El próximo 19 de junio, porque así lo decidió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el «Gobierno del cambio» se enfrentará a las urnas. Lo hará después de tres años y medio de gestión, que sucedieron, en enero de 2019, a casi otros 37 de corrupción y clientelismo en la comunidad. Los andaluces deberán decidir, en su caso, si quieren «seguir avanzando» o, por el contrario, «retroceder» a las políticas socialistas, según el propio Moreno.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos, socios de Gobierno, se presentan, por separado, como artífices del «cambio», por el que apostó, en diciembre de 2018, el 39 % de los andaluces (suma PP-Cs) y que fue posible gracias al 11 % que confió en Vox. Ahora, los partidos que conforman el «Gobierno del cambio» cuentan con unas credenciales de gestión de cara al 19-J; en 2018, a la inversa, concurrieron a las elecciones sin esos avales, sólo con dos programas electorales que, combinados, dieron lugar a un pacto de 90 «medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía».
Así, en este acuerdo que alcanzaron el Partido Popular y Ciudadanos el día de Navidad de 2018, se recogía una batería de actuaciones para llevar a cabo una «regeneración democrática e institucional». Desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, sería el encargado de liderar las operaciones.
El candidato de Ciudadanos a las elecciones de Andalucía, Juan MarínEFE
Supresión de los aforamientos
La medida estrella de Ciudadanos no sólo para la legislatura recientemente concluida, sino también para la anterior –con el PSOE-A aún en San Telmo–, ha sido la supresión de los aforamientos. En 2015, la formación naranja suscribió un pacto con el PSOE-A para la investidura de Susana Díaz en el que se contemplaba la «eliminación de los aforamientos a nivel autonómico». Los «incumplimientos» de dicho pacto precipitaron la ruptura de la alianza de centro-izquierda y el posterior adelanto electoral.
Del mismo modo, en el punto 3 del apartado «Despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción» de la sección «Regeneración democrática e institucional» del acuerdo de Gobierno PP-Cs en Andalucía, aparecía el siguiente compromiso: «Aprobaremos un Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía en los términos que actualmente se encuentran regulados para acabar con tales fueros y privilegios».
Juan Marín e Inés ArrimadasEuropa Press
Ciudadanos lograba, así, incluir en el pacto una de sus promesas electorales. «Suprimiremos los aforamientos políticos para acabar con la impunidad de los políticos corruptos» (punto 43 de su programa de 2018), prometieron. Era, además, una «medida urgente» (punto 4) que, junto con el Partido Popular, se había propuesto acometer en los primeros 100 días del nuevo Gobierno.
Sin embargo, siete años después de irrumpir en el Parlamento andaluz con este compromiso, y poder abordarlo desde el Ejecutivo desde enero de 2019, la formación naranja no ha conseguido suprimir los aforamientos en la comunidad. «Por el final de la legislatura», justifican. Como primer paso previo a la reforma del Estatuto, el Pleno de la Cámara autonómica aprobaba, en mayo de 2019, una proposición de ley de Cs y el PP bloqueada, posteriormente, en la Comisión de Desarrollo Estatutario, presidida por la socialista María José Sánchez Rubio.
Otras promesas incumplidas
La Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía, que contemplaría, entre otras cosas, la reducción del número de altos cargos de la Administración, era otro de los compromisos que adquirió el nuevo Gobierno para sus primeros 100 días (punto 6). En abril de 2019, el Ejecutivo andaluz desechaba la idea, dado que ya se estaban aplicando medidas al respecto y, se aseguraba, no era necesaria, por consiguiente, una ley específica.
La limitación de mandatos de un presidente de la Junta y de los consejeros a un máximo de ocho años; la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, que conllevaría «una mejora de la proporcionalidad en el reparto de escaños que garantice una mayor igualdad en el voto de todos los andaluces» y «una reducción de los gastos electorales» y haría obligatoria la celebración de debates electorales, y la «maldita» comisión parlamentaria de la Faffe, cuyo dictamen quedó sin aprobarse a causa de la convocatoria de los comicios, son otras de las promesas incumplidas que repiten en el programa electoral de Ciudadanos para el 19-J.
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