La Audiencia Nacional embarga los 5,7 millones de una fundación ligada al caso Morodo

El juez de la Audiencia Alejandro Abascal encargado del denominado caso Morodo ha emitido un auto en el que acuerda bloquear y embargar los fondos pertenecientes a la Fundación Ayacucho, una entidad de la que se habrían valido el exembajador español en Caracas, Raúl Morodo, y su hijo para recibir fondos millonarios desde la petrolera venezolana PDVSA.

Tal y como ha podido saber El Debate, y tras el informe favorable de la Fiscalía, el magistrado Abascal ha acordado «proceder al inmediato bloqueo y embargo preventivo» de los 5,7 millones de dólares que se encontraban en un banco suizo llamado Banca Zarattini.

El comienzo de la actuación que ha dado como resultado el embargo arranca en el año 2019 cuando el juez Santiago Pedraz –primer instructor del caso- envió una comisión rogatoria a través de la cual pedía a la Justicia suiza información sobre las cuentas bancarias relacionadas con dicha fundación. Aunque la Fiscalía Federal de Berna acordó, en ese mismo momento, bloquear los fondos para que estos no fuesen modificados y en «cumplimiento de auxilio judicial para garantizar las posibles responsabilidades civiles» que pudieran derivarse, se trataba de un bloqueo provisional. 

Transcurridos dos años desde la decisión de la Fiscalía suiza, la Justicia suiza emitió un comunicado dirigido a la española en el que pedían que se solicitase, a través de otra comisión rogatoria, «un bloqueo ordinario del patrimonio». Petición que el juez ha acordado conceder. De la misma manera se ha librado una comunicación urgente dirigida a la fiscalía de Berna para que mantenga «la aprehensión y confiscación de esos saldos».

La fundación afectada forma parte del conjunto de empresas mediante las cuales el exembajador, su hijo Alejo Morodo y el resto de sus socios recibían presuntamente los pagos desde PDVSA. La irregularidad se encuentra, entre otros asuntos investigados, en el cobro de cifras astronómicas por asesoramientos que serían inexistentes.

Ahorcado tras declarar

La documentación aportada por las autoridades helvéticas desveló que detrás de la Fundación Ayacucho se encuentra un exdirectivo de PDVSA que murió ahorcado en extrañas circunstancias, Juan Carlos Márquez Cabrera. El venezolano fue investigado al considerarse el autor de las firmas que aparecían en los contratos que están bajo sospecha.

El antiguo director de la petrolera venezolana se suicidó tras declarar ante la Audiencia Nacional y asegurar que estaba dispuesto a colaborar con la justicia española, a tirar de la manta. Sin embargo, su cuerpo apareció ahorcado en una casa de Madrid. La autopsia reflejó que se había quitado la vida él mismo.

Según el auto al que ha tenido acceso este medio, la fundación se constituyó en Panamá y en ella aparecía como beneficiario Márquez Cabrera. Además, la documentación emitida por las autoridades suizas desveló que los fondos de los que se nutrió la cuenta que ahora permanece embargada, procedían fundamentalmente de sociedades vinculadas a su mujer Ana Korina y al socio del exdirectivo de PDVSA, Carlos Adolfo Prada. Este dinero, siempre según los documentos del informe fiscal, se introducían en el mercado lícito mediante la simulación de contratos de préstamos entre las sociedades de los investigados.

Morodo y PDVSA

Raúl Morodo fue embajador español en Caracas entre los años 2004 y 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La investigación dio comienzo en mayo de 2019 cuando la Policía Nacional llevó a cabo varios registros en las propiedades del exembajador. Su avanzada edad evitó su entrada en prisión. Su hijo Alejo sí fue arrestado y puesto en libertad sin fianza tras declarar ante la Audiencia.

La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional investiga los pagos de más de 4,5 millones de dólares presuntamente recibidos en Venezuela por Morodo y su círculo más cercano entre los años 2011 y 2015 y que provenían de la petrolera PDVSA.

La Fundación Ayacucho se vio implicada en el caso tras la sospecha de ser una de las empresas mediante las cuales Morodo y su hijo habrían recibido los pagos por sus supuestas asesorías fantasma.