Espionaje, extorsiones, tráfico de influencias... Las claves del macrojuicio contra Villarejo

Hoy arranca en la Audiencia Nacional el primer macrojuicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La Fiscalía reclama 109 años y 10 meses de prisión por presuntos delitos de cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, extorsión, revelación de secretos y falsedad documental. Se juzgan tres piezas separadas: «Land», «Iron» y «Pintor». Estas son las claves: 

«Iron»

Esta pieza se centró en investigar el espionaje a un despacho de abogados. En junio de 2013, Cenyt, la empresa de Villarejo,  fue contratada por el despacho de abogados Herrero y Asociados para, presuntamente, espiar a otro fundado por exsocios y extrabajadores suyos. El despacho rival se llamaba Balder IP LAW. Según la Fiscalía Anticorrupción, el encargo consistía en que Villarejo obtuviera «datos reservados y sensibles» del nuevo bufete para presentar una denuncia que le causara un daño reputacional.

La Fiscalía dice que Herrero y Asociados pagó 302.500 euros entre agosto y noviembre de 2013 de «forma opaca». Se trataba de obtener informaciones y datos de carácter reservado, como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social. Con los datos, se presentaría una denuncia de Herrero&Asociados contra Balder IP por presunta sustracción de información ante la Brigada de Seguridad Informática de la Comisaría General de Policía Judicial. Aquí Villarejo «tendría capacidad de influencia para que actuaran conforme a sus intereses con la finalidad de que los denunciados fueran detenidos» y  «destruir su reputación como despacho». .

En esta causa con 14 acusados se formula la acusación más dura contra Villarejo: 57 años de prisión. En esta pieza se acusa asimismo a otras 13 personas, entre ellas su esposa, Gema Alcalá, para la que piden 50 años de cárcel, y el comisario Enrique García Castaño -exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía-, que se enfrenta a 52 años de prisión.

«Pintor»

En esta pieza están acusados Villarejo y los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara. Se les imputa haber puesto en marcha, junto a dos abogados, un supuesto plan de extorsión contra un excolaborador de los Muñoz, Mateo Martín Navarro -alias Pintor-, y el letrado de éste, el exjuez Francisco Javier De Urquía.

Los hermanos Muñoz Tamara querían, según la investigación, que Villarejo frenase un procedimiento contra ellos por fraude fiscal abierto en los juzgados de Sevilla desde 2007. Los Muñoz Támara habían sido acusados de cinco delitos fiscales por urdir un sistema de facturas «espurias» para defraudar en el Impuesto de Sociedades e IVA.

«Land»

En este caso los investigados son, junto al comisario y su mujer, los administradores de Procisa, la constructora que fundó el fallecido Luis García Cereceda, conocido por ser el impulsor de la urbanización de lujo en Madrid «La Finca». En concreto, la investigación apunta a que Susana García Cereceda, su socio y su jefe de Seguridad contrataron a Villarejo en la pugna por la herencia. El proyecto arrancó en 2013, se desarrolló durante tres fases y le reportó 340.252 euros.

Entre sus «tareas», vigilar a Jaime Ostos Alcalá, marido de otra  heredera de Procisa, Yolanda García Cereceda. Se trataba de «conocer sus «debilidades» para después «generar desconcierto con maniobras de intoxicación informativa». 

No fue el único sometido a espionaje. El conocido como «arquitecto de los famosos», Joaquín Torres, amigo íntimo de Luis García Cereceda, figura en la causa como perjudicado, igual que la viuda del empresario, Silvia Gómez Cuétara, también víctima de escuchas y seguimientos.