La obsesión de la izquierda andaluza con el «fascismo» catapulta a Juanma Moreno

Vox acababa de dar la campanada al entrar por primera vez en un parlamento autonómico con 12 diputados. La izquierda puso el grito en el cielo. José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE, acusó al PP de haber abierto «la puerta de las instituciones a la extrema derecha». La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, prometió defender a los andaluces de Santiago Abascal: «Ante cada palabra de racismo, ante cada palabra de machismo, ante cada palabra de transfobia, ante cada palabra de homofobia nos van a tener delante».

El día en que Moreno pronunció su discurso de investidura la izquierda rodeó el Parlamento de Andalucía

Incluso rodearon el Parlamento de Andalucía el día en que Juanma Moreno pronunciaba su discurso de investidura para convertirse en el presidente de un gobierno de coalición con Ciudadanos, con apoyo externo de Vox. El PSOE andaluz fletó autobuses. Tres de sus consejeros en funciones secundaron la protesta, en la que participaron medio centenar de colectivos, incluidos UGT y Comisiones Obreras.

La entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, llamó a la movilización de los demócratas: «Todos y todas debemos implicarnos al máximo en combatir a la derecha, que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político. La mayoría de progreso que hay en esta comunidad autónoma ha de estar movilizada contra la extrema derecha», escribió en una carta a su militancia.

Fueron días de ruido y furia que no está de más recordar precisamente esta semana en que Pedro Sánchez ha acusado al PP y a Vox de dedicarse en exclusiva a la «crispación», el «ruido» y los «insultos» porque no terminan de asumir su condición de oposición.

Las preocupaciones de los andaluces

Tres años y medio después de aquella primera «alerta antifascista», el CIS preguntó a los andaluces el pasado jueves en su barómetro preelectoral cuál creen que es el principal problema de la Comunidad. El 47,3 % respondió que el paro. A mucha distancia, el 7,2 % consideró que la sanidad. En tercer lugar figura la crisis económica, el mayor de los males de Andalucía para el 5,7 % de los encuestados.

Hay que bajar hasta la posición número 24 para encontrar la respuesta de los extremismos, con un testimonial 0,5 %. Y lo que es más. Ni siquiera está entre las principales preocupaciones de quienes se declaran votantes de Unidas Podemos. Salvo para un raquítico 2,3 %.

La izquierda se pregunta por qué su electorado no encuentra motivos para ir a votar el 19 de junio cuando, en realidad, el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía (la marca de Podemos, IU y Más País) tienen la respuesta delante. Mientras sus líderes se obcecan en agitar el espantajo de la extrema derecha, coreando «ni un paso atrás» como el estribillo de una canción, la ciudadanía está pensando en empleo y en los estragos de la inflación en los sueldos y negocios. Craso error. Otra vez.

En las tripas de ese barómetro hay otro dato que explica cómo es posible que el centro derecha domine ahora con tanta superioridad una comunidad que los socialistas gobernaron durante 37 años y en la que tejieron una red clientelar casi inexpugnable. El 76,3 % de los encuestados aprueba la gestión de Moreno. Entre quienes votaron en diciembre de 2018 al PSOE, el porcentaje es también altísimo: el 64,2 % bendice el trabajo realizado por el presidente y candidato del PP. Quien, de hecho, se ha lanzado sin disimulo a por los tradicionales votantes socialistas, consciente de que ahí está la llave que abre la puerta de la «mayoría suficiente» que pregona.

De la alerta antifascista no se come, ni paga las facturas

No hay más secreto que ése en el vuelco protagonizado por Andalucía en los últimos tres años y medio. De la ideología y la alerta antifascista no se come. Ni sirve para pagar las facturas. Para la izquierda andaluza probablemente ya es tarde, a juzgar por lo que pronostican todas las encuestas, pero el sanedrín de Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que el único eje sobre el que girará el próximo ciclo electoral es la economía. Mal que le pese, porque el Gobierno da por hecho que la guerra de Putin durará mucho más y, con ella, la crisis.

De ahí que, en su discurso del pasado miércoles ante diputados y senadores, el presidente reivindicara los datos de empleo, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional, la de las pensiones, los 20 céntimos por litro de carburante y los fondos europeos (de cuya ejecución duda la oposición). Un día después de que el último dato de la inflación hubiera dejado al Ejecutivo helado: el 8,7 % en mayo. Del tope del gas, que la Comisión Europea no termina de aprobar, no habló Sánchez.

Por el contrario, el proyecto de ley de Memoria Democrática lleva casi diez meses acumulando polvo en la Comisión Constitucional del Congreso, atascado. La ley del Solo sí es sí acaba de ser aprobada en el Congreso (falta el Senado), pero el PSOE y Unidas Podemos han estado tanto tiempo exprimiéndola (desde el inicio de la legislatura). El proyecto de ley de Vivienda, que abre la puerta a limitar el precio de los alquileres, no tiene visos de ser aprobada.

El presidente ha cambiado su orden de prioridades. A la fuerza ahorcan.