La presión del Gobierno sobre el CGPJ asfixia al Supremo en las causas de trascendencia política

La reforma legal aprobada por PSOE y Podemos por vía de urgencia, con el apoyo parlamentario de sus socios separatistas y Bildu, para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos en la cúpula judicial cuando su mandato está prorrogado, como sucede desde diciembre de 2018, sigue haciendo estragos. Las injerencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Poder Judicial han condenado al Supremo a resolver los recursos contra el Gobierno con una importante merma de magistrados en el Alto Tribunal. Un total de doce vacantes tras la jubilación forzosa de Cándido Conde-Pumpido, que ascenderán a catorce a comienzos de 2022 y que, con la nueva ley en la mano, no podrán ser cubiertas hasta que no se constituya un nuevo Consejo.

La más afectada por la situación de bloqueo del CGPJ es la Sala Tercera, la única competente para decidir, entre otras causas, si las medidas ministeriales durante los estados de alarma, los indultos concedidos a los líderes políticos condenados por sedición y malversación en el juicio del procés y el polémico nombramiento de la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado fueron legales o no.

El fallecimiento de los magistrados Ángel Aguallo y Nicolás Maurandi, la jubilación de Jorge Rodríguez Zapata y las salidas de Javier Borrego y Jesús Cudero, con sendas excedencias para dedicarse a la abogacía, han situado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una posición «delicada» aunque «no crítica», según han apuntado a El Debate fuentes judiciales.

No en vano, el Pleno ha pasado de 32 a 26 magistrados y las inminentes bajas por jubilación de Segundo Menéndez y Rafael Fernández Valverde, en el primer trimestre del próximo año, reducirán la cifra hasta los 24. En el caso concreto de este último, su doble condición de magistrado y vocal de la Comisión de Asuntos Económicos del CGPJ –elegido en 2013 a propuesta del Partido Popular por el Congreso de los Diputados– provocará un vacío simultáneo en ambas instituciones. Sin embargo, mientras el Tribunal Supremo perderá con su salida un efectivo más, el Consejo reemplazará la vacante con un suplente ya previsto, el primero de la lista votada por la Cámara Baja y procedente del turno judicial, el magistrado riojano José Carlos Orga Larrés.

Preocupación en el Supremo 

La propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, por unanimidad de sus miembros electos, acordó el pasado 27 de septiembre, dirigirse formalmente al Consejo General del Poder Judicial para poner de manifiesto su preocupación «por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose», que para el funcionamiento del Tribunal implica la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y «la consiguiente imposibilidad de cubrir tanto las vacantes existentes» como las que se irán generando en los próximos meses. 

La comunicación del Alto Tribunal señaló cómo algunas de las Salas afectadas por la situación de parálisis «se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente». Además, añadía cómo «la Sala de Gobierno no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones y ha de alertar sobre ellas».

Al hilo de todo lo expuesto, la Sala de Gobierno ha encargado un informe al Gabinete Técnico del Alto Tribunal «que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este Tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial».

Un insólito vacío legal

El Supremo sufre los daños colaterales de la parálisis impuesta por el Gobierno al máximo órgano de representación de los jueces. «Durante los últimos seis meses, aunque el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad, lo cierto es que no ha podido cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida, como es la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo, lo cual coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este Alto Tribunal», advertía el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado 6 de septiembre, en el acto solemne de apertura del año judicial.

Los propios miembros del CGPJ alertaron, en el mismo sentido y a través de un acuerdo del Pleno extraordinario celebrado a finales del pasado mes de marzo, sobre cómo la invasión por parte del Ejecutivo «de una de las competencias que la Constitución» les reserva supondría una alteración grave de la Justicia ordinaria, especialmente en lo que afecta al Tribunal Supremo ya que las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores tienen otros mecanismos alternativos previstos para cubrir esas plazas.

Desde el entorno del Consejo califican la situación de «insólita» para el futuro del Alto Tribunal, pero descartan «por el momento» buscar alternativas –como el rescate de magistrados eméritos, una fórmula que sí se ha utilizado en el pasado– para resolver lo que, a su juicio, es un problema «de falta de voluntad política».

En manos de la Comisión Permanente

Sin embargo, si la situación se prolonga en el tiempo el Consejo actuará para sortear, en la práctica, el bloqueo impuesto por el Gobierno. Fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces han apuntado a El Debate las medidas previstas para cubrir de forma provisional las plazas vacantes en el Alto Tribunal.

La tesis que cobra más fuerza es que los magistrados adscritos a la Sala de Admisión de lo Contencioso sean reintegrados al resto de Secciones para evitar la sobrecarga de los titulares y el retraso en la resolución de las causas pendientes.

El nombramiento de jueces en comisión de servicio procedentes de otros órganos judiciales, como la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sería otra de las opciones probables que entraría dentro del marco legal vigente, sorteando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) consumada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para ello, dado el «vacío legal» en la materia, sería suficiente con que se reuniese la Comisión Permanente. Mientras «el Pleno tiene sus competencias tasadas por ley» y, por lo tanto, no puede excederse de ellas, «lo que no está previsto es competencia de la Comisión Permanente», han apuntado a El Debate fuentes próximas al órgano constitucional. Las mismas fuentes descartan que el Consejo recurra a jueces eméritos como vía de solución al cada vez más grave problema.