Gonzalo Boye, el abogado procesado que 'blanquea' a Puigdemont

El abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, 1965), activista de origen chileno que se licenció en Derecho mientras cumplía condena en prisión, se pasea ante la prensa patria e internacional como un apasionado defensor de la legalidad, el Estado de Derecho y las libertades de los expresidentes Quim Torra y Carles Puigdemont. Sin embargo, el letrado del prófugo Puigdemont tiene sus propias causas judiciales pendientes en nuestro país. Boye está procesado en la Audiencia Nacional (AN) por blanqueo de capitales en una pieza separada de la causa abierta contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, que en los próximos meses le llevará a comparecer ante el órgano judicial.

El pasado mes de junio, la Sala de lo Penal de la AN ratificó la tesis de la juez de instrucción María Tardón –tras rechazar el recurso del abogado contra el auto de la magistrada– que vinculaba a Boye con sendas operaciones de la organización criminal de Miñanco para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y la creación de un entramado paralelo para blanquear el dinero obtenido.

El papel del polémico letrado –en la trama que implicó a cuarenta y cinco personas físicas y otras cinco jurídicas– habría consistido, presuntamente, en la falsificación de documentos oficiales y en la confección de contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar los más de ochocientos mil euros incautados por la Policía Nacional del aeropuerto de Barajas a uno de los miembros de la organización.

Los agentes se percataron del doble fondo existente en una de las maletas en las que el ‘empresario’ Manuel González Rubio trataba de sacar 889.620 euros con destino a Colombia, en febrero de 2017. Según el auto de la juez, tras la aprehensión del dinero, tanto Boye como los otros dos abogados vinculados a la causa, Jesús Morán y Alejandro Guerra, intentaron simular una operación ficticia «con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia».

En su resolución, la magistrada Tardón también recordó cómo por los mismos hechos, en octubre de 2017, la Secretaría General del Tesoro sancionó a González Rubio y al resto de los implicados por una infracción grave recogida en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales.

Condenado por detención ilegal 

Boye es un viejo conocido de la Audiencia Nacional. El mismo órgano judicial que el 7 de febrero de 2020 decretó el embargo de todos sus bienes para indemnizar al empresario Emiliano Revilla en cuyo secuestro, materializado durante doscientos cuarenta y nueve días en un zulo por la banda terrorista ETA , participó en 1988.

Durante el juicio celebrado se consideró probada la participación del grupo chileno al que entonces pertenecía Boye –Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)– en la parte «logística» de los seguimientos. El propio Boye participó «activamente» en las labores de vigilancia del industrial.

Por estos hechos, el ahora abogado de Puigdemont fue condenado, en 1996, como autor de un delito de detención ilegal y sentenciado a una pena de catorce años y ocho meses de cárcel –entre 1996 y diciembre de 2002– de los que cumplió seis en prisión. Además, junto con el resto de los acusados, Boye debía hacer frente a una responsabilidad civil solidaria de más de 1,2 millones de euros.

De nada sirvió la declaración de intenciones formulada por Boye un año antes de obtener la libertad condicional comprometiéndose a pagar la deuda de manera fraccionada, a razón de 30 euros mensuales. Ni rastro del dinero que le fue reclamado de nuevo por la Justicia española tras decretar la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que la obligación del pago de la cuantía no ha prescrito.

Sin embargo y pese a los esfuerzos de la Justicia española, hasta la fecha, Boye ha burlado la reclamación que pesa sobre él. Tal es así que, el pasado mes de febrero, tan sólo unas semanas después de conocerse que la Audiencia Nacional había reactivado la investigación sobre sus bienes, el abogado renunciaba a su cargo como administrador solidario del bufete familiar que fundó, en 2012, junto a su pareja Isabel Elbal. Desde entonces, la única propietaria de Boye-Elbal & Asociados S.L.P., la mercantil constituida por ambos.