El debate por la descentralización de sedes agudiza el enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez

El jefe del Ejecutivo insistió ayer en «ubicar las instituciones del Estado en todo el país y no sólo en la capital» en la clausura del Foro La Toja 2021. Una llaga sangrante entre el Gobierno central y el de la capital desde que el pasado lunes Sánchez ya planteara la cuestión con objeto de afrontar el reto demográfico. Esta declaración de intenciones no fue bien recibida por Ayuso, quien lo consideró «un nuevo ataque frontal y directo contra Madrid». ¿Es posible la descentralización de las instituciones? ¿Podría impedirlo la Comunidad de Madrid?

El viejo debate sobre cómo distribuir el peso de la estructura del Estado vuelve a la palestra de la mano del Gobierno socialista. Si bien el principio de descentralización rige nuestra Carta Magna, pocos o ninguno han sido los políticos que han destacado cómo dicha descentralización ha de perseguir la finalidad de una actuación administrativa eficaz, como se puede observar en los debates de los borradores de nuestra Constitución. 

Los presidentes autonómicos, como así sucedió durante la celebración del citado foro en Galicia, más bien han concentrado sus esfuerzos en solicitar al Gobierno central que saque de Madrid a las instituciones principales y de paso, los grandes focos económicos. «Sólo la T4 de Barajas -en referencia al aeropuerto Madrid- supone una cuarta parte de su riqueza», espetó García Page en la ponencia celebrada en la localidad pontevedresa.

Una reivindicación con Historia

Ya cuando Sánchez era presidente en funciones, planteó la idea de descentralizar las instituciones gubernamentales con el objeto de frenar la despoblación. En su documento ‘España 2050’ buscaba «equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio, sin que ello suponga la generación de duplicidades». Dos años más tarde, y a las puertas de las campañas de los partidos, Sánchez reabre el debate, y Ayuso, desde tierras neoyorkinas responde: «Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para impedirlo». La Villa no está dispuesta a retroceder en derechos ni privilegios.

¿Qué órganos se pretende sacar de Madrid?

Entre estos órganos se podría encontrar la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Observatorio Geográfico Nacional o incluso la Oficina de Patentes y Marcas. Académicos administrativistas confirman a este periódico que una descentralización de instituciones de tal envergadura resulta innecesaria pues conllevaría «una generación de instancias administrativas» y consecuentemente, «duplicidades de servicios e incremento del gasto público». Por tanto, ¿se enriquecería un territorio a costa de endeudar más al Estado?

El parecer autonómico

Durante el Foro La Toja 2021 celebrado esta semana en la isla gallega, los presidentes autonómicos trajeron al meollo esta cuestión cuando conversaban sobre la financiación autonómica. Ximo Puig, siguiendo su idea del «efecto de la capitalidad», reiteró la «excesiva actualización de instituciones en Madrid», una circunstancia que en opinión del líder valenciano «sería bueno hacer partícipe a las comunidades autónomas». Por su parte, Feijóo prefirió centrar el debate en este encuentro en la cuestión fiscal pero ya en mayo afirmaba que «en España hay mucho más territorio que puede ser gestionado desde las competencias descentralizadas».

Un paso más allá dio el pasado lunes el siempre polémico Miguel Ángel Revilla, quien tildó de «disparate poblacional» lo que se da en España. El presidente cántabro sentenció: «A pesar de que somos un Estado de autonomías, hay un centralismo mayor que nunca en las grandes ciudades».

En España hay mucho más territorio que puede ser gestionado desde las competencias descentralizadasAlberto Núñez Feijóo

Un debate sano el de la descentralización que la izquierda oportunamente recuerda en campaña y cuyo anzuelo muerden los gobiernos autonómicos. Como si el traslado del Senado a Barcelona planteado en tiempos de Pasqual Maragall pudiera llegar a materializarse en un Estado económicamente configurado desde hace más de 40 años en torno a los grandes núcleos poblacionales. Poco o nada se liga la descentralización a las cuestiones de la financiación autonómica o de la política fiscal, cartas con las que el Gobierno tanto podría incrementar las arcas públicas de los entes territoriales. Las competencias seguirán descentralizándose, pero las regiones ricas tienen y tendrán siempre nombre y apellido.