran significativamente el panorama universitario estadounidense. Entre las más destacadas se encuentran:
1. Reforma del sistema de acreditación: Trump ha criticado a los organismos de acreditación, a los que tacha de «guardianes de la izquierda radical». Su administración buscará reformar estos organismos para favorecer a instituciones que ofrezcan formaciones orientadas al empleo y con menor coste, promoviendo la competencia y la eficiencia.
2. Supresión de las burocracias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI): El exmandatario ha expresado su intención de eliminar cualquier requisito de DEI impuesto por las agencias de acreditación, alineándose con el movimiento conservador que busca limitar la influencia de estas iniciativas en los campus.
3. Acreditación basada en resultados: Trump propone vincular la acreditación universitaria a indicadores objetivos de éxito estudiantil, como la empleabilidad y los ingresos de los graduados, en lugar de criterios tradicionales como el prestigio académico o la solvencia financiera de las instituciones.
4. Desvinculación de la acreditación de la financiación federal: Su plan contempla la eliminación de los acreditadores como intermediarios en la distribución de los fondos federales del Título IV, trasladando la supervisión financiera al Departamento del Tesoro o aseguradoras privadas, con el objetivo de reducir la burocracia y aumentar la transparencia.
El segundo mandato de Trump ha arrancado con una batería de órdenes ejecutivas que ya han comenzado a generar tensión en el ámbito académico:
1. Fin del trato preferencial y refuerzo de la meritocracia: Se ha ordenado a las agencias federales vigilar estrictamente el cumplimiento de las leyes de derechos civiles y retirar fondos a instituciones que apliquen políticas de «discriminación inversa». La administración se apoya en la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso Students for Fair Admissions v. Harvard, que restringió la acción afirmativa en las admisiones universitarias.
2. Control sobre la inmigración y la seguridad nacional: Trump ha endurecido la supervisión de estudiantes extranjeros, especialmente aquellos procedentes de países considerados una amenaza para la seguridad nacional. Esto incluye la posibilidad de revocar visados por actividades políticas «antiamericanas».
3. Reafirmación de las definiciones biológicas en las políticas educativas: Su administración ha prohibido el uso de fondos federales para programas que promuevan la ideología de género en las universidades, lo que podría afectar la aplicación del Título IX y el acceso a instalaciones y competiciones deportivas según la identidad de género.
A pesar del respaldo del Partido Republicano, Trump enfrentará una ardua batalla para implementar estas medidas. Un Congreso dividido podría bloquear parte de su agenda legislativa, mientras que las universidades y grupos de derechos civiles ya han anunciado litigios para frenar las reformas más controvertidas. Asimismo, algunas medidas podrían ser revertidas por futuras administraciones, lo que introduce un grado de incertidumbre sobre la sostenibilidad de estos cambios.
Uno de los puntos de mayor fricción entre el trumpismo y el mundo académico es la llamada «cultura woke», un término utilizado para referirse a las iniciativas progresistas en temas de género, raza y justicia social. En muchas universidades, estas políticas han sido adoptadas como parte del discurso dominante, generando tensiones con sectores conservadores que las ven como una amenaza a la libertad de expresión y el pensamiento crítico. La administración Trump, al intentar revertir estos retrocesos a la libertad, coloca a las universidades en una encrucijada: resistir estas medidas y afianzar su rol como bastiones del progresismo o adaptarse a una nueva realidad política donde la diversidad de pensamiento y la neutralidad ideológica podrían ganar terreno.
El segundo mandato de Donald Trump promete un cambio profundo en la educación superior estadounidense, con un enfoque centrado en la desregulación, la eliminación de las iniciativas progresistas y una mayor fiscalización del uso de fondos federales. Sin embargo, la efectividad de su agenda dependerá no solo del respaldo político y judicial, sino también de la capacidad de las universidades y sectores progresistas para frenar sus reformas. Lo que está claro es que el debate sobre el futuro de la educación superior se ha convertido en una de las principales trincheras de la guerra cultural en Estados Unidos.
- Jorge Sainz es catedrático de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos