El Pollo entrega contratos de casi 9 millones entre PDVSA y el exjuez Garzón

El Pollo ha cumplido con su advertencia. El exjefe militar de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, detenido el 9 de septiembre en Madrid y reclamado en EE.UU. por varios delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, ha entregado este jueves, en el Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional, los documentos acreditativos de los contratos que supuestamente comprometerían al exjuez español Baltasar Garzón con el cobro irregular de casi 9 millones de euros procedentes del régimen chavista, a través de PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela. 

«Hay un exjuez al que sin hacer ningún tipo de trabajos para PDVSA, sin prestar ningún tipo de servicio, le pagaron 10 millones de euros. A (Baltasar) Garzón. Por nada. Por corrupción», denunció El Pollo en el transcurso de su declaración voluntaria del pasado día 20 ante el magistrado Manuel García-Castellón, según ha podido saber El Debate por fuentes de su entorno. El Pollo aseguró estar en disposición de aportar contenido documental útil para respaldar sus afirmaciones y este jueves ha hecho efectivo su compromiso con el juez instructor.

En el dossier ya consignado en sede judicial, Carvajal ha incluido varios documentos que demostrarían la vinculación, presuntamente irregular, de Ilocad, S.L. –la mercantil que da nombre al bufete de Baltasar Garzón y de la que el exjuez es administrador único– con el chavismo. La cifra total de las colaboraciones ascendería a 8.835.000 euros. 

El Pollo declaró cómo el exjuez Baltasar Garzón habría recibido, presuntamente, hasta 10 millones de euros de PDVSA sin prestar ningún servicio a cambio

Siempre según el testimonio de El Pollo Carvajal, la red clientelar tejida por el régimen chavista a través de PDVSA habría beneficiado a varios españoles, más allá de la directiva de Podemos, y a muchos venezolanos hoy afincados en España y Europa que, presuntamente, amasaron ingentes fortunas a partir de actividades ilegales. La trama se articulaba a partir de órdenes de compra de bienes y servicios, infladas con sobrecostes –muy por encima del precio de mercado– y que, además, no correspondían a ninguna prestación de servicios real. Los pagos, según la versión del exmilitar, siempre se hacían en efectivo.

Un perverso mecanismo diseñado por el régimen chavista para consumar la financiación de actividades ilícitas de todo tipo –incluyendo el apoyo a todo tipo de organizaciones, grupos terroristas, partidos políticos y candidatos afines o incluso empresas interpuestas y personas físicas– que seguiría vigente hoy en día. 

La embajada de Venezuela en España también habría servido de «tapadera» para el pago de estas comisiones. El Pollo ha explicado, durante su declaración, cómo la sede diplomática venezolana organizó varias exposiciones en nuestro país –auspiciadas por el Banco de Comercio Exterior de Venezuela (Bancoex), cuyo presidente era Ramón Gordils– que habrían servido para que varias empresas, algunas de ellas propuestas por Podemos, facturasen diferentes servicios de publicidad, que en realidad no prestaban, para obtener comisiones de los sobreprecios.

La trama PDVSA

Según fuentes de su entorno, Carvajal apuntó al juez García-Castellón otros datos sensibles que podrían ser útiles para la investigación penal de la causa contra PDVSA que actualmente instruye la titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón. Entre ellos, aseguró estar en disposición de probar cómo el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, cayó en la trama de contratos irregulares de PDVSA, obteniendo hasta 30 millones de dólares por dicho método. 

Con este nuevo giro de los acontecimientos la extradición de El Pollo Carvajal se entrelaza con la causa judicial sobre PDVSA que lidera la juez Tardón y sus acusaciones cobran mayor relevancia. Si, finalmente, los contratos de PDVSA –entre ellos los obtenidos por Ilocad del régimen venezolano o de empresarios afines al chavismo– resultan definitivos, el juez García-Castellón tendrá que dar traslado de los mismos a su colega del número 3. 

El bufete de Baltasar Garzón intervino en la defensa de El Pollo Carvajal para evitar su extradición a EE.UU. por narcotráfico

Cabe recordar que el bufete de Baltasar Garzón intervino, hasta 2019, en la defensa de Carvajal para evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, tal y como confirmó el entorno del propio exgeneral chavista. El empresario venezolano Wilmer Ruperti contrató los servicios profesionales del exjuez y de su bufete, que ascendieron a una minuta de 1,85 millones de euros,  para que confeccionase un informe, que nunca le entregó, donde debía cuestionar las garantías de la Justicia estadounidense para así evitar la extradición de su patrocinado, El Pollo, a Estados Unidos donde está acusado de narcotráfico.

En la actualidad, la petrolera venezolana PDVSA está representada en España, en la causa que instruye la juez María Tardón, por una letrada del bufete profesional del exjuez Garzón.

El exembajador, Raúl Morodo 

El exembajador de España en Venezuela, entre los años 2004 y 2007, Raúl Morodo, se encuentra actualmente investigado en la causa que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional sobre el presunto blanqueo de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En este procedimiento la juez rastrea el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo, el hijo de Morodo, cuando éste ya no estaba al frente de la entidad diplomática, a través de supuestos contratos simulados de asesoría legal suscritos con la petrolera nacional de Venezuela, entre 2012 y 2015.

El dinero procedente de los pagos de PDVSA se blanqueó, presuntamente, a través de un entramado de sociedades interconectadas entre sí y creadas por la mujer del ex embajador, Cristina Ceñaque, el hijo de ambos y otros dos socios de origen venezolano.