La Administración podrá ocupar terrenos privados para excavar fosas con solo indicios y sin límite

La ley de Memoria Democrática facultará a las administraciones para autorizar la ocupación temporal de terrenos de propiedad privada en los que haya indicios –que no evidencias– de que pudieran existir restos humanos. Aunque el propietario se niegue. Y sin especificar límite de tiempo.

Es otro de los artículos polémicos del proyecto de ley que este jueves se somete a su primer gran examen en el Congreso: el debate y votación de las enmiendas a la totalidad de su articulado presentadas por el PP, Vox y ERC. Ninguna de ellas tiene visos de prosperar.

Por las buenas o por las malas

El artículo 20 estipula que, una vez que un familiar, entidad memorialística o administración pública haya obtenido la correspondiente autorización para excavar y exhumar en un terreno de titularidad privada, lo primero será «solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados». Pero si no lo obtiene por las buenas será por las malas, invocando la Ley de Expropiación Forzosa. Los propietarios recibirán la «correspondiente indemnización a cargo de los ocupantes», pero el proyecto de ley no detalla cuantías, tramos ni nada que se le parezca.

Para obtener el permiso para excavar no harán falta, siquiera, pruebas documentales de que efectivamente ahí hay una fosa común. Bastará con una «relación de indicios», que no certezas. Dado que exhumar a las víctimas del franquismo tiene «un fin de utilidad pública e interés social», según el texto aprobado en julio por el Consejo de Ministros.

Distinciones, condecoraciones y títulos

La Ley de Memoria Democrática aplicará un rodillo implacable sobre distinciones, condecoraciones y títulos que tengan que ver con el régimen. Así, el Gobierno elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 y suprimirá los que «representen la exaltación de la Guerra y Dictadura», según el artículo 41. De momento la primera en caer será la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

Las administraciones públicas también estarán facultadas para «revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones» que «resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista». También las condecoraciones.

Entre las medidas para la reparación de las víctimas, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática hará una «auditoría de los bienes expoliados» y después implementará «vías de reconocimiento a los afectados», pero que no serán indemnizaciones económicas. 

En el caso de los bienes incautados a las fuerzas políticas durante la Dictadura cuando lo fueron en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos, la disposición adicional novena sí contempla su restitución.

Tras el trámite de este jueves, el proyecto de ley que inició Carmen Calvo y remató Félix Bolaños –que será quien defienda en la tribuna su texto– continuará su recorrido. Pero el debate servirá para poner de manifiesto las costuras de la ley. El PP y Vox la consideran revisionista y revanchista, pero es que a los socios del Gobierno tampoco les convence: la creen insuficiente, especialmente Esquerra.