El Gobierno abre las vías para cerrar universidades privadas ya existentes que no tengan más de 4.500 alumnos

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha encabezado una cruzada legislativa contra ciertas universidades de carácter privado, las cuales el presidente no dudó en tachar de «chiringuitos educativos» este lunes, durante su intervención en el acto 'En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social', donde también la aprobación de un Real Decreto que pondrá coto a las universidades privadas de todo el territorio nacional, endureciendo los criterios para su creación. anunció

Ahora, el Ejecutivo central plantea revocar las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con una masa crítica de 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio o no destinen un 5 % de su presupuesto total a programas de investigación, según se desprende del nuevo decreto sobre creación de nuevos centros universitarios que este miércoles entra en consulta pública.

En el borrador del real decreto al que ha accedido El Debate, y que recibirá enmiendas de la comunidad educativa, el Ejecutivo avisa de que estas medidas «lógicamente afectan por igual a las nuevas propuestas para crear o reconocer una universidad y a las universidades que ya están en funcionamiento».

En el documento, firmado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la socialista Diana Morant, utiliza como excusa para cerrar universidades privadas que «la norma introduce una serie de medidas encaminadas a reforzar los requisitos de calidad en el proceso de creación, reconocimiento y autorización de las universidades, destinadas, precisamente, a robustecer la confianza del estudiantado, de sus familias y del conjunto de la ciudadanía en el rigor de sus instituciones universitarias, en la calidad de los títulos que obtienen y en la excelencia de la investigación que se desarrolla en sus grupos de investigación, departamentos o institutos».

Además, recalca que serán vinculantes para la creación de un centro universitario los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), en el caso de una universidad de ámbito estatal, de la agencia de evaluación autonómica en caso de ámbito regional, y el de la Conferencia General de Política Universitaria, donde está presente el ministerio y las comunidades autónomas.

El decreto endurece los requerimientos de sostenibilidad económica del promotor de la universidad, con un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o instrumento legal similar, y señala además que la universidad deberá garantizar en el tercer año de actividad académica el alojamiento a estudiantes equivalente al 10 % de las plazas de enseñanzas de grado y que lo podrá hacer a través de convenios con fundaciones y empresas.

Por otra parte, la universidad deberá captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2 % de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años y en caso de incumplimiento y tras un primer apercibimiento si transcurridos otros dos años sigue sin cumplir «será motivo de revocación de la autorización de actividad de la universidad».