El Proyecto de Ley de Memoria Democrática y sus consecuencias

El Consejo de Ministros aprobó en julio el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto que consta de 65 artículos, agrupados en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El objetivo que se plantea es la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Únicamente durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 y promover su reparación moral y recuperar su memoria de las víctimas e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Dictadura franquista.

El ejecutivo de Pedro Sánchez pretende con la aprobación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática gestionar la versión interpretativa del principal hecho histórico de nuestra historia contemporánea y el que más trascendencia internacional tiene. La Guerra Civil y el franquismo. Nuestra Guerra Civil, como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una fuerte repercusión internacional que ayudó a crear dos grandes mitos: el «No Pasarán» del Madrid republicano; y la defensa numantina del Alcázar de Toledo. Después, con la paz, la España destruida pasó por diferentes momentos durante el largo periodo del general Franco, que le llevó, reconstruida y con un nivel de vida similar al de la Europa occidental, a integrarse en la comunidad internacional de las democracias tras su fallecimiento en 1975. La Transición fue un proceso estudiado a nivel internacional como modélico por cómo evolucionó un modelo autoritario hacia una democracia y por el protagonismo de una élite de personas hijas del franquismo, entre los que se incluía a la propia clase dirigente de la izquierda parlamentaria.

En el momento actual, se ha procedido por parte del actual ejecutivo a iniciar un nuevo periodo de interpretación histórica, ensalzando de forma idealizada la II República como breve periodo democrático mientras que, por el contrario, el franquismo es valorado como un fenómeno similar al nazismo germano, que debe ser eliminado de la historia y usado a nivel pedagógico como elemento que encarna el mal, para recrear la base moral de una verdadera democracia española no deudora del militar ferrolano. Un planteamiento de este tipo supone la creación de una ya existente comisión de la verdad, cuyo nombre ya nos recuerda al Ministerio de la Verdad, la institución ficticia ideada por George Orwell para su novela 1984. Como aquel, tiene la misión de proteger la versión oficial de aquellos periodos históricos. La comisión de la verdad debe velar por la única versión permitida, rebajando al brazo de la justicia a aquellos profesionales que, en uso de sus investigaciones, defiendan conclusiones diferentes a las aprobadas por el ejecutivo. Multas, condenas a prisión y apartamiento de la labor docentes serán parte del armamento que los sicarios de la nueva interpretación oficial utilicen para acallar la labor investigadora que no se amolde a la «versión oficial». Este modelo de control y gestión de la verdad se asemeja y recuerda a los momentos vividos por la poeta Anna Ajmátova en la gélida sociedad soviética.

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática no deja de ser un organismo coercitivo contra la sociedad y sus profesionales de la historia. Este proyecto provoca tres grandes consecuencias. La primera, la pervivencia de una única versión histórica, que responde al discurso político de uno de los protagonistas de aquel pasado –el socialismo español– que defendía un proyecto revolucionario similar al que se había dado en Rusia unos años antes y que demostró su proceder con el exterminio del contrincante durante la dura Guerra Civil. La segunda, el control y purga de un gremio de profesionales que se verán vedados en su libertad de investigar, expresión y cátedra, por la amenaza de excluirlos del mundo docente a perpetuidad. La tercera, la eliminación del sentido crítico a una sociedad plural y madura, como es la española, reflejo de su vida democrática en sus últimas cuatro décadas, que se verá cercenado de golpe por el miedo a los veredictos de una comisión totalitaria de la verdad, imbuida de un espíritu represivo. Un proyecto que se iguala a los que fueron aprobados e instaurados bajo las fuerzas de ocupación soviéticas en la mitad de Europa, y que cuya aparición va en contra del espíritu de la Declaración de Praga sobre la conciencia europea y el comunismo, que se firmó el 3 de junio de 2008, y que fue una declaración iniciada por el gobierno checo y firmada por destacados políticos europeos, ex presos políticos e historiadores, donde se pidió «la condena y educación en toda Europa sobre los crímenes del comunismo». El Parlamento Europeo hizo del 23 de agosto el día del Recuerdo de las víctimas del comunismo y del nazismo. El Proyecto de Ley de Memoria Democrática no deja en enmarcarse como el último intento de mantener una defensa idealizada de uno de los últimos y más crueles movimientos totalitarios como fue el comunismo y el socialismo revolucionario en todo tipo de variantes.

En definitiva, la libertad de investigar o de enseñar se asemeja al leve polvillo que las frágiles mariposas tienen en sus alas y que les permite volar con seguridad. Pero cuando lo pierden al tocar sus alas, caen pesadamente a tierra, perdiendo el encanto de su vuelo.