El Gobierno financia con 700.000 € a los rectores que secundan su guerra contra la universidad privada

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha encabezado una cruzada legislativa contra ciertas universidades de carácter privado, las cuales el presidente no dudó en tachar de «chiringuitos educativos» durante su intervención en el acto 'En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social', donde también anunció la aprobación de un Real Decreto que pondrá coto a las universidades privadas de todo el territorio nacional, endureciendo los criterios para su creación.

Estos cambios en los requisitos para la creación de nuevas universidades plantean también revocar las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio o no destinen un 5 % de su presupuesto total a investigación, según se desprende del nuevo decreto que este miércoles entró en consulta pública.

Este nuevo Real Decreto, que se aprobará por la vía urgente en mayo, ha sido secundado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), quienes expresaron en un comunicado su apoyo a la decisión del Ejecutivo de restringir la apertura de universidades privadas y elevar las exigencias.

Según consta en el Sistema Nacional de Publicidad, de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP), el Gobierno de Sánchez ha regado con más de 700.000 euros a esta entidad durante los últimos años. La última partida dineraria data del 26 de diciembre del año 2024 por valor de 30.000 euros, monto que recibió la CRUE a modo de subvención directa sin contraprestación y, además, nominativa, es decir, a dedo. En concreto esta entrega emana de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares.

En el año 2023, la CRUE recibió por parte del Ejecutivo central un total de 142.738 euros en tres partidas diferentes de subvenciones sin contraprestación. Dos de estas donaciones también fueron asignadas a dedo —la primera, de 65.000 euros del Ministerio de Exteriores y la segunda, de 70.000 euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morant—, mientras que la tercera, de 7.738,56 euros, se enmarca dentro de las ayudas para «la descripción y digitalización de archivos con Patrimonio Documental con una antigüedad superior a cuarenta años, de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, centros educativos públicos».

Por su parte, en 2022, el Ministerio de Universidades subvencionó con 250.000 euros a la CRUE en una primera partida, el Ministerio de Asuntos Exteriores con 65.000 euros y de nuevo el Ministerio de Universidades con 70.000 euros, todas ellas nominativas. En 2021, recibió otros 135.000 divididos en dos entregas de parte del Estado.

La privada, contra el decreto

El Foro Emilia Pardo Bazán, que representa a 35 universidades privadas, ha manifestado de forma unánime su posición crítica respecto al Real Decreto que afecta a la creación, reconocimiento y autorización de universidades.

Tras reunirse con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reafirmó este jueves su total compromiso con la calidad y excelencia del sistema universitario y el desacuerdo con un proyecto que, a su juicio, «no responde adecuadamente a la realidad ni a las necesidades del sistema universitario en su conjunto». El Foro considera «inaceptable» la exposición de motivos que acompañan al proyecto al considerar que parte de un planteamiento «erróneo» y ofrece una «visión distorsionada de las universidades privadas».

«Éstas, al igual que las de titularidad pública, contribuyen a la diversidad del sistema educativo ya garantizar el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior. Además, garantizan el cumplimiento de la misión de la Universidad: docencia de calidad, investigación rigurosa y transmisión del conocimiento», asegura en un comunicado.

Por otro lado, estas universidades privadas afirman que el proyecto «genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones, sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente». «Estas amenazan la estabilidad de las universidades y siembran incertidumbre sobre su futuro y el de todos los estudiantes universitarios», advierte.