Calidad y cercanía, claves del auge de la universidad privada

La semana pasada en el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Sumar y enmendada por el PSOE, que hacía patente que en ciertos sectores de la sociedad española existe la percepción de que la educación debería ser gestionada exclusivamente por el sector público, asociando la educación privada con baja calidad y motivaciones lucrativas que amenazan el bienestar ciudadano. Sin embargo, es fundamental reconocer que ambos sectores pueden complementarse y jugar un papel esencial en el beneficio de la sociedad. En la educación universitaria, particularmente, la calidad no es exclusiva de las instituciones públicas, ya que todas las universidades, tanto públicas como privadas, están reguladas bajo los mismos estándares y normativas.

El sistema de educación superior español cuenta con 92 universidades: 50 públicas y 42 privadas, además de 215 centros adscritos que ofrecen formación superior, aunque los títulos son emitidos por las universidades a las que están vinculados. La mayoría de los estudiantes de grado y posgrado optan por universidades públicas. En el curso académico 2023-2024, de un total de 1.428.609 alumnos, 1.086.027 (76,02 %) se matricularon en universidades públicas, mientras que 259.845 (18,19 %) lo hicieron en universidades privadas y 82.737 en centros adscritos privados, sumando estos últimos un 23,98 %.

Al analizar por separado los estudios de grado y máster, se observa una mayor preferencia por instituciones privadas en los programas de posgrado. Las universidades privadas y centros adscritos concentran el 33,2 % de los alumnos de máster, en contraste con el 22,5 % en los grados. Esto sugiere que los estudiantes de posgrado valoran factores diferenciadores como la formación práctica impartida por profesionales y el networking profesional.

El sector privado educativo representa aproximadamente el 24 % del total de estudiantes, con 342.582 alumnos. Esto no solo alivia la carga en las universidades públicas, sino que también tiene un impacto financiero significativo para las comunidades autónomas. En 2023, el aporte medio por estudiante de grado en universidades públicas fue de 5.698 euros anuales, generando un ingreso total de 5.438 millones de euros para estas instituciones. Sin embargo, este importe varía considerablemente entre comunidades y universidades, oscilando entre 2.057 y 9.615 euros por alumno. Considerando estos datos, la existencia de plazas en instituciones privadas representó un ahorro estimado de 1.579 millones de euros para el sistema público de educación superior. Además, la menor densidad de estudiantes en las aulas favorece una atención más personalizada, elevando la calidad de la enseñanza.

El 57 % de la oferta de plazas se concentra en tres comunidades autónomas: Madrid (23 %), Cataluña (17 %) y Andalucía (17 %). Al comparar estas cifras con la población de 24 a 29 años, Cataluña y Andalucía mantienen un peso similar (17 %), mientras que Madrid muestra un peso superior (23 % frente a 15 %). Al aplicar un índice que considera población en edad universitaria, PIB per cápita, población con estudios obligatorios, tasa de paro y tasa de actividad, el peso de la Comunidad de Madrid se ajusta al 22 %. Además, es importante considerar el alumnado internacional, que en 2023 alcanzó los 149.278 estudiantes, de los cuales 36.068 cursaron estudios de grado en Madrid, lo que desmiente una supuesta sobreoferta formativa en esta comunidad.

En cuanto a los centros adscritos, de los 215 existentes, 160 son privados y la mayoría (122) están vinculados a universidades públicas, certificando a 82.737 estudiantes de grado y máster. Los ingresos generados por estos centros representan aproximadamente el 20% de los ingresos de las universidades públicas, unos 245 millones de euros. Cataluña lidera con 73 centros adscritos, 41 vinculados a universidades públicas, y 26.054 alumnos, generando alrededor de 90 millones de euros (36,6 % del total). Le sigue Madrid con 40 centros, 23 vinculados a universidades públicas, 13.351 alumnos y 48 millones de euros (19,7 %). Andalucía tiene 20 centros, 15 vinculados a universidades públicas, 9.544 alumnos y 38 millones de euros (15,4 %).

Es notable que no todas las comunidades autónomas cuentan con centros adscritos. Castilla-La Mancha, con una sola universidad pública, carece de universidades privadas y centros adscritos. Navarra y La Rioja, aunque cuentan con universidades públicas y privadas, tampoco tienen centros adscritos.

A pesar de que los alumnos de grado o posgrado cuentan con programas subvencionados por las comunidades autónomas (unos 1.100 euros anuales frente a un coste real de 6.000 euros), muchos eligen universidades privadas. La razón principal para optar por universidades públicas es el precio, aunque las plazas son limitadas y el acceso depende de las calificaciones. Aquellos con notas más bajas deben optar por universidades privadas o cambiar su elección de estudios. Además, la exclusividad de las universidades privadas, con menos alumnos por aula, facilita una relación más cercana entre profesor y alumno, mejorando la pedagogía. El perfil del profesorado también influye: aunque la formación es similar en ambos sectores, la figura del funcionario en las universidades públicas permite una dedicación diferente a la docencia. En las universidades privadas, la evaluación del desempeño es más rigurosa, lo que fomenta un mayor compromiso y dedicación. Finalmente, el control de asistencia es más estricto en las universidades privadas, lo que repercute positivamente en los resultados académicos.

• Antonio Díaz Morales, Ph.D. en la Universidad Autónoma de Chile.